La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario formalizaron la imputación a siete personas acusadas de integrar una red de distribución y comercio de estupefacientes que operaba en varias localidades del sur de la provincia de Santa Fe y con conexiones en Junín, provincia de Buenos Aires.
Entre las acusadas hay cuatro hermanas, una de ellas señalada como una de las líderes de la estructura criminal que, a su vez, recibía ordenes desde un establecimiento carcelario por parte de un hombre condenado por narcotráfico.
El 11 de septiembre pasado, los fiscales federales coadyuvantes Franco Benetti, en representación del Área Investigación y Litigio Casos Complejos, y Gonzalo Ruggeri, de la delegación NEA de la PROCUNAR, a cargo del fiscal Matías Scilabra, participaron de la audiencia en la que atribuyeron a las cuatro mujeres y a tres hombres (dos de ellos también hermanos) ser integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que funcionó por lo menos desde el 3 de mayo de 2024.
Ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, los representantes del MPF mencionaron que las hermanas E.T.M, N.I.M, L.P.M, E.V.M junto con E.M.L y L.O.J.L, y M.C.A.S fueron detenidos el 9 de septiembre pasado en el marco de 29 allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las localidades santafesinas de Rosario, Funes, Roldán, Ybarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá. Además, se realizaron procedimientos en Junín, provincia de Buenos Aires y en la localidad salteña de Aguas Blancas.
Durante los procedimientos se secuestraron 38.700 dólares, cheques diferidos por tres millones de pesos, cinco escopetas, 420 cartuchos de distintos calibres, seis autos, cuatro camionetas, 42 celulares, más de un kilo de marihuana, entre otros elementos útiles para la investigación.
Parte del dinero secuestrado Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Tras la exposición de los fiscales, el juez ordenó la prisión preventiva por seis meses para cinco de los imputados mientras que le otorgó la libertad a otros dos por considerar que cumplían un rol menor dentro de la organización.
Seguimientos: El fiscal coadyuvante Benetti indicó que la investigación comenzó luego de una extracción forense de un celular secuestrado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) el 8 de mayo de 2024 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza a un hombre condenado por narcotráfico.
Allí se detectaron conversaciones entre el detenido y E.T.M donde se hablaba de paquetes de estupefacientes. Tras esto, se realizaron otras intercepciones que dieron cuenta de como la mujer se encargaba del “negocio”.
Celulares y cheques secuestrados. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Según se expuso en la audiencia, ambos articulaban la logística de traslado y entrega de droga, su comercialización en el sur de la provincia de Santa Fe. Además, mencionaron conexiones en la frontera del norte del país.
El fiscal hizo foco en los informes realizado por la PSA que permitieron individualizar a los integrantes de la banda, sus roles y los 29 inmuebles vinculados a la operatoria. “Para demostrar que no estamos ante hechos aislados ni ante meras relaciones familiares o sociales, la prueba objetiva recolectada en las tareas de campo y escuchas telefónicas por la PSA acredita la existencia de una red con división de trabajo, logística compartida y coordinación funcional”, recalcó.
Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
En ese sentido expuso que las fotografías y las actas de seguimiento no mostraban “encuentros ocasionales” sino como compartían vehículos, trasladaban bultos, intercambiaban dinero y coordinaban “la logística que da soporte al tráfico ilícito”.
Roles: Al atribuir los hechos, el fiscal Benetti explicó que la estructura operó de manera coordinada en las ciudades de Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez, y extendió sus redes de distribución mayorista a Junín y zonas de influencia.
Respecto de E.T.M, le atribuyó el rol de coordinadora principal del grupo, ya que se encargaba de organizar el abastecimiento de sustancias mediante viajes periódicos al norte del país y a Bolivia; de fijar precios; de la distribución mayorista a otros revendedores, la entrega de material y la recaudación del dinero producido.
A N.I.M le endilgó colaborar con su hermana en la logística de abastecimiento en zona de frontera; realizar viajes frecuentes a Salta (Aguas Blancas) para coordinar el ingreso de la droga al país y su posterior envío hacia Rosario; administrar dinero y vender estupefacientes a revendedores y consumidores.
El fiscal hizo foco en los informes realizado por la PSA que permitieron individualizar a los integrantes de la banda, sus roles y los 29 inmuebles vinculados a la operatoria.
Según señaló, la tercera hermana, L.P.M, participaba de viajes a Salta y Bolivia para la provisión de mercadería y auxilió a E.T.M en viajes a Córdoba, donde la organización tenía diferentes clientes. Además, vendía droga a consumidores e intermediarios
En tanto, a E.V.M la fiscalía le achacó la distribución, custodia en su domicilio y venta de la mercadería, además de señalarla como la conductora habitual de los viajes de entrega y cobro a Junín. También se habría encargado de instruir a otros sobre el fraccionamiento de la droga y controlaba que otros integrantes no retuviesen dinero de la organización.
A E.M.L se le endilgó el acopio de sustancias y la gestión de activos en su domicilio en el microcentro de Rosario, lugar que se habría utilizado como centro de reunión, punto de acopio y destino final del dinero transportado desde Junín. Además, le imputó haber realizado movimientos de dinero a través de cuentas virtuales para financiar la operatoria del grupo.
