Informe sobre personas con discapacidad detenidas en cárceles federales

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó su primer informe sobre Personas con discapacidad privadas de libertad en cárceles federales, que analiza la situación de 27 hombres y una mujer con esas condiciones alojados en siete establecimientos penitenciarios. El propio reporte reconoce que se trata de un relevamiento de carácter exploratorio, con una pequeña muestra, realizado mediante entrevistas personales durante inspecciones a las unidades, ante la falta de estadísticas oficiales centralizadas y actualizadas sobre esta población.

El documento, elaborado por la procuraduría a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, señala que su objetivo es “dimensionar cuantitativamente y analizar las características de la población con discapacidad privada de libertad en cárceles federales, identificando los principales obstáculos para el acceso a derechos y los programas de atención y recursos disponibles en los establecimientos de detención”.

El trabajo se concentró en personas con discapacidad motora y/o sensorial. Los casos de discapacidad orgánica, intelectual y mental quedaron para etapas posteriores. Además, la PROCUVIN advirtió que los resultados no son representativos del conjunto de la población con discapacidad alojada en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y que la investigación continuará durante 2027.

Las tareas de campo se desarrollaron en el transcurso del corriente año, mediante entrevistas semiestructuradas a personas con discapacidad detenidas en algunas unidades o complejos penitenciarios. Todas las entrevistas se produjeron en el marco de inspecciones realizadas por PROCUVIN.

Tipos de discapacidad y obstáculos detectados: El relevamiento comprendió a 28 personas —27 hombres y una mujer—, de entre 25 y 74 años, con una edad promedio de 45 años, alojadas en los Complejos Penitenciarios II y V de Marcos Paz (Buenos Aires) y Senillosa (Neuquén), y en las unidades N°4 y N°13 de Santa Rosa (La Pampa), N°7 de Resistencia (Chaco), N°35 de Pinto (Santiago del Estero) y N°36 de Coronda (Santa Fe).

De la población entrevistada, surge que 12 personas (42,9%) tenían una discapacidad motora; 9 (32,1%), visual; 6 (21,4%), auditiva; y una (3,6%), visual y auditiva combinada.

En cuanto al origen de la discapacidad, 23 personas (82,1%) manifestaron que la habían adquirido antes de su detención, mientras que 4 (14,3%) señalaron que se había producido durante el encarcelamiento. En un caso (3,6%) no se informó su origen.

El informe también señala las dificultades para obtener o renovar el CUD. De las 28 personas entrevistadas, solo 8 (29%) manifestaron tener o haber tenido el certificado, mientras que 20 (71%) dijeron no contar con él. Esta situación dificulta el acceso a determinados recursos, como audífonos, prótesis, elementos de apoyo, pensiones, prestaciones y posibles empleos, entre otras cuestiones.

Otro de los problemas identificados fue la distancia entre las evaluaciones médicas y las respuestas efectivas. De las 23 personas que respondieron sobre la atención al ingresar al sistema penitenciario, 10 manifestaron que no habían sido evaluadas médicamente en ese momento. Además, 9 de las 12 que tenían indicación de un tratamiento específico señalaron que no lo recibían, mientras que 13 de las 18 que respondieron sobre controles médicos periódicos indicaron que no contaban con ellos.

La procuraduría especializada también destacó las dificultades para acceder a atención médica especializada —por falta de profesionales o por los inconvenientes para concretar traslados extramuros— y la falta de provisión, reparación o reemplazo de equipamiento auxiliar, como bastones, andadores, muletas y audífonos. En los casos en que se registró expresamente la necesidad de una ayuda técnica, 8 personas señalaron que necesitaban una y no la tenían.

A su vez, la falta de adecuación edilicia de las unidades y complejos genera dificultades para desplazarse desde las celdas hacia los sectores de recreación, los sanitarios, las duchas y los espacios destinados a cocinar, estudiar y trabajar.

Acceso a la educación y oportunidades laborales: El informe de la PROCUVIN también advierte que solo 15 de las personas entrevistadas (55,6%) participaban de actividades educativas. Sin embargo, lo hacen “en contextos que no contemplan una adaptación específica de personas con discapacidad visual o auditiva que necesitan ayudas técnicas y/o medidas de adaptación a su condición; personas que no pueden permanecer sentadas durante períodos prolongados; espacios no adaptados y dependencia de la ayuda de otros (personal penitenciario o compañeros de alojamiento) para garantizar la actividad”.

En cuanto al trabajo, solo 3 de las 28 personas entrevistadas (10,7%) manifestaron que desarrollaban alguna actividad laboral. Las demás señalaron que, pese a haber solicitado empleo, no habían obtenido respuesta porque no había puestos disponibles o consideraban que su discapacidad les impedía acceder a los pocos cupos existentes.

La PROCUVIN advirtió que esta situación no solo afecta las condiciones de vida durante el encarcelamiento, sino también la ejecución de la pena, ya que la imposibilidad de trabajar repercute en la calificación de las personas detenidas para acceder a la progresividad prevista en la Ley 24.660 sobre la pena privativa de la libertad.

Prisión domiciliaria: Otro de los aspectos abordados en el informe fue el acceso a medidas alternativas a la detención. De las 24 personas con discapacidad que respondieron sobre esta cuestión, 9 manifestaron haber solicitado alguna medida alternativa o prisión domiciliaria, pero hicieron referencia a solicitudes en trámite, rechazadas o realizadas tiempo atrás sin noticias posteriores.

En este contexto, el documento también destaca la Acordada 21/26 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 21 de agosto pasado, que encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo para sistematizar la evaluación del estado de salud de las personas privadas de libertad y las posibilidades concretas de recibir tratamiento en el establecimiento donde se encuentran alojadas, con el objetivo de aportar elementos técnicos para resolver los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud.

El reporte revela que, en relación con las personas con discapacidad privadas de libertad, la Acordada “reconoce expresamente que la detención carcelaria puede resultar inadecuada cuando implica un trato indigno, inhumano o cruel”.

Por Fiscales.gob.ar