Judiciales

Para ambos exjefes de Gabinete, el representante del MPF además solicitó inhabilitación especial. También se requirieron penas para otros cuatro imputados, entre ellos, exintegrantes de la Asociación del Fútbol Argentino y de Futbolistas Argentinos Agremiados. En tanto, los fiscales reclamaron la restitución de más de 131 millones pesos desviados producto de la maniobra delictiva que se habrían desviado en perjuicio del Estado nacional e indicaron que sean destinados al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Será el lunes 1º de septiembre en los Tribunales Provinciales de la capital provincial. 14 personas juzgarán a un hombre de 24 años por el homicidio de Lautaro Isaac Leandro en el marco de un intento de robo calificado, ocurrido en septiembre de 2022. El fiscal de la causa es Estanislao Giavedoni, quien también representará al MPA en el debate.

La representante del MPF solicitó esas condenas para Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte, como autor y partícipe necesaria, respectivamente, del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género (femicidio) en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. La fiscal retiró la acusación para el tercer imputado. El hecho ocurrió el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.

En una audiencia celebrada este medio día, S. D. Andre quedó detenido de manera preventiva. Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia de los tribunales rufinenses. Al imputado se le endilgó haber vulnerado a la hija de una mujer con la que mantenía una relación de pareja. De acuerdo con la atribución delictiva, los hechos ilícitos se reiteraron durante aproximadamente tres años durante la infancia de la víctima.

Se trata de Gustavo Daniel Vivas, de 30 años, quien intentó matar a su expareja. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales venadenses. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien representó al MPA en el debate.

Se trata de Nelson Ramón Ceballos, de 58 años. Las víctimas son una niña y una mujer mayor de edad. Además, la pena se le impuso por haber amenazado al padre de la menor de edad y por incumplir una medida de distancia y contacto con la víctima y su grupo familiar. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales rufinenses. La fiscal que representó al MPA en el debate es Rafaela Florit.

Para el fiscal, en la causa pudieron probarse dos episodios de lesiones físicas, el debilitamiento permanente de la salud de Fabiola Yáñez y las coacciones para que la exprimera dama no denunciara los hechos en la justicia. González remarcó que desde el año 2016 hasta agosto de 2024, el exmandatario “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica” contra su entonces pareja “bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. El anexo con los chats entre la víctima y el imputado.

El sistema judicial de Córdoba solicita información para dar con el paradero de Raquel Isabel Mugas (37), con última residencia conocida en Córdoba Capital. Según las investigaciones, podría estar en la ciudad de Rosario.

Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

Un comisario, un subcomisario, dos cabos y un agente están imputados por sustracción de vehículos, encubrimiento y omisión de deberes de control sobre los bienes secuestrados.

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Carlos Lacuadra. Al imputado se le endilgó haber engañado a la víctima para que fuera hasta un lugar en el que la mataron tras no haber podido robarle. Además, el funcionario del MPA amplió la atribución delictiva con un ilícito similar que sufrió una persona a la que citaron en un punto de encuentro e intentaron quitarle la vida. En el marco del legajo, hay otro hombre investigado como autor de esos hechos que también está detenido como medida cautelar.

Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y más de 2 millones de dólares en efectivo. Además de las condenas, los jueces le aplicaron multas a los implicados, que llegaron hasta 136 millones de pesos.

Se trata de Pedro Ortiz y Hontoria, de 66 años. La pena se le impuso por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. Además, se le impuso prisión preventiva. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Los imputados tienen 20 años y la víctima, 87. Se les endilgó haberle sustraído bajo amenazas de muerte 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj y un juego de llaves.

Se trata de Lucas Mauricio Acosta, arquero del equipo Sarmiento de Junín. Las amenazas habrían ocurrido entre julio y agosto de 2024, luego de que se terminara el vínculo entre ambos. La víctima relató en su denuncia que el jugador también habría sido responsable de “filtrar” un video íntimo suyo.

El nuevo portal (Muninn) permitirá a víctimas o a sus familiares realizar cualquier consulta sobre denuncias o investigaciones en curso. Comenzó a funcionar hoy y busca garantizar los derechos de acceso a la información de las víctimas, en el marco de la priorización de la temática que viene llevando adelante la Fiscalía General.

La audiencia de formalización se realizó el lunes pasado. El hombre, de nacionalidad filipina, fue detenido el jueves, cuando arribó al puerto santafesino en otro buque. Se le imputa el delito de contrabando de estupefacientes.

Se trata del exjefe de la delegación rosarina Carlos Andrés Vaudagna y el agente de ese organismo, Néstor Javier Bermúdez, quien sería el dueño de la fábrica de hielo “Ghiaccio”. Los funcionarios habrían abusado de sus competencias para obtener datos sobre empresas competidoras y ordenado fiscalizaciones irregulares en su perjuicio.

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Damián Cassullo en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. El imputado tiene 31 años, sus iniciales son LARD y se le atribuyó el delito culposo agravado por la conducción imprudente, negligente, antirreglamentaria, en violación a los deberes de cuidado propios y bajo los efectos del alcohol. Además, se le endilgó haberle provocado lesiones graves culposas agravadas al conductor del automóvil en el que iba la víctima fatal. El hecho fue el domingo 13 de este mes a la altura del kilómetro 642.

Se trata de Jonatan Emanuel Ortega y Néstor Omar Peralta, quienes también amenazaron a una de las víctimas con un arma de fuego. Llevaron a cabo su accionar delictivo en marzo de este año en el barrio Villa Casey. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Damián Casullo.

Según la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, la mujer creó un falso perfil de su sobrina en Tinder, donde le modificó la edad a 24 años. Además, la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con el otro imputado, que cumple funciones como ordenanza en el Poder Judicial de la Nación.

Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 33 años y se le atribuyó haber realizado disparos en la vía pública el sábado pasado. Se le secuestraron un revólver, una carabina, municiones y estupefacientes.

La cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit en una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El imputado tiene 22 años y se le atribuyó haber cometido los ilícitos en una vivienda en la que ambos residían con sus padres. La denuncia que originó la investigación fue radicada por la propia víctima en una comisaría.