El gobierno nacional dio este jueves un paso más en su plan de ajuste y ahora resolvió eliminar el registro de electrodependientes que permitía que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) agilizara los reclamos ante las distribuidoras eléctricas para garantizar la rápida realización de las obras necesarias y evitar el corte de suministro eléctrico en hogares donde es vital para la salud de uno o más de sus habitantes.
Nacional06/06/2024
Daniel Espinoza
Así quedó plasmado en las Resoluciones 329/2024 y 330/2024 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma el interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué.
En la primera de esas resoluciones el Gobierno dio más tiempo a las distribuidoras eléctricas para responder ante la falta de suministro eléctrico. Hasta hoy Edenor y Edesur tenías 48 horas para responder a una denuncia por falta de energía en un hogar electrodependiente. Estas 48 horas eran contadas a partir del momento en que se realizaba la denuncia sin importar si se trataba de días hábiles o inhábiles.
Ahora el gobierno libertario les otorgó a las empresas distribuidoras hasta dos días hábiles desde el momento en que se radicó la denuncia. Es decir que un electrodependiente que se queda sin suministro eléctrico un sábado a la mañana por ejemplo, en uno de esos fines de semana extra largos de 4 días por un feriado y un feriado puente, debería esperar hasta el viernes siguiente para ver si le restituyen el servicio.
En tanto, en la Resolución 330/2024 se dispuso la derogación de las Resoluciones97/2021; 254/ 2023 y 472/2023 que garantizaban la visibilidad ante el ENRE de los hogares con electrodependientes y una rápida respuesta de parte de las distribuidoras eléctricas en caso de un corte en el suministro eléctrico así como prioridad paralas obras necesarias que les permitan estar conectados a una Fuente Alternativa de Energía (FAE). Este registro no existe más.
El gobierno de Milei aprobó un nuevo procedimiento para la respuesta de estos casos aunque sin celeridad que requiere estas situaciones. De hecho, en el artículo 5 de la nueva medida se dispone la «aplicación de sanciones por incumplimiento del plazo máximo de 30 días hábiles fijado» para que las distribuidoras eléctricas adecuen y dispongan la conexión de la Fuente Alternativa de Energía. Es decir que las distribuidoras tendrán ahora hasta 30 días para responder a los reclamos, pasados los cuales serán pasibles de ser sancionadas.
La semana pasada la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) habían advertido que el gobierno de Milei estaba preparando el terreno para eliminar el registro de electrodependientes, cosa que se confirmó este jueves.
En diálogo con Tiempo Argentino Mauro Stefanizzi, presidente de la AAdED, alertó sobre el aumento de rechazos en las renovaciones, que se hacen cada dos años, del registro para electrodependientes.
"Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos ‘poseen una batería externa’. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas", alertó Stefanizzi.
Y siguió: "la ley no solo garantiza el derecho a disponer de una fuente alternativa de energía en caso de cortes de luz, sino que también deben tener un tratamiento tarifario gratuito. Y si estas personas, aunque estén conectadas durante 12 horas al día, no pueden costear la factura debido a los aumentos tarifarios, también corren riesgos, ya que esto podría traducirse en cortes de luz, explica. Esta condición ha generado inquietud en las familias, exacerbada por la falta de atención presencial en el Ministerio de Salud. La denuncia de la asociación sobre este tema no ha obtenido una respuesta satisfactoria".
Stefanizzi alertó además sobre los fuertes aumentos en el servicio eléctrico de hasta un 300% para aquellos que no estén inscritos o no sean aceptados en el registro de electrodependientes.
Fuente: www.derf.ar
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Un día como hoy, pero de 1990, se produce la última sublevación carapintada, instigada por Mohamed Alí Seineldín, quien se hallaba detenido en San Martín de los Andes. Los rebeldes ocupan el Edificio Libertador, el Regimiento de Patricios y la base de El Palomar. El gobierno de Carlos Menem reprime el alzamiento, lo que se traduce en el fin de las insurrecciones contra el poder civil en el país. La asonada deja 14 muertos, de los cuales 5 son civiles: los pasajeros de un colectivo arrollado por un tanque. Seineldín será condenado en 1991 a reclusión perpetua, e indultado en 2003 por Eduardo Duhalde.
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