Judiciales

Un “superior de servicio” de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue imputado de omitir evitar torturas y por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada, entre otros delitos. A seis de sus subalternos, investigados por un allanamiento ilegal donde se habrían robado 15 kilos cocaína, ahora se les ampliaron las imputaciones por someter a las víctimas con una picana. Para todos, el juez dictó o prorrogó las prisiones preventivas.

La Unidad Fiscal AMIA requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal, que permite que se lleve a cabo el juicio en ausencia para diez imputados declarados rebeldes y con pedidos de captura internacional, acusados de haber tomado parte como autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

Se trata de José Gregorio Vivas de 53 años, quien perpetró los ilícitos en 2015. Atacó a Mario D’Ángelo y a Graciela Picech con golpes y con un cuchillo. La pena fue impuesta por unanimidad en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Melincué.

La fiscalía solicitó la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal para el exteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Carlos Malatto, quien fue enviado a juicio en 2011 junto a otros siete imputados, pero se fugó a Italia antes del comienzo del debate. En ese país enfrenta otra causa por ocho homicidios ocurridos en San Juan en 1976 y 1977.

El hecho ocurrió en agosto de 2024 y se resolvió en seis meses bajo el sistema acusatorio y a través de un acuerdo pleno de las partes. Un tercer implicado en la retención de la víctima también aceptó su participación en el secuestro y espera el juicio de cesura para determinar la pena que le será impuesta.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit. El imputado tiene 30 años y sus iniciales son GSO. Estaba prófugo desde mayo de 2024 y fue detenido en la provincia de Chaco. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por la madre de la niña.

El imputado tiene 45 años y sus iniciales son GAV. Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit

La Sala B entendió que se habían omitido las pretensiones de un grupo de afectados representado por otra organización y porque la empresa no ofreció restituir las sumas que percibió indebidamente en razón de prácticas abusivas. También puso de relieve que, previo a la homologación, no se había solicitado la opinión de la fiscalía que ordena la Ley de Defensa del Consumidor.

Un joven de 18 años cuyas iniciales son CV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos robos cometidos a remiseros de Venado Tuerto. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Paula Borrello a partir del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, quien está a cargo del legajo penal iniciado a raíz de los dos ilícitos.

Bajo el sistema acusatorio, el caso se resolvió en cinco meses con el dictado de la sentencia en el marco de un acuerdo pleno. Las penas fueron de 4 años y 6 meses de prisión y de 3 años de prisión condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y otros delitos. Uno de los condenados intentó sobornar a la policía en el momento de su detención.

Se trata de Miguel Ángel De Armas, de 72 años. La víctima era amiga de su hijo, también menor de edad. La fiscal que investigó lo ocurrido es Rafaela Florit.

En febrero de 2024 se realizaron allanamientos que permitieron desbaratar la organización. Están acusados de gestionar un predio rural en una localidad cercana a la capital provincial donde había 1.531 plantas de cannabis sativa, y otro espacio tipo invernadero dentro de una casa del macrocentro, donde se hallaron 575 plantas de la misma especie.