Daniel Espinoza
En primer término, expuso Claudio Angeleri, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. “Expresamos nuestra valoración a que hoy se esté tratando y discutiendo este tema con la idea de avanzar en una regulación penal, entendemos que las leyes son mejorables y esto nos traería tranquilidad y previsibilidad”.
“Detrás de una tranquera, de un campo, de un alambrado, hay no sólo producción, sino familias que viven ahí, que estarían seriamente amedrentadas por un individuo que esté merodeando dentro de los campos”, añadió Angeleri.
En tanto, Eloisa Frederking, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó que “el campo argentino no reclama una protección privilegiada, reclama una protección eficaz y quienes viven y trabajan en él merecen sentirse acompañados y protegidos”.
“La libertad de producir requiere seguridad, la inversión requiere previsibilidad, el trabajo necesita que las personas, los bienes y la infraestructura estén protegidos y la propiedad privada exige que su titular pueda excluir a quien pretende ingresar contra su voluntad, dañar sus bienes o interferir ilegítimamente en el desarrollo de su actividad”, sostuvo.
César Guatti, en representación de las Confederaciones Rurales Argentina (Santa Cruz), explicó que “este debate no se refiere solamente a los bienes, a penas o a estadísticas”. “Para nosotros en este debate tiene nombres, tiene rostros, tiene familias atrás”, manifestó Guatti. “El ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre constituye una conducta menor. Puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar”, añadió.
Posteriormente, Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, consideró que “la producción agropecuaria no sólo es un medio de vida, sino que están generando soberanía para la Argentina”. “Hay muchos lugares recónditos en donde una persona necesita tener las mismas garantías que tiene cualquier persona que habita, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires”, dijo.
“Veríamos con muy buenos ojos que este proyecto pueda llegar a materializarse para que la justicia pueda tener las herramientas necesarias y justas”, expresó Magnano.
Santo Alberto Rosati, en nombre de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, pidió “defender a la gente que está en el campo”. “Esa es la que nos da de comer”, enfatizó.
