Daniel Espinoza
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este jueves el derribo de dos búnkers de venta de drogas ubicados en French al 2000, en la ciudad de Rosario. Según la investigación, los inmuebles estaban vinculados a una organización relacionada con el Clan Riquelme.
Con estas intervenciones, ya son 92 las realizadas en Rosario y 152 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de la Ley de Microtráfico, vigente desde principios de 2024, a partir de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial y la Policía santafesina, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. La normativa contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a hechos de violencia altamente lesiva en todo el territorio provincial.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la consolidación de la Ley de Microtráfico y señaló que los derribos fueron el resultado de una investigación compleja. “La Unidad de Violencia Altamente Lesiva y la de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron de manera coordinada hasta llegar a esta intervención en lugares que eran centros de violencia dentro del barrio”, afirmó.
Pereira también remarcó que la causa presenta como particularidad la presunta participación de un abogado. “Es una realidad lamentable que muestra cómo el narcotráfico involucra a distintos actores para desarrollar su actividad”, sostuvo.
Narcotráfico y violencia: Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio explicó que las personas investigadas fueron imputadas por asociación ilícita. Según detalló, la pesquisa determinó que se dedicaban a la comercialización organizada de estupefacientes y que se registraron distintos hechos de violencia vinculados a disputas territoriales.
La fiscal indicó que la investigación apunta a una nueva asociación presuntamente integrada por Francisco Riquelme -quien se encuentra detenido-, su hijo Ezequiel y otras personas que habrían buscado sostener este y otros puntos de venta en la zona. “Incluso se pudo establecer el inicio de esta asociación ilícita a partir de la investigación de tres homicidios”, agregó.
En el mismo sentido, la fiscal Marina Vigo precisó que la causa se inició a partir del homicidio de una persona de apellido Sosa. “La investigación abarca tres homicidios y una tentativa de homicidio, además de otros hechos de violencia altamente lesiva vinculados a usurpaciones y amenazas calificadas, con el objetivo de quedarse con viviendas para comercializar estupefacientes al menudeo”, explicó.
Vigo indicó además que Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura investigada. También mencionó la imputación de un abogado de Buenos Aires que, según la acusación, habría actuado como nexo entre Francisco Riquelme, detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz; su hijo, y otros integrantes de la organización. La hipótesis fiscal sostiene que esa persona habría triangulado comunicaciones para transmitir órdenes desde el sistema penitenciario federal hacia el territorio.
Finalmente, el fiscal Diego Giro afirmó que la investigación permitió avanzar sobre la estructura de la banda. “Más de quince personas fueron imputadas, entre ellas quien sería el jefe de la organización y el abogado acusado de funcionar como nexo con quienes operaban directamente en el territorio”, concluyó.
