Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.
Se trata del ciudadano peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, a quien le unificaron diferentes condenas por narcocriminalidad en una pena única de 21 años de prisión, y del contador Gustavo Shanahan, condenado a 7 años de prisión. El tribunal revisor se pronunció en línea con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechacen los recursos de las defensas de los cinco condenados en un proceso oral y público concluido en 2023.
Las cautelares fueron dispuestas a pedido del fiscal Damián Cassullo, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Las personas a las que se investiga son dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 30 años. Se les atribuyeron robos en locales comerciales y en una vivienda, así como intimidaciones violentas hacia las víctimas, dos de las cuales fueron privadas ilegítimamente de su libertad durante los ilícitos.
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.
Se trata de Juan Marcelo Robledo, de 36 años. El monto de la pena resultó de la unificación con una condena anterior. El hecho ilícito fue cometido en marzo del año pasado en un negocio ubicado en Catamarca y Vega Guerra. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Mauro Menéndez.
El imputado tiene 22 años y fue detenido en enero pasado en la ciudad rionegrina de General Roca. Según el requerimiento fiscal, empleaba distintos usuarios en redes sociales y aplicaciones de mensajería donde manifestó intenciones de cometer un ataque terrorista. Asimismo, se lo acusa de pedir instrucción para el armado de aparatos explosivos y de estar interesado en comprar armas para una masacre. “No se trata de una actuación aislada”, sostuvo el MPF.
Los hechos, cometidos entre 1975 y 1977, fueron calificados como privación ilegítima de la libertad agravada y violación de domicilio. Los jueces dispusieron la absolución de uno de los cuatro imputados.
El trabajador municipal utilizaba la red de mensajería Telegram para ofrecer éxtasis y cristal con el alias de “Willi Wonka”. Intervino un agente revelador que chateó con el sospechoso. El caso se resolvió en cinco meses a través de un acuerdo pleno entre la defensa y la fiscalía en el marco de un procedimiento abreviado.
Se trata de Leandro Ezequiel Acebedo, de 35 años, quien además fue declarado reincidente. La pena además se le impuso por privar ilegítimamente de su libertad a una mujer y sus dos hijos en una vivienda, así como por efectuar un disparo en un local comercial. Los ilícitos fueron cometidos entre enero y marzo de 2022. La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
La sentencia fue obtenida luego de una investigación motorizada principalmente por la PROCUNAR y la PROCELAC a partir de informes remitidos por la DEA, que daban cuenta de la existencia de una red de farmacias propiedad de ciudadanos argentinos, que comercializaban sin autorización sustancias controladas en Estados Unidos.
La medida fue tomada por la Cámara Federal de Rosario, pero recién se efectivizará si prospera el desafuero. El tribunal rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa y morigeró parcialmente las medidas de coerción personal y patrimonial impuestas al titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad santafesina, cuando quedó imputado de varios delitos funcionales. Se le redujo el monto del embargo económico de 1.500 a 600 millones de pesos.
Se trata de 13 efectivos y cuatro empleados de la estación de servicio que realizaron diversas maniobras de sobrefacturación.
Se trata de Daniel Iván Favilla, de 55 años. La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy al mediodía en los tribunales venadenses. La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos y también representó al MPA en el debate.
Este martes se desarrolla la audiencia imputativa contra los acusados y se sabrá también información obtenida de la caja negra del área de seguridad.
Matías Carlos Herrera fue sentenciado en 2019 a una pena de 8 años y medio de prisión como miembro de una organización narcocriminal que comercializaba estupefacientes en diferentes sitios de la ciudad, como una cancha de fútbol 5. En 2024 el fallo quedó firme, no se presentó y se dictó su captura. Lo localizaron cerca de un boliche bailable.
El tribunal consideró acreditado que Matías Ernesto “Bicho” Álvarez mandó a matar a Erika Avalos, quien recibió 17 disparos a fines de diciembre de 2022 en Firmat, en el marco de un ejercicio de extrema violencia para el control de la comercialización de drogas en ciudades del sur de la provincia de Santa Fe.
Así fue dispuesto ayer a pedido del fiscal Mauro Menéndez. Los imputados tienen 22 y 19 años y sus iniciales son DPV y REB, respectivamente. De acuerdo con la atribución delictiva, cometieron los ilícitos el viernes de la semana pasada junto con un adolescente. A su vez, la víctima es investigada en el marco de otro legajo penal y desde ayer también está privada de su libertad como medida cautelar.
Imputaron por contrabando de estupefacientes y dictaron la prisión preventiva para un tripulante del buque en el que se halló casi media tonelada de cocaína en el puerto de San Lorenzo. La audiencia de formalización fue realizada el viernes pasado. Otros 19 tripulantes continúan bajo investigación y se dictaron medidas de coerción. La embarcación provenía de Emiratos Árabes y su destino final era Ámsterdam.
Al funcionario judicial le dictaron la prisión preventiva y le inhibieron bienes por $1.500 millones. En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Esa medida queda en suspenso hasta que se defina en el jury de enjuiciamiento un eventual desafuero.
La cautelar fue dispuesta a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada de forma remota esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 20 años y sus iniciales son ATV. Además, se le atribuyó la autoría de los delitos de falso testimonio y tentativa de estafa procesal.
El vehículo con la droga fue interceptado en noviembre de 2024 en la autopista Rosario-Santa Fe. El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Santa Fe y se llegó a cuatro acuerdos plenos. Las condenas fueron de hasta 6 años y medio de prisión e incluyen multas que sumadas alcanzan los $33.800.000. Hay otras dos personas acusadas que no acordaron con la fiscalía e irán a juicio oral.
De acuerdo con la pesquisa, durante un año y medio subalquilaron inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, quien estaba prófugo del fuero federal de Córdoba y fue detenido en un departamento donde tenía una “cocina” de droga. La fiscalía marcó la importancia de investigar la cobertura con la que cuentan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Ingresará un frente cálido desde el norte, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 85 kilómetros por hora. Los sectores con mayor riesgo serán zonas serranas, sudoeste y sur provincial. El evento duraría hasta la noche del jueves 12.
“A este Gobierno no le podemos dar tregua y vamos a concurrir a la negociación movilizados. Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”, sostuvo Rodolfo Aguiar.
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
Durante la madrugada, personal policial de Rufino detuvo a un sujeto de 21 años de edad, acusado de estafa, hurto y violación de domicilio ubicado en calle San Juan al 400, Rufino.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana 13 de junio, una jornada mayormente afectada con cielo nuboso, y prevé hasta un 80% de probabilidad por lluvia.