La resolución la tomó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que consideró que los elementos recolectados en el caso evidenciaron “la irregular incorporación de los proveedores” que participaban de las licitaciones que llevaba adelante el área, así como también “la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”.