La investigación de la Unidad Fiscal Rosario está relacionada con dos oficios que libró el juez, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuya finalidad era obtener información sobre medidas en su contra ordenadas en el marco de una causa en la que se lo investiga por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
Judiciales17/12/2025
Daniel Espinoza
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, formalizaron la investigación penal contra el juez federal rosarino Gastón Salmain por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. El magistrado fue acusado de haber utilizado su investidura y librado distintas órdenes para conocer el estado de una investigación que lo tiene como imputado y por la que ya fue indagado por considerárselo presunto autor de los delitos de asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
La audiencia fue realizada el martes pasado en los tribunales federales de Rosario, ante el juez de Garantías Román Lanzón, quien, tras escuchar la imputación en los términos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, otorgó 180 días corridos como plazo para completar la investigación penal preparatoria y ordenó remitir copia de la audiencia al Consejo de la Magistratura.
La imputación fue formulada por el fiscal general Arzubi Calvo -además con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario-, junto a las fiscales María Virginia Sosa y Soledad García, de la Unidad Fiscal Rosario, quienes expusieron el caso y realizaron una descripción de los hechos. De la audiencia participaron además por la plataforma Zoom, el titular de PIA, el fiscal Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa procuraduría, Esteban Venditti.
En concreto, la fiscalía le reprochó a Salmain que el 21 de octubre de 2025 utilizó su investidura de juez federal de la Nación para confeccionar, suscribir y diligenciar oficios judiciales -el N°54 enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y el N°56 dirigido al director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Alfredo Gallardo-, con el fin de obtener información relacionada a una medida solicitada por la fiscalía en el marco de un legajo fiscal en curso en el que el magistrado es investigado.
Se trata de un procedimiento concretado a pedido del MPF por personal de la PSA el 17 de octubre de 2025 en la vivienda particular del juez, en el que se procedió a una requisa personal y de su vehículo, y al secuestro de su teléfono celular.
Imagen ilustrativa - De archivo web.
Abuso del oficio: En referencia al oficio dirigido al la PSA, remitido cuatro días después de los allanamientos, Arzubi Calvo remarcó que Salmain en su “carácter de juez titular del Juzgado Federal N°1 lo confeccionó y suscribió para dirigírselo a Gallardo, a los fines de solicitarle que informe datos del caso judicial que motivó la medida en su contra”.
En ese escrito, Salmain requirió, entre otros datos, fecha, hora, domicilio y dependencia de la de la PSA que tomó conocimiento formal de la orden emanada del Juzgado Federal N°4, de la fiscalía interviniente y la identidad del funcionario que transmitió las instrucciones.
Con la finalidad de dotar al documento de la exigibilidad propia de un oficio judicial, Salmain le asignó numeración correlativa entre los que integran el rubro “Superintendencia” de su juzgado, utilizó hoja de “uso oficial con membrete del Poder Judicial de la Nación, sello medalla del juzgado con la dirección catastral “Entre Ríos 730, Rosario” (del juzgado federal), firma y sello oficial. Y lo remitió al destinatario desde casilla oficial del correo del juzgado.
“No podemos soslayar que se trata de un juez federal que habría utilizado las funciones propias de su cargo para, por un lado, obtener ventajas procesales en la causa penal que se sigue en su contra, la que tenía reserva y secreto de sumario dispuesto”, expresó Arzubi Calvo en la audiencia de formalización.
Según la fiscalía, a los fines de garantizar la obtención de la información, además, mantuvo una comunicación telefónica a través de la aplicación WhatsApp con Gallardo el mismo 21 de octubre, aproximadamente a las 10.20. En ese intercambio, tras presentarse como juez federal, le hizo saber que remitiría un oficio judicial solicitando “precisiones” de la medida jurisdiccional practicada por personal de la PSA y que se lo iba a remitir por la misma aplicación. Ante ello, Gallardo le habría manifestado que lo hiciera vía correo electrónico institucional a la casilla oficial de la Dirección Nacional de la fuerza.
Posteriormente, el juez requirió a una secretaria de su juzgado que envíe el oficio N°56 de Superintendencia en cuestión a la casilla de correo, lo que se concretó el mismo día desde el correo oficial del Juzgado Federal a su cargo.
En relación al segundo oficio, dirigido a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Salmain, también lo confeccionó y suscribió en su carácter de titular del Juzgado Federal N°1, a los fines de solicitarle información relacionada a la misma causa penal en la que se encuentra investigado.
