Daniel Espinoza
El plenario realizó una reunión informativa con integrantes del Poder Ejecutivo que explicaron los principales lineamientos de la iniciativa. El proyecto tiene por objeto establecer un régimen integral destinado a proteger los derechos soberanos de la Argentina. “La iniciativa constituye un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, señala el texto.
En la reunión conjunta, Paula Tadei, en representación de la Secretaria Legal y Técnica, explicó que “el proyecto procura dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales y los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.
“La disposición transitoria primaria de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y de sus espacios marítimos e insulares correspondientes, así como el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino en cuya representación nos encontramos hoy acá”, dijo.
En este marco, Tadei resumió que “el proyecto de ley que enviamos es una materialización concreta de ese mandato constitucional”.
Posteriormente, Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, explicó que “la ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con los hidrocarburos, mientras que este proyecto amplía su ámbito de aplicación material a cualquier actividad relacionada con recursos naturales renovables o no renovables”.
“Esto quiere decir que cuestiones como la pesca no autorizada por el gobierno argentino o la minería no autorizada por el gobierno argentino, quedan dentro del ámbito de aplicación de la ley, que esto era algo que en la actualidad no ocurría y es uno de los principales cambios que introduce esta nueva ley”, añadió.
Otro punto central, según explicó Stampalija, es que “se reemplaza la inhabilitación administrativa por un régimen de varias sanciones que no solo incluyen la inhabilitación, sino también la multa y la cancelación de inhabilitaciones”.
“Las multas y la graduación de estas multas está medida en barriles de petróleo. Hoy la multa más alta que hay en el proyecto nos llevaría (con un valor del barril que hasta ayer estaba a más o menos 89 dólares) a un monto cercano a los 45 millones de dólares de multa”, estimó el funcionario.
“Ese sería el monto más alto y creemos que es apropiado por los montos de las inversiones que están en juego y para lograr lo que es el efecto verdadero y lo que busca la ley, que es proteger los recursos”, declaró.
Posteriormente, el General Jorge Puebla, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, defendió que se trata de “una oportunidad para hacer una actualización de la ley de Defensa y de tener una visión hacia los próximos 40 años de nuestro país vinculado con el rol de las Fuerzas Armadas”.
“Por delante tenemos otro país que todos sabemos que tenemos recursos energéticos, que tenemos minerales, que tenemos ganadería, eso nos constituye en un objetivo de escala geopolítica”, dijo.
En este sentido, el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares aseveró que, “en estos 44 años de democracia, creo que las Fuerzas Armadas han hecho una muestra de ser Fuerzas Armadas democráticas”. “Los invito a confiar en las Fuerzas Armadas y a confiar en que necesariamente debemos dar este debate para modificar algo que es sumamente restrictivo para el planeamiento, para la educación, para el desarrollo de las Fuerzas Armadas que necesitamos para los próximos 40 años”, expresó.
El diputado Carlos Raúl Zapata (LLA), titular de la Comisión de Defensa, anunció que están previstas dos reuniones para avanzar en el tema durante la próxima semana y convocar a expositores a propuesta de los diversos bloques.
