Luego de las protestas universitarias, el gobierno nacional informó anoche que se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales.
Nacional19/04/2024
Daniel Espinoza
El gobierno nacional dio a conocer la propuesta que fuera consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional para la asistencia presupuestaria a las universidades, luego de los reclamos realizados por los rectores de las altas casas de estudios.
En un comunicado, el Gobierno detalló en tres puntos el acuerdo alcanzado hoy:
1- De acuerdo a lo previsto por el gobierno nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.
2- Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre cómo, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad.
3- Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.
Los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían solicitado al Ejecutivo nacional “mayores canales de diálogo para llegar a un consenso sobre la realidad que vive el sistema educativo universitario” y expresaron que la situación es "grave" por el recorte presupuestario.
Fuente: Noticias Argentinas
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La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.
