Daniel Espinoza
Resulta que desde Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe) manifestaron su desacuerdo con las sumas fijas recibidas y piden una recomposición salarial.
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Pese a la medida de fuerza, desde Festram garantizaron que se cumplirán con los servicios de guardias mínimas con el respeto de todos los protocolos en esta etapa de pandemia.
Ante el paro de los empleados municipales, el Gobierno santafecino decretó una concilación obligatoria y fijó "audiencia para el día miércoles 9 de septiembre a las 10:00 por sistema de aplicación digital".
A través de un comunicado Festram aseguró: "No hay ningún compromiso de actualización de las vergonzosas Asignaciones Familiares y la protección de la salud laboral ha empeorado notoriamente, avanzando con casos de Covid-19 en el ámbito de municipios y comunas".
Luego prosiguió: "A esto se agrega la decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores y trabajadoras santafesinas al Covid-19 como enfermedad profesional, lo que deja expuesta la precariedad con que muchos compañeros y compañeras están desarrollando su labor".
"Lamentablemente, durante el presente año y en especial en esta Pandemia, los trabajadores y trabajadoras municipales han sido gravemente vulnerados en sus derechos, debiéndose mencionar puntualmente localidades como Avellaneda, San Carlos Centro, Las Rosas, San Javier, Ceres, Carlos Pellegrini, y Cañada Rosquín. En todos los casos desconocieron al Ministerio de Trabajo y las medidas dispuestas por este organismo, con el agravante que este Ministerio provincial no actuó en consecuencia. Las decisiones de estas Administraciones, no sólo pusieron en riesgo la salud de sus trabajadores, sino también del conjunto de la comunidad", sostuvo.
Asimismo, el sindicato señaló que "la obligación de hacer trabajar empleados con comorbilidades –continúan–, mayores de 60 años, despidos de trabajadores informales, quitas de suplementos y adicionales, y presiones con ayuda de fiscales y policías constituyen, además, causales suficientes para ejercer el derecho constitucional a huelga, y advertir sobre estas actitudes autoritarias de los/as titulares de municipios y comunas".
Para finalizar, desde el gremio concluyeron: "El Ministerio, que debería estar al servicio de los derechos de los trabajadores, se utiliza como mecanismo de presión para imponer los intereses patronales de intendentes y presidentes comunales, que abiertamente han desafiado la propia autoridad provincial. El desconocimiento por parte de los mismos a este organismo de conciliación lo hace inviable para encontrar un espacio de negociación imparcial".
