Imputaron y dictaron prisión preventiva a 13 acusados de integrar una red narco-criminal en Rosario tras el secuestro de 53 kilogramos de cocaína

La Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, formalizó la investigación penal contra 13 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico, acopio y comercio de cocaína que trasladaban desde Bolivia y revendían, al menudeo, en la ciudad santafesina y sus localidades vecinas. Los y las imputados/as fueron detenidos/as la semana pasada en múltiples allanamientos realizados en distintos domicilios, donde se incautaron casi 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos y de 67 mil dólares, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos. A pedido del MPF, también se ordenó la prisión preventiva para todos los acusados.

La acusación fue formulada por los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, en el marco de una audiencia de formalización realizada el sábado pasado en los tribunales federales de esa ciudad, ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron los detalles de una investigación preliminar que demandó once meses de seguimientos, escuchas y tareas de campo sobre los integrantes del grupo narcocriminal y los revendedores.

En una serie de 29 allanamientos realizados el jueves pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fueron detenidas las 13 personas ahora imputadas: 10 hombres identificados por sus iniciales como A.F.S., J.J.A., L.C.F.L., H.S.S., M.J.M., J.F.R., A.L.R., L.R., G.A.G. y W.G.A., y tres mujeres, C.P.M., N.B.L. y M.M.E.

Aparte de la droga, en los allanamientos se secuestraron 51.630.400 pesos, 67.262 dólares, ocho balanzas, elementos de fraccionamiento, 46 teléfonos celulares, 13 armas de fuego, 691 municiones de distintos calibres y varios vehículos -17 entre incautados y con pedido de embargo-.

 Algunas de las armas secuestradas en los procedimientos. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
La imputación del MPF

De acuerdo a la hipótesis fiscal, desde mayo de 2024 y hasta su detención, el grupo criminal desplegó actividades de comercio de drogas, y por lo menos entre el 13 y el 27 de noviembre pasados, vendió 52 kilos de cocaína, actividad cuyo liderazgo estaba a cargo de los imputados G.A.G. y J.F.R., desde uno de los primeros domicilios pesquisados.

En ese marco, se les adjudicó tener con fines de comercio un total de 52,885 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La mayor parte de la sustancia estaba distribuida en 53 paquetes secuestrados en un domicilio de la calle Vieytes al 2700 de Rosario. El resto, aproximadamente 185 gramos, fue hallada fraccionada en envoltorios lista para la venta al menudeo en tres domicilios rosarinos ubicados en Gascón al 2400, Fontana al 3100 y Rauch al 1500; y en un cuarto situado en bulevar Pescio al 4600 de la ciudad de Casilda.

Al encuadrar las conductas, los fiscales Benetti y Alberdi, la tipificaron en el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en la modalidad de distribución y comercio, en carácter de autores respecto de cuatro imputados: H.S.S., M.J.M., L. C. F.L. y J.J.A.

A A.F.S. le asignaron el rol de organizador y financista de las actividades ilícitas, mientras que a los otros ocho acusados -A J.F.R., C.P.M., L.R., N.B.L., M.M.E., A.L.R., G.A.G. y W.G.A.- les adjudicaron la autoría del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en la modalidad de almacenamiento y tenencia con fines de comercialización.

Seis de ellos -A.F.S., H.S.S., M.J.M., L.C.F.L., J.J.A. y G.A.G.-, también quedaron imputados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en carácter de autores, en relación con las armas incautadas en sus domicilios.

El inicio de la investigación y los niveles de la organización: Según detallaron Benetti y Alberdi en la audiencia, la pesquisa se inició a fines del año pasado, cuando recibieron información sobre actividad constante de venta de estupefacientes en la calle Braille al 1400 de Rosario, donde, por instrucción de la fiscalía, la PSA dispuso una vigilancia encubierta. Allí, en forma reiterada, se detectaron maniobras de pasamanos, entregas rápidas y entradas y salidas en segundos, lo que dejaba entrever una dinámica compatible con una actividad ilícita.

