Daniel Espinoza
El Gobierno de la Provincia, a través de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de drogas ubicado en Chacabuco al 4100, en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico.
Se trata del derribo número 87 en Rosario y del 146 en toda la provincia desde la promulgación de la norma, a fines de 2023, durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Las intervenciones comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.
En ese contexto, Pereira señaló que el derribo es “un ejemplo claro de la implementación de una política pública en materia de seguridad”, a partir de “la intervención de todas las áreas del Estado” y “la participación de la ciudadanía a través de las denuncias al 911”. Según explicó, ese trabajo permitió “llegar a esta zona emblemática de la ciudad de Rosario, ligada a una banda conocida en el mundo del microtráfico”.
Para el funcionario, “todo esto constituye un ejemplo claro de la decisión de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar sobre esta problemática en un momento especial para la ciudad, donde se están desarrollando los Juegos Suramericanos, con mucha participación de la ciudadanía, mientras continuamos, de manera paralela, con la implementación de distintas medidas de investigación, detenciones, allanamientos y derribos”.
Un punto vinculado al clan Funes
Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi detalló que el punto de venta de drogas inactivado “venía asociado históricamente al clan de Alan Funes, condenado a prisión perpetua por homicidios, asociación ilícita y narcotráfico, y había sido allanado en 2019, 2021, 2022 y 2026”. Además, indicó que en los distintos procedimientos realizados en el lugar se secuestraron armas de fuego.
La fiscal explicó que la Unidad de Microtráfico recibió denuncias que advertían que el punto de venta se encontraba activo. “Por eso activamos nuevamente las medidas de allanamiento y nos encontramos con un lugar que no presenta condiciones de habitabilidad y en el que había múltiples envoltorios dispersos”, señaló.
A partir de esa constatación, la funcionaria del MPA consideró que el inmueble “estaba siendo destinado nuevamente a la venta de estupefacientes” y solicitó judicialmente que fuera declarado en estado antijurídico para avanzar con su derribo.
“Es importante que nuevamente lo estemos derribando porque es un lugar asociado a hechos de violencia altamente lesiva, donde se produjeron aprehensiones de personas con armas de fuego que luego resultaron condenadas por homicidios ocurridos en esta misma zona”, concluyó Debiasi.
