Cuatro años de prisión efectiva a un hombre que incendió un camión en Venado Tuerto

El Juzgado Federal N°1 de esa ciudad dispuso el llamado a declaración indagatoria del exdirector del organismo fiscal, Carlos Vaudagna; de un inspector; y de otras nueve personas, entre ellas, un abogado y un escribano. Se investigan presuntas maniobras para beneficiar en 2017 a una empresa constructora durante una fiscalización tributaria.

La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello, en línea con lo planteado por el fiscal Franco Picardi, quien lleva adelante la pesquisa. Además, se le fijó a Diego Spagnuolo un embargo de 202 mil millones de pesos. El fallo judicial incluye los procesamientos de otras 18 personas. “Se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares”, se detalló.

“Fernando Sabag Montiel ejecutó un ataque a traición, haciéndose pasar por un simpatizante de Cristina Fernández que quería acercarse a saludarla. Ni ella ni los custodios que estaban a su alrededor podían preverlo, y no hubo ni se dispuso de una defensa para un atentado perpetrado bajo tales condiciones”, remarcaron las representantes del Ministerio Público Fiscal, que resaltaron que debían aplicarse los agravantes de alevosía y de violencia de género en el caso.

Se trata de Carlos Marcelo Montenegro, de 46 años, quien vulneró a la víctima en la época en la que ella iba a la escuela primaria. La sentencia fue dispuesta en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Melincué. El monto de la pena resultó de la unificación con una condena anterior. La fiscal Susana Pepino representó al MPA en el debate.

Le dictaron la prisión preventiva, aunque queda en suspenso por la inmunidad de arresto que goza como magistrado. También le trabaron embargo sobre sus bienes por 200.000 dólares. Para el juez Carlos Vera Barros está acreditado que realizó “un pacto espurio” junto a un financista y a un escribano, durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios y pueda girar 10 millones de dólares a cuentas del exterior.

La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.