De acuerdo con la pesquisa, durante un año y medio subalquilaron inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, quien estaba prófugo del fuero federal de Córdoba y fue detenido en un departamento donde tenía una “cocina” de droga. La fiscalía marcó la importancia de investigar la cobertura con la que cuentan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Judiciales22/04/2025
Daniel Espinoza
El juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrígues Da Cruz, tuvo por formalizada la investigación contra dos mujeres, madre e hija, acusadas de subalquilar alternadamente cinco inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, un hombre que se mantuvo prófugo en causas por narcotráfico durante dos años y que el mes pasado fue condenado junto a su pareja por regentear una incipiente “cocina” de droga en un departamento de la ribera norte de esa ciudad.
A instancias de los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, integrantes de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, las dos mujeres, identificadas como Andrea O. y Camila P.C., fueron imputadas por los delitos de encubrimiento agravado, en calidad de coautora y partícipe necesaria, y se les impusieron reglas de conducta mientras transitan la investigación del caso en libertad.
La instancia de formalización de la investigación demandó dos audiencias orales y públicas, que se desarrollaron el 18 de marzo y el 1° de abril.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre al que ambas mujeres habrían encubierto, Ortigoza, fue detenido el 1° de octubre pasado al salir de uno de los departamentos que arrendaba, ubicado en Carballo al 500, donde regenteaba una "cocina" de droga. En marzo pasado fue condenado en un juicio abreviado a 4 años y 6 meses de prisión como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, mientras que su pareja, Keila Jazmín Santos Lenz, recibió 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria de los mismos delitos.
Auxilio para permanecer oculto: La ampliación de la investigación respecto de la logística que tenía Ortigoza para mantenerse oculto condujo a los fiscales Benetti y Cruz Alberdi hasta ambas mujeres, a quienes imputaron por “haber ayudado a Ortigoza a eludir las investigaciones federales de las que se encontraba prófugo desde el 2022, y a sustraerse de la acción de autoridad proporcionándole lugares donde vivir sin tener que entregar datos registrales, todo ello con conocimiento de que estaba prófugo”.
Durante las audiencias, el fiscal Benetti contextualizó la cobertura que poseen ciertos actores de la narcocriminalidad. “A la Unidad de Delitos Complejos le parece un caso importante, porque se inició con el descubrimiento de una cocina de cocaína en una de las zonas residenciales más exclusivas de Rosario, montada por una persona que tenía dos pedidos de captura por narcotráfico”, indicó.
Luego se refirió a la gravedad de la conducta desplegada por las imputadas remarcó: “No solo permitió que esa persona se evada de la justicia, sino que continúe con su accionar. Hay elementos para asegurar que la señora Andrea O. conocía personalmente a Ortigoza y sabía que tenía problemas con la justicia y no podía alquilar, le prestó auxilio al menos por un año y medio y se benefició económicamente”.
La "cocina" funcionó en el último de los departamentos alquilados por Ortigoza, en el décimo piso de un edificio situado en Carballo al 500 de Rosario. Fotos: Policía de Investigaciones de Santa Fe
De Roldán a Granadero Baigorria, y el final en la ribera rosarina
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Andrea O. fue la encargada de subalquilar a Ortigoza cinco inmuebles, al menos entre abril de 2023 y hasta el momento de su detención, el 1° de octubre de 2024: dos en la ciudad de Roldan, situada a 25 kilómetros de Rosario; uno en Granadero Baigorria, 15 kilómetros al norte de Rosario; y los otros dos en Rosario. El último fue el escenario en el que se descubrió el montaje de una "cocina" de cocaína.
Los fiscales además imputaron a la hija de la mujer el haber suscripto el contrato de locación temporario de este último departamento con el fin de ocultar la verdadera identidad del inquilino. Los hechos imputados fueron calificados como encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro, en carácter de autora, en el caso de Andrea, y de partícipe secundaria, en el de su hija.
“Mientras me cumplas, no hay problema”: Los fiscales expusieron el cruce de conversaciones telefónicas que demuestran el conocimiento que tenían ambas mujeres sobre la situación de Ortigoza. Una de ellas, extraídas del teléfono de Andrea, fue remitido el 6 de mayo de 2023 por Ortigoza: “Soy inteligente, por algo me dicen Spiderman que me escapo de los edificios, no voy a saber poner eso, me extraña Andrea”.
El 29 de mayo de 2023 Andrea O. le remitió a Ortigoza un audio: “Escuchá, el de Puerto Norte es más caro. Te lo puedo dejar en 150. Mañana podrías ingresar… Con alguien con el documento. Tiene que ser una persona que hace un pequeño contratito. Esta chica, con un documento que esté bien, ¿Entendés? Que no tenga nada en el Google, que no vean que tiene ningún problema. A lo mejor la chica tuya y después vas vos. Ese va a estar libre”.
Los fiscales resaltaron que esa comunicación dejó en claro que se debía mantener a resguardo la identidad de Ortigoza, porque una búsqueda de su nombre en Google hubiera permitido conocer que ya existían al menos dos notas periodísticas que lo mencionaban como prófugo del fuero federal de Córdoba.
