El hecho ocurrió en agosto de 2024 y se resolvió en seis meses bajo el sistema acusatorio y a través de un acuerdo pleno de las partes. Un tercer implicado en la retención de la víctima también aceptó su participación en el secuestro y espera el juicio de cesura para determinar la pena que le será impuesta.
Judiciales31/03/2025
Daniel Espinoza
Un hombre y una mujer fueron condenados a 6 años de prisión como coautores del secuestro extorsivo de una mujer que fue liberada tras entregar la escritura de su casa, en un hecho ocurrido en agosto de 2024 en la ciudad santafesina de Venado Tuerto y que, de acuerdo a la investigación, habría estado motivado por deudas del narcotráfico del hermano de la víctima.
El caso se resolvió en seis meses en un procedimiento abreviado bajo los alcances del artículo 323 y siguientes del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Por el Ministerio Público Fiscal actuaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; el fiscal general titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, Federico Reynares Solari; y la fiscal coadyuvante de esa misma fiscalía, Daniela Ghiorzi.
El juez federal con funciones de Revisión, Aníbal Pineda, homologó el 27 de febrero pasado el acuerdo pleno a través del cual los imputados Raúl Oscar Gerez (49) y Araceli Lucrecia Pena (33), aceptaron su participación en los hechos, las pruebas en que se fundó la acusación, la tipificación legal y la pena requerida por el fiscal.
En la sentencia, Pineda declaró admisible el acuerdo y condenó a Gerez y a Pena a 6 años de prisión, multa de 10.000 pesos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, y las costas del proceso, por considerarlos partícipes secundarios de los delitos de secuestro extorsivo; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser cometido por tres o más personas; y tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra. Además, homologó el acuerdo parcial de responsabilidad respecto de un tercer imputado, Julián Mariano Gutiérrez (30), a quien se le imputó el mismo hecho en calidad de coautor. En cuanto a la pena, le será impuesta en una nueva audiencia fijada para el próximo 10 de abril.
Hasta que ello suceda, el juez prorrogó la prisión preventiva de Gutiérrez y ordenó a la Oficina Judicial (OJ) que requiera el traslado de los tres imputados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Deuda por drogas y secuestro: El caso comenzó a investigarse el 17 de agosto de 2024 cuando la víctima, identificada como N.G., realizó una denuncia en la Comisaría 12 de Venado Tuerto. Allí, relató que dos días antes, aproximadamente a las 14, su excuñada Pena, y Gutiérrez, irrumpieron con un arma en su casa, mientras estaba con su hijo.
Con frases intimidatorias y amenazantes, Gutiérrez le reclamó una mochila con dinero, drogas y armas de fuego que habría sustraído su hermano, identificado como C.A.G., alias “Maradona”. En esas circunstancias, la sacaron por la fuerza y la trasladaron en una motocicleta de baja cilindrada hasta una casa ubicada en inmediaciones de las calles España y Huhn, de Venado Tuerto.
La mujer narró que fue amenazada y golpeada, y pudo observar que en un sector de la vivienda había armas de fuego, material estupefaciente, balanzas y otras personas armadas, entre las que se encontraba el ahora condenado Gerez, alias “Cachavacha”.
La víctima contó que sus captores grabaron un video mientras le apuntaban con un arma de fuego en la cabeza, que le fue enviado a su hermano como método de extorsión para recuperar lo que le reclamaban.
Además, mencionó que la hicieron participar de una videollamada en la que, a través de una tablet, un hombre al cual se referían como “Enano” (la investigación lo identifica como líder de la organización) le advirtió que para liberarla tenía que recuperar las cosas que le reclamaban a su hermano o recibir algo en garantía, y que, de lo contrario, la matarían.
Una de las viviendas que fue allanada en el marco de la investigación por el secuestro extorsivo. Foto: Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe
Con el correr de las horas, Gutiérrez se comunicó por teléfono con el padre de la víctima, a quien le exigió la devolución de lo sustraído y la entrega de cuatro millones de pesos para liberar a su hija.
También contactaron al hijo de 15 años de la víctima, que por esas horas había recorrido distintos barrios de la ciudad para hallar a su tío. Durante esa búsqueda, dio con el domicilio donde estaba cautiva su mamá.
Allí, Gutiérrez lo recibió con un arma de fuego y le reiteró cuáles eran las condiciones para la liberación. Antes de retirarse, el adolescente pudo observar que en el interior de la casa había sustancias ilícitas y dinero, además de que en ella se hallaban Gerez y Pena junto con sus hijos.
