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title: "Presentaron un proyecto de ley que impone hasta ocho años de prisión por vandalismo rural"
article_type: "Article"
description: "En medio de los reiterados reclamos del sector agropecuario por hechos de vandalismo rural, roturas de silobolsas, intrusiones en campos y daños sobre infraestructura productiva, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca endurecer las penas para distintos delitos cometidos en el ámbito rural."
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date_published: "2026-05-19T08:10:00-03:00"
date_modified: "2026-05-19T08:19:52-03:00"
author_name: "Daniel Espinoza"
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category_name: "Nacional"
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# Presentaron un proyecto de ley que impone hasta ocho años de prisión por vandalismo rural

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain junto a otros legisladores de Pro, propone modificaciones al Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión hechos como daños sobre cultivos, instalaciones rurales e infraestructura tecnológica utilizada en la producción agropecuaria. Ardohain es presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara baja.

El proyecto también introduce cambios sobre la figura de *“instigación pública”* para agravar las penas cuando la convocatoria a cometer delitos se realice mediante redes sociales o plataformas digitales. La propuesta lleva, además, las firmas de diputados como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, entre otros.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. Allí se establece que será reprimido *“con prisión de un (1) mes a un (1) año”* quien ingrese a un establecimiento rural *“contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.*

![silobolsas-rotos-vedia-2](/download/multimedia.normal.b9826aba5ec81914.73696c6f626f6c7361732d726f746f732d76656469612d325f6e6f726d616c2e6a706567.jpeg)

Además, el texto aclara que *“se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”*.

El proyecto incorpora excepciones y señala que no se configurará delito cuando el ingreso responda a *“una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”*.

En los fundamentos, Ardohain sostuvo que *“el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión”*. También afirmó que *“la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretende juzgar con herramientas del siglo pasado”*.

Según argumentó, la propuesta busca *“adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna a una problemática que impacta directo en el tejido social y económico del país”*.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación del artículo 184 bis, que endurece las penas para quienes provoquen daños sobre bienes vinculados a la producción agropecuaria. La iniciativa establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan o dañen cereales, oleaginosas, silobolsas, cultivos, ganado, instalaciones rurales o productos durante su transporte.

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*silobolsa - Imagen de archivo web - Ilustrativa.*

Además, la pena mínima se eleva al doble si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria.

La propuesta incluye además daños sobre *“paneles solares, bombas sumergibles, generadores o sistemas de riego”, además de “alambrados, tranqueras, silos, corrales o reservas hídricas”*. En ese punto, el texto remarca que actualmente muchos de estos hechos terminan siendo considerados por la Justicia como *“daño simple”*.

Frente a eso, sostiene que *“la destrucción de un silobolsa o el daño a los cultivos no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo de inversión y a la capacidad exportadora del país”*.

En los fundamentos también se hace referencia a las intrusiones en campos y a la caza furtiva. Ardohain planteó que *“las intrusiones clandestinas en los campos rara vez constituyen hechos azarosos o inocentes”* y consideró que muchas veces funcionan como *“una tarea de inteligencia delictiva previa, orientada a relevar vulnerabilidades”*.

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Además, sostuvo que el nuevo artículo busca resolver*“un conflicto cotidiano y severo en el sector: el ingreso inconsulto de personas armadas para realizar prácticas de caza clandestina o furtiva”.*

Según señaló, estas situaciones*“destruyen alambrados, alteran y estresan al ganado en producción y representan un riesgo gravísimo para la seguridad física de quienes habitan el predio”*.

La propuesta también modifica el artículo 209 del Código Penal sobre instigación pública. Allí se propone elevar las penas cuando la convocatoria a cometer delitos se realice *“a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales”*.

Sobre este punto, el proyecto argumenta que las plataformas digitales permiten *“la difusión instantánea de coordenadas geográficas exactas por GPS, mapas o datos satelitales”,* lo que podría facilitar “ataques materiales simultáneos, masivos y sistemáticos contra diversos establecimientos agropecuarios”.

Hacia el cierre de los fundamentos, Ardohain afirmó que la reforma *“no busca crear privilegios sectoriales, sino restablecer el imperio de la ley, la certeza jurídica y la protección de la libertad y el trabajo en el ámbito rural argentino”*.

Fuente: Sociedad Rural de Rosario.

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