Un día como hoy, pero de 2003, el Senado aprueba la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas después del juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987, respectivamente, y que imposibilitaron el juzgamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, a excepción del robo de bebés. La nulidad reabre la etapa de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Dos años después, la Corte Suprema convalida la nulidad de las leyes al declararlas inconstitucionales.
