Con eje en el derecho a la protección, representantes de Organizaciones expusieron ante la Comisión que preside el diputado Daniel Arroyo (UxP).
Nacional15/10/2024
Daniel Espinoza
En el marco de una reunión informativa, Amalia Gamio, integrante del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, informó que “la brecha entre los niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación en igualdad de condiciones con los demás es un gran reto”. “Necesitamos medidas para promover el ejercicio de este derecho sin discriminación, como programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza”, consideró.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Belén Arcucci, explicó que “el Programa de las Pensiones no Contributivas es uno de los seis entre los que se distribuye el presupuesto”; mientras que Livia Ritondo, directora General de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “la inclusión real de las personas con discapacidad requiere que se eliminen las barreras para que quienes tengan deficiencias físicas, mentales y sensoriales”, y de este modo, “puedan participar plena y efectivamente en la sociedad”.
Luego, Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, sostuvo que “Argentina tiene una vacancia legislativa en esta materia”, al especificar que “los niños y niñas que están en situación de discapacidad tienen una doble vulnerabilidad”.
En la misma línea, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó la necesidad de “una nueva ley que cambie el panorama: una solución de base, para poder mirar para adelante”.
Durante el encuentro de hoy, que estuvo presidido por el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y fue la última de todas las reuniones del caso, se avaló con trece votos afirmativos la incorporación al expediente de nuevas pruebas a solicitud de los legisladores.
Un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos revela un fuerte deterioro interanual en la relación insumo-producto para trigo, maíz y, especialmente, arroz. Influyen los menores precios de los granos y el repunte internacional del valor de la urea.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, junto con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, sostuvo que el Estado Nacional se hará cargo de la emergencia y anunció el envío de recursos nacionales para asistir a las zonas afectadas por las inundaciones del Río Salado en la provincia de Buenos Aires.
La Aduana realizará nuevos remates con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente
Fueron habidas en distintas localidades, en el marco del procedimiento desplegado por la Secretaría de Captura de Prófugos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Basada en el uso de carbón vegetal producido a partir de materia orgánica, esta técnica permite reducir en más de la mitad las concentraciones de estos contaminantes. Además de ofrecer una posible solución para comunidades con poco acceso al agua potable, brinda una alternativa para el descarte de subproductos de distintas actividades industriales.
“Ahora van por las provincias, en el Estado nacional no queda nada por recortar. El Pacto de Mayo se va a traducir no sólo en recortes salariales y despidos, sino en la destrucción de las ya deterioradas economías regionales”, explicó Rodolfo Aguiar.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana, viernes 31 de octubre, una jornada con cielo despejado que podría estar afectada con la llegada de intervalos nubosos, además, establece temperaturas de entre 11° la mínima y 25°C de máxima.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que el día lunes 3 de noviembre comienza el pago al personal estatal de toda la provincia,
Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
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