Judiciales

Fue interpuesto por la fiscal Mayra Vuletic y el tribunal revisor será la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El fallo impugnado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso y dejó sin efecto una decisión de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención. La persona que debe cumplir la pena es Daniel Iván Favilla, a quien en mayo pasado se le impusieron 19 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja.

Intervendrá como parte acusadora en la investigación judicial iniciada por la distribución de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, cuyos productos fueron retirados del sistema de salud en mayo.

Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.

En un juicio de trámite abreviado, Marisol Saavedra Chungara, dos de sus hijos y otros dos colaboradores, recibieron penas de 4 a 8 años de prisión por tráfico y transporte de estupefacientes. El caso ocurrió en enero de 2022 y fue conocido como el “narcobombardeo”, porque la organización arrojaba bultos con cocaína a campos, desde avionetas que emprendían vuelos clandestinos desde Bolivia.

La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el beneficio que había sido otorgado a un condenado por tenencia con fines de comercialización y revirtió la declaración de inconstitucionalidad que había dictado el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca. Sostuvo que la exclusión se basa en un “criterio objetivo”, que es la gravedad de los delitos de la narcocriminalidad.

En la mañana de hoy (26/6), en la OGJ de Rufino, el Juez Martin Leonardo Maximiliano, condenó a C. A. B. con dos años y tres meses de prisión con ejecución condicional, además, dentro de las variadas normas de conductas, el sujeto deberá aprobar un curso de masculinidad que dicta la Universidad Nacional de Córdoba.

“Vamos a defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe”. El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti.

Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.

El cargamento fue hallado en el marco de allanamientos vinculados a la investigación de un resonante crimen ocurrido en junio de 2024 en la capital de la provincia. Ante el hallazgo de la droga, la unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio intervención a la fiscalía federal. La media tonelada del estupefaciente fue valuada en más de un millón y medio de dólares.

Es por hechos ocurridos en su gran mayoría en la ciudad de Río Cuarto, que incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y abusos sexuales. La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de esa ciudad, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.

𝐒𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐨́ 𝐚 𝟒 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 (𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨) 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐀𝐥𝐳𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐚𝐥 𝟗𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨.

Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.

El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.

Se trata del ciudadano peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, a quien le unificaron diferentes condenas por narcocriminalidad en una pena única de 21 años de prisión, y del contador Gustavo Shanahan, condenado a 7 años de prisión. El tribunal revisor se pronunció en línea con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechacen los recursos de las defensas de los cinco condenados en un proceso oral y público concluido en 2023.

Las cautelares fueron dispuestas a pedido del fiscal Damián Cassullo, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Las personas a las que se investiga son dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 30 años. Se les atribuyeron robos en locales comerciales y en una vivienda, así como intimidaciones violentas hacia las víctimas, dos de las cuales fueron privadas ilegítimamente de su libertad durante los ilícitos.

La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.

Se trata de Juan Marcelo Robledo, de 36 años. El monto de la pena resultó de la unificación con una condena anterior. El hecho ilícito fue cometido en marzo del año pasado en un negocio ubicado en Catamarca y Vega Guerra. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Mauro Menéndez.

El imputado tiene 22 años y fue detenido en enero pasado en la ciudad rionegrina de General Roca. Según el requerimiento fiscal, empleaba distintos usuarios en redes sociales y aplicaciones de mensajería donde manifestó intenciones de cometer un ataque terrorista. Asimismo, se lo acusa de pedir instrucción para el armado de aparatos explosivos y de estar interesado en comprar armas para una masacre. “No se trata de una actuación aislada”, sostuvo el MPF.

Los hechos, cometidos entre 1975 y 1977, fueron calificados como privación ilegítima de la libertad agravada y violación de domicilio. Los jueces dispusieron la absolución de uno de los cuatro imputados.

El trabajador municipal utilizaba la red de mensajería Telegram para ofrecer éxtasis y cristal con el alias de “Willi Wonka”. Intervino un agente revelador que chateó con el sospechoso. El caso se resolvió en cinco meses a través de un acuerdo pleno entre la defensa y la fiscalía en el marco de un procedimiento abreviado.

Se trata de Leandro Ezequiel Acebedo, de 35 años, quien además fue declarado reincidente. La pena además se le impuso por privar ilegítimamente de su libertad a una mujer y sus dos hijos en una vivienda, así como por efectuar un disparo en un local comercial. Los ilícitos fueron cometidos entre enero y marzo de 2022. La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.

La sentencia fue obtenida luego de una investigación motorizada principalmente por la PROCUNAR y la PROCELAC a partir de informes remitidos por la DEA, que daban cuenta de la existencia de una red de farmacias propiedad de ciudadanos argentinos, que comercializaban sin autorización sustancias controladas en Estados Unidos.

La medida fue tomada por la Cámara Federal de Rosario, pero recién se efectivizará si prospera el desafuero. El tribunal rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa y morigeró parcialmente las medidas de coerción personal y patrimonial impuestas al titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad santafesina, cuando quedó imputado de varios delitos funcionales. Se le redujo el monto del embargo económico de 1.500 a 600 millones de pesos.