Judiciales

Los restos fueron recuperados durante excavaciones realizadas en septiembre de 2025 en la Guarnición Militar de La Calera. Las identificaciones fueron posibles a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y del cotejo de información genética. Con estos nuevos resultados, ascienden a 38 las personas identificadas entre los restos hallados en el lugar.

Comenzó el juicio por las causas Los Sauces y Hotesur. El debate inició con la lectura del requerimiento de elevación a juicio realizado por el Ministerio Público Fiscal en el expediente Los Sauces. Allí se señaló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como organizadora de una organización criminal montada para cometer múltiples delitos con el objetivo de “sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de fondos públicos. Entre los imputados, se encuentran el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La investigación apunta a una estructura que operaba en Rosario y otras localidades del sur de Santa Fe. En más de 20 allanamientos se secuestraron estupefacientes, nueve armas de fuego —entre ellas, una pistola ametralladora— y cerca de mil municiones. Algunos de sus integrantes también están vinculados a una causa por el secuestro y homicidio de un joven de 25 años.

La jueza con funciones de revisión Elida Vidal rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa y dispuso que el caso avanzara al juicio oral. La fiscalía prevé solicitar dos años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese plazo.

Se trata de otro tramo de la investigación, en el que se profundizó sobre el presunto esquema ilegal que se manejaba dentro de la ANDIS relacionado con el proceso de adquisición de insumos traumatológicos, cardiológicos y otros relacionados con implantes y amputaciones. Además de Diego Spagnuolo, el juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos de Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y dos representantes de droguerías, además de procesar a otras 19 personas.

La investigación determinó que las dos víctimas inscriptas al nacer en la década del 80 no tenían vínculo biológico con quienes figuraban como sus progenitores. La médica habría certificado falsamente ambas filiaciones. La fiscalía solicita colaboración para identificar a las verdaderas madres, cuyos partos habrían ocurrido en 1981 y 1982.

En la mañana de hoy (09:00), en la OGJ de Rufino se llevó a cabo una nueva audiencia en la que se celebró un juicio abreviado contra G. Olivera. El imputado enfrentó los cargos, por dos causas: Lesiones Leves Dolosas, Abuso Sexual Simple y Abuso Sexual con Acceso Carnal (indeterminadas cantidades de veces) Agravado por la Guarda.

Los recientes fallos del máximo tribunal establecieron criterios sobre el bloqueo de contenidos, la protección del discurso en redes sociales y la legitimación de las empresas multinacionales que gestionan redes sociales.

En la mañana de hoy, en Sala 1 del Centro de Justicia Penal de Rufino, la OGJ realizó un Procedimiento Abreviado contra un sujeto investigado por abuso sexual simple de una menor con la que tenía vínculos con su entorno familiar. La Dra. Garini dio lugar el acuerdo de pena.

Cinco asumieron funciones en la Fiscalía Regional 4; tres en la Fiscalía Regional 5; dos en la Fiscalía Regional 3 y una en la Fiscalía Regional 1.

“La presentaron en sociedad falsamente como su hija biológica, ocultándola así de su familia verdadera, hasta que, a raíz del cotejo de su material genético con el de las familias de víctimas del terrorismo de estado, pudo restablecerse su identidad”, explicó el fiscal federal Ramiro González, que ratificó que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

La condena se dio en el marco de un acuerdo pleno. El imputado también fue inhabilitado por el mismo período para ejercer cargos públicos y su profesión. El caso se inició con la denuncia del padre de un hombre que en 2023 fue hallado muerto tras inyectarse sustancias. Los chats revelaron el vínculo entre ambos. “Te vas a pasar para el otro lado”, había advertido el ahora condenado.

En el caso, se realizaron 29 allanamientos en Rosario, Roldán, Funes, Ybarlucea y Granadero Baigorria. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, las ordenes las daba un hombre que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Los acusados fueron vinculados con la logística y el transporte de un cargamento secuestrado en febrero y quedaron imputados como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas. Ya son siete los imputados en el caso. En los operativos se secuestraron paquetes de cocaína con el mismo envoltorio distintivo con la imagen de un cebú.

11 años de prisión para un sujeto que abusó sexualmente de su hermana en la localidad de San Gregorio.

La resolución la tomó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que consideró que los elementos recolectados en el caso evidenciaron “la irregular incorporación de los proveedores” que participaban de las licitaciones que llevaba adelante el área, así como también “la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”.

Los imputados, que se encontraban prófugos e imputados en otras causas por hechos similares, fueron detenidos en una serie de allanamientos realizados el 11 de septiembre pasado.

La acusada se desempeñaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscalía investiga la posible entrega de recién nacidos a cambio de dinero en otros cinco casos ocurridos entre 1968 y 1980. Además, se ordenó una extracción compulsiva de ADN para determinar si una de las denunciantes, a quien la imputada inscribió como hija propia, es o no su hija biológica y se puso a disposición un canal de comunicación para aportar información y asistir a potenciales víctimas.

Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Damián Cassullo en una audiencia realizada en los tribunales venadenses. Al imputado se le atribuyó haber actuado junto con otras personas para acceder a la cuenta de WhatsApp de un contador público y tratar de estafar a sus contactos. En el marco del mismo legajo penal, se investigan hechos similares en perjuicio de otros profesionales.

La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburifero.

Así lo informó la fiscal Susana Pepino, en la audiencia preliminar que se realizó en los tribunales de Melincué. Al acusado también se le atribuyó haber agredido a un agente policial y haber tratado de fugarse mientras estaba bajo custodia policial en el hospital de Firmat. Tiene 32 años y sus iniciales son FSDA.

El hombre, que había sido expulsado del país en 2023, fue detenido en marzo de este año por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La imputación por delitos económicos alcanza a otros miembros de su entorno: uno de ellos se encuentra prófugo y con pedido de captura.

Se trata de las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, que trabajan en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La demanda fue realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

Se trata de quienes eran Jefe y Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto. Ambos habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. Las atribuciones delictivas fueron realizadas hoy en los tribunales de Melincué, en dos audiencias en las que participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y los fiscales Luis Lagioia y Ana Belén Stampella. Los imputados recibieron medidas cautelares no privativas de la libertad.