Al poco tiempo, se determinó que la persona que organizaba y dirigía el movimiento en ese inmueble era J.F.R., quien quedó documentado mientras realizaba la tarea de distribución de estupefacientes. Esas observaciones, sumadas a las intervenciones telefónicas, permitieron identificar su rol y que contaba con una red de vendedores que dependían de él.

Las tareas de vigilancia demostraron que J.F.R. no era un simple vendedor, sino un subdistribuidor que recibía y proveía droga a diferentes puntos. La fiscalía explicó que, en ese segundo nivel, intervino junto a G.A.G., identificado como cogestor del circuito, y quien aportaba su auto para las distintas maniobras de traslado de estupefacientes y dinero.

A su vez, se detectó un tercer nivel de la organización, donde aparece la célula mayorista encabezada por A.F.S., responsable del abastecimiento de la cocaína desde el norte del país. Al imputado incluso se le constataron infracciones de tránsito en el norte del país.

Luego se identificaron otros vehículos -con multas en Salta-, que participaban del circuito de provisión y posterior distribución que vinculaban a otros imputados y demostraban que la pesquisa sobre J.F.R. y los viajes al norte organizados por A.F.S, estaban vinculados a una misma organización.

También se verificaron, en octubre pasado, impactos de los teléfonos celulares de algunos imputados en antenas de Aguas Blancas (Salta), y viajes exprés desde Rosario a Bermejo (Bolivia) los días 6 y 16 de noviembre.

El cuaderno de los 750 kilos cocaína: Los fiscales destacaron en la audiencia que los numerosos viajes registrados “respondían a un mismo patrón: traslados de uno o dos días, con el ingreso al país de pocos electrodomésticos, una operatoria totalmente antieconómica para cualquier actividad comercial”. Explicaron que, a partir de la evidencia reunida, se determinó que esos movimientos “eran desplazamientos destinados al pago de droga”.

En esa línea, subrayaron como elemento central que en las anotaciones secuestradas durante los allanamientos en el inmueble de La Paz 9 bis y en el domicilio de A.F.S. “figura que desde el 29 de agosto esta célula recibió 745 paquetes de cocaína, equivalentes a unos 750 kilos de máxima pureza, y que, desde el 12 de noviembre, entregaron más de 500 paquetes”.

 El cuaderno secuestrado con anotaciones clave sobre la cantidad de cocaína comprada por la organización. Foto: Unidad Fiscal Rosario

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, esa secuencia evidenció que se trataba de “una estructura mayorista, veloz y aceitada, que ingresa, distribuye y vacía el stock rápidamente”. Añadieron que por esa dinámica “no se halló estupefaciente en los domicilios de A.F.S., pero sí importantes sumas de dinero en efectivo, armas y documentación; la droga estaba almacenada en las viviendas de los revendedores”.

Para dimensionar la magnitud de la organización y robustecer la imputación, los fiscales precisaron que “en apenas dos meses y medio se trasladaron a Rosario 745 kilos de cocaína” y que los 52 kilos secuestrados en la vivienda de G.A.G. “forman parte directa de ese circuito de abastecimiento”.

Asimismo, remarcaron que la pesquisa “permitió reconstruir toda la cadena criminal, al menos de este lado de la frontera: quiénes viajaban al norte a efectuar los pagos, quiénes acopiaban, quiénes distribuían y quiénes llevaban adelante la venta en distintos barrios de Rosario y la región”.

Prisión preventiva y embargos: A requerimiento de la fiscalía y tras evaluar los hechos, el encuadre legal y la evidencia expuesta para sostener la hipótesis fiscal del caso, el juez Da Cruz ordenó la prisión preventiva para todos los imputados hasta el 1° de abril de 2026.

Además, dispuso una medida cautelar sobre el domicilio donde se encontró la mayoría de los estupefacientes (Vieytes al 2700); la inhibición general de bienes de los/as 13 acusados/as hasta cubrir los 50 millones de pesos, y el embargo con fines de decomiso de siete vehículos: un Renault Kwid, un Volkswagen Gol Trend, un Renault Kangoo, dos Renault Sandero, un Chevrolet Prisma y un Peugeot 508.

Por Fiscales.gob.ar