
El miércoles se acreditará el monto de la Tarjeta Social en Córdoba
Cobrarán beneficiarios de Capital, interior provincial y personas mayores. El monto es de 35.000 pesos. Hay tiempo hasta el 30 de mayo para agotar el saldo.
El gobernador agradeció la intervención del máximo órgano de Justicia del país. Las acreencias de la provincia ante la Nación por la Caja de Jubilaciones superan el billón de pesos. Además, adelantó que habrá una próxima reunión en 15 días para analizar propuestas concretas ante el reclamo de Córdoba.
Provincial23/04/2025El gobernador Martín Llaryora asistió hoy a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo que la Provincia mantiene ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones.
Llaryora hizo un enfático pedido de justicia y solicitó al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que facilite las condiciones para alcanzar un acuerdo o disponga un fallo para que los cordobeses reciban los fondos que corresponden por ley a la Provincia.
“Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, expresó.
En ese sentido, el Gobernador recordó que la deuda de la Nación con la caja de jubilaciones supera el billón de pesos.
Asimismo, destacó la posición de la Corte Suprema y la valentía de citar a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad.
“A la República le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. Y lo que estamos viendo acá es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses”, subrayó.
Agregó que la deuda con la Caja supera un billón de pesos, lo que equivale “a casi un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura”.
Fruto de esta audiencia, se acordó volver a reunir a las partes dentro de 15 días para analizar propuestas concretas ante el reclamo de Córdoba.
El mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el Ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y su par de Justicia y Trabajo, Julián López, fue recibido por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
En su presentación, Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional.
Luego, añadió que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar que deja en claro que esta situación trasciende a los presidentes de distintos partidos políticos, a diferencias ideológicas, y deja expuesta “una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”.
“Pero en este caso, es más grave aún, porque además de reclamar por las dos demandas realizadas por el ex gobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, expresó.
“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con la provincia de Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, agregó.
Llaryora consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.
En su argumento, el gobernador consideró que con esta decisión “hay un claro acto de violación del principio federal, principalmente del concepto ‘de lealtad federal’ o ‘buena fe federal’, ya que el DNU 280 de Nación se sustrae unilateralmente de compromisos asumidos en acuerdos previos interfederales suscriptos entre Nación y Provincias respecto a regímenes previsionales no transferidos”.
Asimismo, continuó Llaryora, la actual inobservancia del régimen de asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional constituye sin duda “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”.
“En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado Nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”, enfatizó.
Gobierno de Córdoba.
Cobrarán beneficiarios de Capital, interior provincial y personas mayores. El monto es de 35.000 pesos. Hay tiempo hasta el 30 de mayo para agotar el saldo.
El Ministerio de Educación provincial pide a los padres que lleven a los chicos a las escuelas este miércoles. La secretaria General de Educación de Santa Fe, María Martín, aseguró que los establecimientos estarán abiertos el miércoles y se recibirán a los alumnos. “Estamos en una situación crítica en materia de aprendizajes y cada día cuenta”, remarcó.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó que ya se encuentra acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía.
La propuesta contempla un aumento en tres tramos sobre los sueldos de marzo y se garantiza un piso mínimo de $75.000. También se ofertaron mejoras en conceptos propios de los profesionales de la salud y se acordó continuar el trabajo en mesas técnicas.
La propuesta efectuada por el Gobierno de Santa Fe, que incluye una suba salarial del 8 % distribuida en tres tramos: 3 % en abril, 2,6 % en mayo y 2,4 % en junio, con un piso garantizado de $ 75.000, y una compensación para quienes en el primer trimestre no hayan llegado a cubrir la inflación, fue bien considerada por parte de los representantes sindicales del personal del Estado.
La medida se enmarca en el plan del Gobierno provincial para desactivar puntos de narcomenudeo en barrios vulnerables. La investigación estuvo a cargo del MPA y de la Policía de Santa Fe. Ocurrió este miércoles en Campbell 1600 bis y Pasaje Sin Nombre.
Con un nuevo escenario comercial global impuesto por el conflicto entre Estados Unidos y China, el complejo exportador de carnes y cueros argentino cambia la mirada y se ubica en un lugar estratégico en el que suma expectativas.
Un día como hoy, pero de 2012, el Senado de la Nación aprueba dos leyes que amplían los derechos civiles en la Argentina. La Ley de Identidad de Género permite que las personas trans puedan cambiar nombre, foto y sexo en su DNI. Además, las obras sociales deberán pagar la reasignación de sexo si la persona afiliada así lo requiere. En la misma sesión, la Cámara Alta también le da la media sanción faltante a la Ley de Muerte Digna. A partir la aprobación de esa norma, los pacientes con enfermedades terminales o sus familiares pueden solicitar el fin de la prolongación artificial de la vida o tratamientos médicos encarnizados.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó que ya se encuentra acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía.
La provincia será el punto de encuentro para especialistas nacionales que llegarán para las terceras Jornadas de Medicina de Precisión aplicada a la Oncología, que se realizan este mes, en Cemafé.
El tribunal consideró acreditado que Matías Ernesto “Bicho” Álvarez mandó a matar a Erika Avalos, quien recibió 17 disparos a fines de diciembre de 2022 en Firmat, en el marco de un ejercicio de extrema violencia para el control de la comercialización de drogas en ciudades del sur de la provincia de Santa Fe.