Judiciales

Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Salmain será indagado el 25 de noviembre, también por los delitos de cohecho agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. El financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche son coimputados por las mismas maniobras. La detención del magistrado fue rechazada por la ley de fueros.

En la audiencia de formalización los fiscales expusieron la investigación que derivó en la detención de uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe y en el secuestro de casi una tonelada de cocaína. Hay otros tres imputados acusados de integrar esta organización que introducía cargamentos de cocaína desde países limítrofes mediante vuelos clandestinos de avionetas. Bilbao también fue indagado por la causa que lo tenía prófugo desde 2023.

Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.

La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.

Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.

Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.

Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.

Así fue resuelto en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino. La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el debate. El agresor tiene 38 años y la víctima actualmente es mayor de edad. Los hechos ilícitos fueron cometidos en 2023, en el marco de la convivencia que mantenían.

Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, se inició en 2021 cuando PAMI detectó más 600 recetas apócrifas para 78 afiliados que desconocieron recibir la medicación. La defraudación supera el millón de pesos, a valores del año en el que se denunciaron las maniobras.

Así fue dispuesto a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 46 años, sus iniciales son MRD y se le atribuyó haber cometido los ilícitos entre 2019 y principios de este mes. La denuncia que originó la investigación fue realizada por la propia víctima, quien es adolescente y fue asistido por la madre de un amigo suyo.

En el juicio intervino el fiscal general Federico Reynares Solari de la Unidad Fiscal Rosario

Tiene 19 años y sus iniciales son PLG. Además se le endilgaron agresiones físicas sufridas por una mujer que era su pareja y por un hermano de él. La cautelar fue ordenada a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

La denuncia de un trabajador derivó en el allanamiento a un predio rural ubicado en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde se constató que las víctimas estaban en condiciones de hacinamiento. Algunas vivían en el lugar, dormían en casillas de chapa con piso de tierra, sin baños ni agua potable, y trabajaban desde la madrugada con linternas.

Gendarmería Nacional lo interceptó en un control vehicular de rutina sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de General Lagos, en mayo de 2023. Llevaba los estupefacientes debajo del asiento del conductor, e intentó sobornar con dinero a uno de los funcionarios de seguridad para “arreglar” la situación.

“Te vas a pasar para el otro lado”: El caso se inició con la denuncia del padre de un hombre que en 2023 fue hallado muerto en su domicilio tras inyectarse sustancias. Los chats hallados en el celular de su hijo revelaron que el profesional de la salud sería quien, por redes sociales, le vendía fentanilo y bromuro de vecuronio -produce parálisis neuromuscular-. En el domicilio del acusado secuestraron, entre otros fármacos, ampollas que coincidían con una muestra encontrada en la casa del fallecido.

Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre.

La fiscalía señaló que el fallo de la Cámara Federal puso un plazo exiguo que no permite agotar las diligencias necesarias y que, por lo tanto, afectaría la posibilidad de conocer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Siete personas llegarán a juicio próximamente acusadas de intervenir en su sustracción y ocultamiento.

Así se expidió el Máximo Tribunal, al hacer lugar al recurso de queja presentado contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, por segunda vez, había confirmado el sobreseimiento del exmagistrado acusado de no investigar a un grupo de policías que habrían torturado a uno de los imputados en el secuestro del expresidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. También se le imputa no haber investigado las torturas cometidas en 1988 en otra causa contra un ciudadano uruguayo para que declarara contra un abogado.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, en una audiencia realizada ayer en los tribunales venadenses. El imputado es oriundo de la provincia de Buenos Aires, tiene 30 años y sus iniciales son JPC. El hecho ilícito fue cometido el lunes 1 de septiembre pasado, en un contexto de conmoción pública por intimidaciones similares recibidas en diferentes establecimientos educativos.

Ambos (Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci) fueron considerados autores del delito de abuso sexual simple reiterado en varias ocasiones, consumadas entre el 2017 y 2020, y durante el 2022. Las penas son de prisión condicional. “Fue una conducta que se mantuvo a lo largo del tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.

El exmagistrado federal, en prisión domiciliaria desde mayo pasado e investigado por varios delitos, afronta ahora una acusación por cobrar como dádivas más de 5 millones de pesos en alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia (Santa Cruz) a través de una mutual que pertenece al financista rosarino Fernando Whpei, también detenido y acusado de extorsión y por impulsar denuncias falsas en coordinación con el extitular del Juzgado Federal N°4.