Según explicó la fiscalía, Salmain procedió con la misma modalidad que el primero: le asignó a la comunicación numeración correlativa de su juzgado, hoja de uso oficial con membrete del Poder Judicial de la Nación, firma, sellos oficiales y también fue enviado al destinatario desde la casilla del juzgado.
Gravedad institucional: Según la hipótesis fiscal, los hechos con relevancia penal atribuidos a Salmain encuadran en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en calidad de autor. “Entendemos que la acción típica consistió en dictar órdenes contrarias a la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Ética Pública”, remarcó Arzubi Calvo.
El fiscal general indicó que, aunque la calificación legal escogida por el MPF es de un tipo penal cuya pena en expectativa es excarcelable -con una pena máxima de 2 años de prisión-, “las circunstancias del hecho imputado denotan una evidente gravedad institucional”.
“No podemos soslayar que se trata de un juez federal que habría utilizado las funciones propias de su cargo para, por un lado, obtener ventajas procesales en la causa penal que se sigue en su contra, la que tenía reserva y secreto de sumario dispuesto. Y por el otro, obtener información sensible relacionada con datos personales, como nombres, apellidos y cargos de las personas que intervinieron en el diligenciamiento de las medidas jurisdiccionales, como personal policial, funcionarios judiciales y funcionarios del MPF”, expresó Arzubi Calvo.
Por su parte, la fiscal María Virginia Sosa hizo un minucioso repaso por las evidencias y constancias acumuladas en el legajo penal. Entre otras, enumeró los oficios redactados por el imputado, mails, entrevistas a los testigos y al personal de la PSA, decretos y el oficio al director de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, donde se solicitó información sobre correos electrónicos remitidos por el Juzgado Federal el 21 de octubre.
En concreto, la fiscalía le reprochó a Salmain que el 21 de octubre de 2025 utilizó su investidura de juez federal de la Nación para confeccionar, suscribir y diligenciar oficios judiciales con el fin de obtener información relacionada a una medida solicitada por la fiscalía en el marco de un legajo fiscal en curso en el que el magistrado es investigado.
También recordó los elementos secuestrados en el allanamiento del 12 de noviembre pasado al despacho del juez y en el marco de esta investigación: computadores, documentación y un teléfono celular marca Apple iPhone 17 Pro, que el juez entregó apagado, con lo cual impidió la realización de un peritaje fundamental.
Al solicitar que la investigación se extienda por seis meses, la fiscal Sosa mencionó distintas circunstancias agravantes del caso y que aún hay medidas pendientes, como el peritaje al teléfono del juez.
“Además de la gravedad institucional del hecho imputado, entendemos que en el caso existen serias pautas de riesgo procesal indicativas de posible entorpecimiento probatorio por parte del imputado. Hacemos saber que el día del allanamiento, en el momento en que ingresamos a la puerta del despacho, el magistrado se encontraba en el baño. A los pocos minutos, salió y entregó su teléfono celular iPhone 17 Pro en estado completamente apagado”, recordó Sosa.
En ese sentido, agregó que el episodio “frustró la medida de prueba de peritaje en caliente del teléfono. La circunstancia de tener su teléfono apagado en horario laboral, a las 11.30, cuando es su instrumento de trabajo, es inverosímil. Y su actitud de entregar el dispositivo apagado es incompatible, incluso, con su función jurisdiccional”.
Por esos motivos, la fiscalía solicitó una serie de medidas de coerción, como promesa de someterse al proceso y de no entorpecer la investigación, fijar domicilio y que avise en caso de modificarlo, prohibición de acercamiento y de contacto de cualquier tipo con los testigos del caso por el tiempo que dure la investigación penal preparatoria.
El descargo de Salmain y la decisión del juez: Luego, el juez Lanzón le cedió la palabra a Salmain, quien rechazó los cargos, no aceptó preguntas y justificó su accionar. En tanto, su defensa, ejercida por los abogados particulares Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, cuestionaron la calificación legal, tras argumentar la atipicidad del delito endilgado.
Finalmente, el juez de Garantías rechazó el planteo de la defensa y también las medidas de coerción que había propuesta la fiscalía. Fundamentó su decisión en que no podría intervenir ante el eventual incumplimiento de Salmain por su condición de juez en funciones. También ordenó remitir el video de la audiencia de formalización al Consejo de la Magistratura, y fijó 180 días corridos -con vencimiento el 16 de junio de 2026- para la investigación penal preparatoria.
Por Fiscales.gob.ar
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