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“Esta es una herramienta más que nos va a permitir que la ciudad sea todos los días un poco más segura”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe.


La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda, brindó detalles de una auditoría a instituciones que reciben aportes oficiales, la cual permitió detectar severas irregularidades, sumar más de 100 nuevos acuerdos, y distribuir equitativamente los recursos.
Provincial06/06/2024
Daniel Espinoza


A partir de una serie de auditorías que incluye a más 800 instituciones de la provincia, el gobierno de la Santa Fe suspendió el vínculo contractual con 160 comedores y entidades que recibían aportes para copa de leche al detectarse que no cumplían con los requisitos establecidos y se realizaron las denuncias penales correspondientes. Asimismo, esta auditoría permitió recuperar fondos que se destinaron a realizar más de 100 nuevos convenios con otras organizaciones sociales.
Los resultados fueron el eje de una conferencia de prensa brindada este jueves en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, quien estuvo acompañada por los secretarios Desarrollo Territorial, Sergio Basile; y de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques.
“Desde el 2 de enero comenzamos a desarrollar una exhaustiva auditoría a más de 800 comedores y copas de leche de toda la provincia”, aseguró Tejeda para luego explicar que “hasta el momento se auditó a 481 comedores (alrededor del 60%), de los cuales 222 están en Rosario y 259 en el centro norte de la provincia”. En línea, la ministra remarcó que “de esos 481, se suspendieron los convenios con 160 instituciones ya que así como se detectaron comedores e instituciones que trabajan muy bien, lamentablemente, también nos encontramos con 160 espacios que no daban el servicio alimentario correspondiente al convenio o no existían, ya que al dirigirnos a las direcciones indicadas encontramos baldíos o espacios vacíos”. A su vez, puntualizó que “otras de las irregularidades detectadas consisten en la suplantación de identidad, es decir, personas que debían tener una tarjeta institucional y no la tenían”.

Para concluir, Tejeda aseveró que “el gobernador Pullaro nos pidió que seamos austeros y eficientes con los recursos y, para eso debemos controlar. Por eso es que dimos de baja 160 de esos convenios que teníamos con instituciones u organizaciones, porque no están cumpliendo con los requisitos. A su vez, en febrero, marzo y abril, hicimos más de 10 presentaciones ante la Justicia provincial por estas situaciones que creemos que pueden configurar un delito. Seguramente en estos días vamos a estar realizando una nueva”.
Millones recuperados y redistribuidos: Posteriormente, Basile reconoció que el gobierno provincial hizo “un gran esfuerzo al aumentar las partidas en las políticas alimentarias incrementándolas en más del 80%. Así, mejoramos la calidad en los módulos (cada uno contiene aceite, arroz, fideos, lenteja, polenta, yerba, azúcar, leche y lata de tomates), incorporando más cantidad de alimentos. En lo que va de 2024, ya compramos 100.000 módulos”.
Por otro lado, aseguró que “nunca se cortó el diálogo ni el acompañamiento alimentario con las instituciones, y se buscará completar la auditoría lo antes posible para tener un diagnóstico completo que nos permita tomar nuevas medidas que hagan a la transparencia, a la eficacia de los recursos y, sobre todo, a atender a las instituciones que hacen muy bien las cosas”. Finalmente, Basile sostuvo que “hasta el momento se recuperaron más de $ 100 millones; eso hace a la reinversión en el sistema alimentario que nos permite generar altas en toda la provincia”.

Por su parte, Soques agregó que “el cierre de espacios que presentaban irregularidades, redundó en la optimización de los recursos, lo cual permitió incorporar 103 nuevos convenios con organizaciones sociales que trabajan con comedores. Esto tiene que ver con la transparencia, con la institucionalización de las ONG y con la posibilidad de distinguir a aquellos que trabajan bien, que son solidarios con sus vecinos y tienen arraigo en el territorio. Con quienes hacen las cosas mal, somos contundentes. No venimos a hacer una «caza de brujas», venimos a ser eficiente el sistema y a mejorar esta red”. En línea, Soques concluyó: “Para tomar dimensión de lo que estamos invirtiendo, hablamos de $ 2.000 millones mensuales que está aportando la provincia a través de los distintos programas”.

“Esta es una herramienta más que nos va a permitir que la ciudad sea todos los días un poco más segura”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

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