Se trata de domicilios ubicados en calle Misiones al 2100 y al 2200 de barrio Santa Lucía desde donde se pudo establecer que partieron los autores materiales de ambos crímenes ocurridos en marzo de este año.
Judiciales18/09/2024
Daniel Espinoza
Dos viviendas que funcionaban como puntos de venta de drogas fueron derribadas en la mañana de este miércoles por orden judicial en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico aprobada a fines de 2023, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, y que fue parte del paquete de acciones que el Ejecutivo provincial propuso para atacar el delito y la violencia.
En este caso, los inmuebles estaban ubicados sobre calle Misiones al 2100 y al 2200, en barrio Santa Lucía, y de dichos domicilios se pudo establecer que partieron los autores de los homicidios del colectivero Marcos Daloia, quien fue atacado a tiros el pasado 7 de marzo, y del playero Bruno Bussanich, asesinado el 10 de marzo en un brutal ataque en su lugar de trabajo.
En el lugar de los derribos, el fiscal Franco Carbone recordó que “habíamos pedido judicialmente el derribo de estas dos instalaciones, pero la jueza había considerado que el delito podía cesar con la inactivación de los lugares. Sin embargo, luego de las medidas, ambos lugares fueron intrusados por personas que siguieron cometiendo delitos por lo que recurrimos nuevamente a la justicia a solicitar el derribo de ambas instalaciones”.
Indicadores en retroceso; Por su parte, el fiscal Patricio Saldutti señaló que ambos domicilios “fueron identificados como lugares donde se cometían delitos, principalmente el de Misiones al 2100 se identificó como el centro de operaciones o la base de la cual partieron los autores que cometieron el homicidio del colectivero Marcos Daloia, y el domicilio de Misiones al 2200 cumplió los mismos fines para el homicidio del playero Bruno Bussanich”.
Vale recordar que ambos trabajadores fueron asesinados cuando se produjo la ola de narcoterrorismo de marzo pasado, como réplica de las bandas delictivas a las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno provincial, principalmente en las cárceles contra los jefes de narcos y sicarios. La situación de conmoción social, merced al trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, se pudo contener y revertir.
Por último, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, aseguró que “esta es una zona que históricamente tuvo una alta circulación de violencia” y a su vez indicó que “desde el gobierno de Santa Fe los indicadores de violencia vienen en claro retroceso pero vamos a seguir a fondo con esta política, particularmente con el Ministerio Público de la Acusación, que hoy nos ha llevado a derribar 30 puntos de venta de drogas en toda la provincia, de los cuales 25 fueron en Rosario. Y la decisión es seguir avanzando para que la ciudad no vuelva a sufrir lo que le tocó vivir en los últimos años”, concluyó.
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.
Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
El titular del organismo, José Ignacio Scotto, visitó instituciones deportivas de Río Bamba, Laboulaye y Villa Rossi. Las actividades se realizaron en el marco del programa Manos, una iniciativa que impulsa proyectos con impacto social en toda la provincia.
El reporte del tiempo de Sucesos indica para hoy, viernes 14 de noviembre, una jornada mayormente predominada con cielo despejado, además, establece temperaturas de entre 16 y 31°C.
La medida, enmarcada en un presunto desvío de calidad, alcanza a todo el territorio nacional y responde a una investigación en curso
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país, la Gendarmería Nacional Argentina, desarticuló una operación transnacional tras el hallazgo de una avioneta siniestrada y la detención de Brian “Barba” Bilbao, uno de los capos narcos rosarinos más buscados de la Argentina.
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