Escritura y amenaza de usurpación: Según lo acreditado en la investigación, más tarde, el adolescente recibió un mensaje de Gutiérrez, que redobló los requisitos y exigió la escritura de la casa familiar. Enterado de esas negociaciones, el padre de la víctima se comunicó con el captor, quien le aclaró que recuperarían la documentación contra entrega de la mochila que estaba en poder de su hijo.
A las 22 del mismo día, el hijo de la mujer se presentó ante los captores, entregó la documentación de la casa y logró que la liberaran. N.G fue en busca de su hermano y, tras encontrarlo en la Villa Moisés de Venado Tuerto, le contó lo ocurrido y le reclamó la mochila.
Con los objetos en su poder, regresó a la casa donde había estado secuestrada y entregó la mochila, que contenía un arma de fuego, dinero en efectivo y una bolsa con balas. Sin embargo, Gutiérrez le advirtió que faltaba más dinero y droga.
Al día siguiente, el hijo de la mujer recibió un nuevo mensaje, donde le advertían que tenía “hasta las cinco de la tarde para desalojar la parte de atrás de la casa, y que cuando cancelaran todo, les devolverían la vivienda y los papeles”.
Allanamientos, detenciones y cambio de fuero: La denuncia fue recibida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, que el 18 de agosto ordenó el allanamiento de la vivienda donde se concretó el secuestro. Allí se detuvo a Pena, y se incautaron dos revólveres y municiones de distintos calibres.
También se secuestraron una mochila negra, 108.500 pesos, 203 gramos de cocaína, un pendrive, una Tablet, una balanza de precisión, un teléfono celular y una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos.
El mismo 18 de agosto, a las 14.20, Gerez y Gutiérrez fueron detenidos en la vía pública mientras merodeaban cerca de un auto Volkswagen Gol. Al requisarse el vehículo, se secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación personal y del automóvil, entre otros objetos.
Tras evaluar los detalles del caso y establecer que se trató de un secuestro extorsivo, el fiscal provincial declinó la competencia, la cual fue admitida por el juez federal de Garantías Aurelio Antonio Cuello Murúa. A partir de ese momento, la investigación quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, y el 23 de agosto se realizó la audiencia de formalización de la investigación.
Por Fiscales.gob.ar
En audiencia del día 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Primera Instancia Dra. Marcogliese condenó a Alex Almaraz a 5 años de prisión por hecho de robo de dinero en efectivo y de intento de robo de una motocicleta
Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.
Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.
La Unidad Fiscal Santa Fe resolvió el caso en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno. Los condenados son de nacionalidad peruana y boliviana. Fueron condenados por el ingreso ilegal al país procedentes de Bolivia en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de 30.500 dólares. La investigación no halló elementos sobre tráfico de estupefacientes.
Un día como hoy, pero de 1937, nace Fernando de la Rúa en Córdoba. Hizo su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Electo senador en 1973, acompañó a Ricardo Balbín en la fórmula derrotada por el binomio Perón-Perón. En 1983 perdió la interna presidencial con Raúl Alfonsín, pero regresó al Senado. Dejó la banca en 1989 y la recuperó tres años más tarde. En 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno porteño. Derrotó a Graciela Fernández Meijide en la interna de la Alianza y luego se impuso a Eduardo Duhalde. Su gobierno no se diferenció del de Carlos Menem en lo económico: mantuvo la convertibilidad y los ajustes para sostener un modelo tambaleante. El vicepresidente Carlos Álvarez renunció por el escándalo de las coimas en el Senado, que minó al gobierno aliancista. Tras el fracaso de Ricardo López Murphy, se jugó por Domingo Cavallo, pero todo fue a peor. El corralito del 1º de diciembre de 2001 derivó en la crisis total y el estado de sitio del 19, en una jornada de incidentes. De la Rúa renunció al día siguiente, en medio de una tremenda represión con más de treinta muertos. En los años siguientes fue sobreseído en las causas por la represión del 20 de diciembre y por las coimas en el Senado. Falleció el 9 de julio de 2019.
La Policía atrapó a tres hombres buscados por causas de robo, abuso de armas y narcotráfico tras una persecución en la zona rural de Villa Eloísa. En un galpón encontraron un invernadero con casi 3.000 plantines de marihuana, semillas, armas y municiones.
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Es por los escándalos de corrupción, la derrota electoral en Buenos Aires y la paralización de la recuperación económica.
Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que los costos logísticos en Argentina continúan siendo muy elevados y restan competitividad para la producción de granos.
