La Corte Suprema dejó firme dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.

Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.

Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.

Así fue resuelto en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino. La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el debate. El agresor tiene 38 años y la víctima actualmente es mayor de edad. Los hechos ilícitos fueron cometidos en 2023, en el marco de la convivencia que mantenían.

Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, se inició en 2021 cuando PAMI detectó más 600 recetas apócrifas para 78 afiliados que desconocieron recibir la medicación. La defraudación supera el millón de pesos, a valores del año en el que se denunciaron las maniobras.