Judiciales

“Te vas a pasar para el otro lado”: El caso se inició con la denuncia del padre de un hombre que en 2023 fue hallado muerto en su domicilio tras inyectarse sustancias. Los chats hallados en el celular de su hijo revelaron que el profesional de la salud sería quien, por redes sociales, le vendía fentanilo y bromuro de vecuronio -produce parálisis neuromuscular-. En el domicilio del acusado secuestraron, entre otros fármacos, ampollas que coincidían con una muestra encontrada en la casa del fallecido.

Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre.

La fiscalía señaló que el fallo de la Cámara Federal puso un plazo exiguo que no permite agotar las diligencias necesarias y que, por lo tanto, afectaría la posibilidad de conocer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Siete personas llegarán a juicio próximamente acusadas de intervenir en su sustracción y ocultamiento.

Así se expidió el Máximo Tribunal, al hacer lugar al recurso de queja presentado contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, por segunda vez, había confirmado el sobreseimiento del exmagistrado acusado de no investigar a un grupo de policías que habrían torturado a uno de los imputados en el secuestro del expresidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. También se le imputa no haber investigado las torturas cometidas en 1988 en otra causa contra un ciudadano uruguayo para que declarara contra un abogado.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, en una audiencia realizada ayer en los tribunales venadenses. El imputado es oriundo de la provincia de Buenos Aires, tiene 30 años y sus iniciales son JPC. El hecho ilícito fue cometido el lunes 1 de septiembre pasado, en un contexto de conmoción pública por intimidaciones similares recibidas en diferentes establecimientos educativos.

Ambos (Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci) fueron considerados autores del delito de abuso sexual simple reiterado en varias ocasiones, consumadas entre el 2017 y 2020, y durante el 2022. Las penas son de prisión condicional. “Fue una conducta que se mantuvo a lo largo del tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.

El exmagistrado federal, en prisión domiciliaria desde mayo pasado e investigado por varios delitos, afronta ahora una acusación por cobrar como dádivas más de 5 millones de pesos en alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia (Santa Cruz) a través de una mutual que pertenece al financista rosarino Fernando Whpei, también detenido y acusado de extorsión y por impulsar denuncias falsas en coordinación con el extitular del Juzgado Federal N°4.

Entre 2021 y 2023 cometieron al menos tres secuestros -dos consumados y otro en grado de tentativa- con víctimas de alto perfil económico por quienes pidieron y cobraron rescates elevados. En todos los casos fueron liberadas a salvo. Realizaban tareas de inteligencia, alquilaban casas para el cautiverio y usaban vehículos con patentes cambiadas y teléfonos analógicos para evitar rastreos. Los fiscales indicaron que la organización planificó y ejecutó los hechos con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”.

Ernesto “El Bicho” Álvarez había sido condenado en un fallo unánime dictado en abril pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, que lo halló responsable de idear y ejecutar a través de otras personas un plan criminal alevoso para matar a Erica Ávalos, una joven asesinada de 17 disparos en 2022 en Firmat, provincia de Santa Fe.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rufinenses. Además, al imputado también se le atribuyó haber agredido físicamente al padre de la víctima.

Jonatan Lionel G. fue detenido la semana pasada mientras deambulaba en un parque de la zona ribereña central. Lo acusan de almacenar y fraccionar estupefacientes en su vivienda para luego venderlos en distintas zonas. Era parte de la estructura que comandaba Guido Rinaldi, condenado el mes pasado a 6 años de prisión.

El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que actualiza de manera periódica el registro de las causas desde la sanción de la ley N°26.364, de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas". Advierten sobre el incremento de la explotación sexual en entonos digitales, como una de las nuevas modalidades del delito.

La medida cautelar fue dispuesta a partir de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 38 años y fue buscado durante 10 meses hasta que se lo pudo ubicar en Venado Tuerto. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por la madre de la víctima.

Un día como hoy, pero de 2006, Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua y enviado al penal de Marcos Paz por secuestros, torturas y asesinatos en el marco del operativo que arrasó con una casa en La Plata: se mató a los ocupantes y sigue desaparecida la bebita Clara Anahí Mariani, que tenía tres meses y medio de vida cuando se la llevaron. El comisario se había amparado en la Obediencia Debida para evitar la cárcel. Su condena es la segunda tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; la anterior había sido a Julio Simón, alias “El Turco Julián”. La novedad en la condena a Etchecolatz radica en que el tribunal lo sentencia por genocidio. Un día antes había desaparecido el testigo Jorge Julio López, a quien no se ha vuelto a ver. El represor sumó más condenas en los años siguientes y se unificaron en una sola de reclusión perpetua.

Se trata de Brian Alejandro Fontana, de 29 años. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Melincué. El fiscal que representó al MPA en el debate es Julián Cochero. Los ilícitos fueron cometidos durante la infancia y la adolescencia de la víctima, quien actualmente es mayor de edad.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia que se realizó en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 25 años y sus iniciales son YGY. Con su accionar delictivo, incumplió una suspensión de juicio a prueba a la que se había sometido el año pasado en el marco de otro proceso penal.

El imputado tiene 27 años y sus iniciales son LFB. Agredió sexualmente a la víctima en la casa en la que convivía junto con ella y su grupo familiar. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit.

El líder y organizador de la asociación ilícita es Mauro Nahuel Novelino, que dirigía la estructura desde la cárcel y resultó condenado, en pena unificada, a 35 años de prisión. Su expareja, Lucía Uberti, también detenida y condenada por ordenar balaceras contra edificios judiciales, tenía un rol preponderante, y aceptó una pena única de 24 años de prisión. La investigación analizó más de 140 chats de la aplicación WhatsApp y 11.200 archivos de audio.

En audiencia del día 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Primera Instancia Dra. Marcogliese condenó a Alex Almaraz a 5 años de prisión por hecho de robo de dinero en efectivo y de intento de robo de una motocicleta

Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.

Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.