La Justicia condenó a Esteban Mateo Bogdanich (expresidente comunal de Chovet) y María del Carmen Rosello Gómez. A cada uno se le impusieron dos años de prisión condicional, una multa de 50.000 pesos y la obligación de hacer donaciones mensuales a un SAMCo. El exfuncionario fue inhabilitado y no podrá volver a ejercer cargos públicos.
Judiciales09/10/2023
Daniel Espinoza
Se trata de Esteban Mateo Bogdanich y María del Carmen Rosello Gómez. A cada uno se le impusieron dos años de prisión condicional, una multa de 50.000 pesos y la obligación de hacer donaciones mensuales a un SAMCo. El exfuncionario fue inhabilitado y no podrá volver a ejercer cargos públicos. Por orden de los condenados, las obras en la dependencia policial fueron realizadas por un detenido, un ciudadano que debía cumplir tareas comunitarias y personal comunal chovetense.
Un expresidente comunal y una extesorera de Chovet (departamento General López) fueron condenados por haberse apoderado ilegítimamente de dinero que estaba destinado a la refacción de una subcomisaría. Se trata de Esteban Mateo Bogdanich y María del Carmen Rosello Gómez, de 66 y 68 años, respectivamente.
A los condenados se les impusieron dos años de prisión de ejecución condicional para cada uno. Además, de manera individual deberán abonar multas de 50.000 pesos y donar 3.000 pesos mensuales al SAMCo de Chovet. Por su parte, a Bogdanich se lo inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
La fiscal Susana Pepino estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos. Según informó, “tanto el exjefe comunal como la extesorera fueron condenados por la coautoría de estafa, administración fraudulenta, defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos privados y utilización de documentos privados”.
Subsidio provincial:
Pepino indicó que “los condenados cometieron los delitos en 2015, cuando eran funcionarios públicos chovetenses”. Precisó que “en julio de ese año recibieron del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado un subsidio de 300.000 pesos para llevar adelante una obra de reparación de techos y paredes de la subomisaría tercera de la localidad”.
La fiscal afirmó que “meses después se realizó un concurso de precios, hubo tres oferentes y resultó adjudicataria la cooperativa Juventud Trabajadora de Chovet”, y detalló que “se acordó que la asociación recibiría 142.000 pesos a cambio de las refacciones”.
“No obstante, las obras iniciaron sin la intervención de la cooperativa seleccionada, cuyos referentes no estaban al tanto del concurso”, planteó Pepino. “En realidad, Bogdanich y Rosello Gómez habían utilizado el nombre de la entidad para llevar a cabo la maniobra defraudatoria”, remarcó.
“Por orden de los condenados y sin recibir contraprestaciones económicas por las tareas, quienes repararon la dependencia policial fueron un hombre que estaba detenido allí, un ciudadano que debía cumplir tareas comunitarias en el marco de una suspensión de juicio a prueba y personal comunal eventual”, subrayó la funcionaria del MPA.
Por otro lado, Pepino enfatizó que “en abril de 2016, Bogdanich y Rosello Gómez dispusieron la confección de facturas electrónicas y recibos falsos que simulaban haber sido emitidos por la cooperativa Juventud Trabajadora”, y aclaró que “en los documentos no había ninguna firma de las autoridades de la asociación”.
“Finalmente, los entonces jefe comunal y tesorera extrajeron para sí los 142.000 pesos con los que debía abonarse la obra en la subcomisaría”, concluyó Pepino.
Responsabilidad penal: En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de Melincué, Bogdanich y Rosello Gómez reconocieron su responsabilidad penal y fueron condenados por el juez Eduardo Bianchini.
En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la modalidad elegida para llevar a cabo del juicio.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
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La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el beneficio que había sido otorgado a un condenado por tenencia con fines de comercialización y revirtió la declaración de inconstitucionalidad que había dictado el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca. Sostuvo que la exclusión se basa en un “criterio objetivo”, que es la gravedad de los delitos de la narcocriminalidad.
En la mañana de hoy (26/6), en la OGJ de Rufino, el Juez Martin Leonardo Maximiliano, condenó a C. A. B. con dos años y tres meses de prisión con ejecución condicional, además, dentro de las variadas normas de conductas, el sujeto deberá aprobar un curso de masculinidad que dicta la Universidad Nacional de Córdoba.
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Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.
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Fue en el marco de 22 allanamientos realizados en Santa Fe, Santo Tomé y Recreo. Hay 17 personas aprehendidas, además del secuestro de armas, droga y dinero en efectivo.
También pasó la motosierra por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
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