También repasaron un mensaje remitido el 10 de junio de 2023 por Ortigoza: “Si te llegan a preguntar algún día donde estoy, no le digas a nadie, con eso no quiero saber nada”. El mismo día el condenado hizo referencia a su interlocutora, en otro mensaje, a una vivienda que no le agradaba: “El lugar donde me mandaste que te alquilé por dos días no me sirve, es feo, te digo la verdad, ese loft, son lugares feos, no quiero ir donde está quemado… ¿Vos me entendés lo que te quiero decir?”.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Andrea O. fue la encargada de subalquilar a Ortigoza cinco inmuebles, al menos entre abril de 2023 y hasta el momento de su detención, el 1° de octubre de 2024: dos en la ciudad de Roldan, uno en Granadero Baigorria y los otros dos en Rosario.
Veinte días después, Ortigoza volvió a escribirle a la mujer: “Te voy a ser honesto, no puedo ir a un lugar que esté re quemado, ¿entendés? Esos lofts que vos tenés en el barrio que me mandaste el otro día no voy ni loco, tiene que ser otro lugar, que se yo, como la casa esa de la esquina que me habías mandando vos era lindo lugar y estaba bien”.
La fiscalía puso de relieve un nuevo mensaje de Ortigoza enviado el 6 de julio de 2023, pues deja en evidencia que la acusada conocía su condición de prófugo: “Escuchá, Maxi. Borrá el mensaje. Yo también lo borro. A mí no me importa lo que cada uno hace, la vida de cada uno… Mientras no me traiga problemas, te entiendo perfecto y me parece bárbaro. Mientras me cumplas no hay problema… En cuanto a la otra casa que yo te ofrezco, es una persona conocida mía donde no sabe de todas estas cosas. Se muere, se infarta. Así que quedate tranquilo, que cero problema”.
Para reforzar la imputación, los fiscales expusieron los chats entre Andrea O. y el operador inmobiliario que le alquiló el departamento de avenida Carballo al 580 para que, supuestamente, lo ocupara su hija. En la audiencia se exhibió un contrato de locación donde la mujer aparece como locadora y su hija como locataria.
Ese documento establece el 22 de junio de 2024 como fecha de ocupación. El agente inmobiliario consultó puntualmente si el departamento era para la hija y la mujer respondió afirmativamente, tras lo cual entregó copia de DNI y número de teléfono de Camila P.C.
En una comunicación, la principal acusada luego informó al agente que Camila no se sentía cómoda y que al departamento alquilado se mudó su prima. De acuerdo con lo averiguado en la pesquisa, con el correr de los días el operador inmobiliario detectó que una pareja había ocupado en el departamento y frente a ello le pidió explicaciones a Andrea, quien asumió que su hija no vivía más en el lugar.
En su declaración en el caso, el agente recordó que, sobre el final del contrato, como no se pagaban las expensas, Andrea le facilitó el contacto de Ortigoza, quien finalmente admitió que subalquilaba el departamento.
Tras describir la teoría del caso y encuadrar los hechos legalmente, los fiscales solicitaron al juez Rodrígues Da Cruz la imposición de medidas de coerción personal para asegurar la comparecencia de las imputadas. Solicitaron en tal sentido que presten promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; de fijar domicilio e informar en caso de mudanza; y de informar al tribunal en caso de que se ausenten del país.
El juez hizo lugar a la formalización de la investigación contra las mujeres y les impuso las medidas de coerción requeridas por un plazo de 90 días.
Por Fiscales.gob.ar
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
En un juicio de trámite abreviado, Marisol Saavedra Chungara, dos de sus hijos y otros dos colaboradores, recibieron penas de 4 a 8 años de prisión por tráfico y transporte de estupefacientes. El caso ocurrió en enero de 2022 y fue conocido como el “narcobombardeo”, porque la organización arrojaba bultos con cocaína a campos, desde avionetas que emprendían vuelos clandestinos desde Bolivia.
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el beneficio que había sido otorgado a un condenado por tenencia con fines de comercialización y revirtió la declaración de inconstitucionalidad que había dictado el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca. Sostuvo que la exclusión se basa en un “criterio objetivo”, que es la gravedad de los delitos de la narcocriminalidad.
En la mañana de hoy (26/6), en la OGJ de Rufino, el Juez Martin Leonardo Maximiliano, condenó a C. A. B. con dos años y tres meses de prisión con ejecución condicional, además, dentro de las variadas normas de conductas, el sujeto deberá aprobar un curso de masculinidad que dicta la Universidad Nacional de Córdoba.
“Vamos a defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe”. El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti.
Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.
La detención se produjo en un bar de la ciudad (Santa Fe al 400) durante la noche de ayer, previamente, intentó emprender la huída por el patio trasero del comercio.
En sólo siete días se registraron seis donaciones de órganos y tres de tejidos en efectores santafesinos, un logro con escasos precedentes en la historia de la procuración.
También pasó la motosierra por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
El hecho fue descubierto el martes pasado y por el momento no hay sospechosos detenidos. “Es indignante”, dijo el jefe comunal, Héctor Perotti
