Judiciales

Se trata de las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, que trabajan en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La demanda fue realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

Se trata de quienes eran Jefe y Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto. Ambos habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. Las atribuciones delictivas fueron realizadas hoy en los tribunales de Melincué, en dos audiencias en las que participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y los fiscales Luis Lagioia y Ana Belén Stampella. Los imputados recibieron medidas cautelares no privativas de la libertad.

La decisión la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, que le fijó además una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, en línea con lo que había reclamado el fiscal Franco Picardi. Según el fallo, el por entonces director de Personal del organismo (Pablo Alejandro Brula, 58 años) no consignó en su declaración jurada que tenía con su esposa una sociedad a través de la cual adquirió dos inmuebles en Florida, Estados Unidos.

Según la hipótesis fiscal, fraccionaban, envasaban y comercializaban un producto que imitaba la marca Zanoni, de una cooperativa rosarina, en la que ambos acusados habían trabajado. Un análisis preliminar realizado por los denunciantes estableció que el contenido correspondía a aceite de soja.

Tiene 40 años y cometió los ilícitos durante la infancia de las víctimas. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. La fiscal María Florencia Schiappa Pietra representó al MPA en el debate.

La droga fue detectada en un control vehicular en la localidad de Totoras, provincia de Santa Fe. Estaba oculta dentro del tanque del vehículo (proveniente de Bolivia) en dos mochilas que contenían un total de 50 ladrillos compactos.

El Juez Federal de Garantías de Venado Tuerto, Dr. Aurelio Cuello Murúa, condenó a 7 personas por comercio organizado de estupefacientes y por el transporte de droga, que había ocurrido el 16 de noviembre de 2025. El Juez Federal de Garantías de Venado Tuerto, Dr. Aurelio Cuello Murúa, condenó a 7 personas por comercio organizado de estupefacientes y por el transporte de droga, que había ocurrido el 16 de noviembre de 2025.

También le decomisan dos terrenos y cinco vehículos. La condena fue impuesta en un juicio abreviado e incluyó una multa de más de 30 millones de pesos. El caso conectó investigaciones de narcotráfico con la rentabilidad de ese delito volcada al lavado de activos.

En la mañana de hoy, viernes 14 de agosto, la OGJ de Rufino realizó una audiencia imputativa y de prisión preventiva contra un sujeto identificado por sus iniciales D. A. A., de 64 años de edad. La representación del MPA estuvo a cargo del fiscal Mauro S. Menéndez.

Se trata de Agustín Gabriel Galarza de 24 años, a quien se le impusieron cinco años de prisión por la autoría del delito de robo calificado por el uso de arma. Fue en el marco de un juicio oral y público realizado en los tribunales de Melincué. La fiscal que investigó el ilícito es Vanina Servidio Pozzi, quien también representó al MPA en el debate. 

Los hechos ocurrieron en 1980. Es la primera vez que la justicia federal condena por delitos cometidos contra las infancias durante la última dictadura. La mayoría de las víctimas estuvo cautiva en centros clandestinos de detención de Santa Fe y, posteriormente, en unidades penitenciarias de distintos puntos del país.

La defensa volvió a solicitar que se suspenda el debate ya que considera que el músico no está capacitado para estar en juicio. ”Dormirse o aburrirse no es jurídicamente equivalente a estar incapacitado”, respondió el fiscal Sandro Abraldes al plantear el rechazo a la petición. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 coincidió con lo expuesto por el MPF. Por otra parte, los jueces absolvieron a Álvarez en el caso donde se lo iba a juzgar por la privación ilegítima de la libertad de su manager y otra persona debido a que la causa está prescripta.

Se trata de Fabián Alejandro Suárez, de 34 años. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales venadenses. La fiscal Débora Valentín representó al MPA en el debate.

La fiscalía le atribuyó haber solicitado 100 mil dólares a un exfuncionario de la ex-AFIP Santa Fe para favorecerlo en causas penales y haber dictado resoluciones contrarias a derecho con el objetivo de atraer esos expedientes a su juzgado. El magistrado se encuentra sometido a un proceso de destitución ante el Consejo de la Magistratura.

El pedido fue formulado por la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez. La investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria.

Así fue ordenado a raíz de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino. El imputado tiene 21 años y se le endilgó haber actuado junto con un adolescente. Ambos son oriundos de la ciudad bonaerense de Vedia, donde se secuestraron partes del vehículo sustraído y un tercero entregó voluntariamente el resto.

De acuerdo con el informe de la PROCUVIN “Fallecimientos en contextos de encierro”, todos los decesos correspondieron a varones y ocurrieron en seis establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. El Complejo I de Ezeiza concentró 14 casos, más de la mitad del total. En relación con la tipología de las muertes, 17 fueron no traumáticas, 7 traumáticas y en 2 casos no se determinó aún la causa del deceso.

Tiene 31 años, sus iniciales son OFC y también se le atribuyó haber tenido en su casa en San Gregorio una bicicleta que él sabía que había sido robada. El fiscal a cargo de la investigación es Mauro Menéndez.

Tiene 46 años y sus iniciales son CMM. La sentencia fue dispuesta por los camaristas Juan Pablo Lavini Rosset, Daniel Curik y Tomás Orso, quienes rechazaron todos los agravios planteados por la Defensa. La fiscal Susana Pepino investigó los ilícitos y representó al MPA durante todo el proceso judicial.

Así fue dispuesto a raíz de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino. El imputado tiene 33 años y al momento del ilícito estaba a cargo de cuidar a la víctima. Se le atribuyó haber cometido el delito a principios de este mes en una vivienda.

Los dos vehículos, procedentes de Bolivia, circulaban en convoy cuando fueron detenidos en la localidad santafesina de Susana, a 15 kilómetros de Rafaela. Se incautaron 16 mochilas repartidas entre la cabina y los tanques. Además, imputaron a un acompañante.

Según la investigación, una mujer y su pareja serían los encargados de captar de manera engañosa y trasladar al extranjero tanto a personas civiles como a exintegrantes de fuerzas de seguridad para que participen en el conflicto armado.

Así lo dispuso la jueza Lorena Garini a raíz de un planteo formulado por la fiscal del MPA, Rafaela Florit, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 24 años, sus iniciales son JJCG y los ilícitos se le atribuyeron en un contexto de violencia de género. Tiene un antecedente penal condenatorio en perjuicio de otra mujer, también por agredirla y amenazarla.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz impuso tres años de prisión de ejecución condicional al excapitán de navío destituido Claudio Javier Villamide y absolvió a los otros tres integrantes de la Armada Argentina juzgados. El Ministerio Público Fiscal, que había solicitado penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro acusados, evalúa recurrir a Casación la sentencia cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.