Daniel Espinoza
La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, Secretaría "A" de la doctora María Candelaria Sagüés, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el doctor Andrés Carros Rey, junto con la Delegación Rosario, a cargo del Fiscal General Diego Velasco y del Fiscal Federal Coadyuvante Juan Agustín Argibay Molina. Las tareas fueron encomendadas al Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA.
La pesquisa comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la PROCELAC ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales. El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas, lo que motivó profundizar las averiguaciones.
A partir del análisis patrimonial, el relevamiento de inmuebles, la documentación reunida y las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los efectivos reconstruyeron el circuito financiero de la organización. La maniobra consistía en reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia lícita al dinero de origen ilegal.
Con las pruebas reunidas, el magistrado ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Durante los operativos detuvieron a Leandro David Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo —ex integrante de la Policía de Santa Fe— y Marcelo Eduardo Malatesta. Respecto de otro de los investigados, únicamente se cumplimentó una orden de requisa, conforme lo dispuesto por la Justicia.
En los procedimientos, realizados sobre inmuebles ubicados en avenida Libertad y las calles Fraga y Juan José Valle, en Rosario; avenida Fuerza Aérea y Ara San Juan, en Funes; Las Calandrias, en Ibarlucea; y dos domicilios sobre Batalla de Salta, en Pérez, los federales secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y abundante documentación, que será incorporada a la causa para profundizar el análisis patrimonial y financiero.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos. La investigación continúa para determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización.
