Daniel Espinoza
La Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto imputó a un médico y a un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright, sur de la provincia de Santa Fe, por el suministro ilegal de estupefacientes y el ejercicio ilegal de la medicina. Se trata de un caso que se inició en el marco de una investigación por una supuesta defraudación contra el PAMI.
Tras un allanamiento que se realizó en el domicilio particular de ambos, bajo la sospecha de que funcionaría allí un consultorio clandestino, se hallaron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos que habrían utilizado para prácticas médicas.
En una audiencia oral y pública celebrada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez de garantías Aurelio Cuello Murúa, el fiscal Federico Reynares Solari, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto, la fiscal coadyuvante de esa Sede Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada junto con el fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA Martín Uriona formalizaron la investigación penal respecto de conductas ilícitas atribuidas al médico y al enfermero, que quedaron en prisión preventiva por 90 días.
Facturación apócrifa y consultorio clandestino: El caso comenzó como un desprendimiento de una investigación a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, en la que se detectaron hechos de defraudación en perjuicio del PAMI, entre 2023 y 2024, con facturación de prácticas médicas a afiliados que nunca recibieron la atención.
En ese legajo, y tras el allanamiento, requerido por los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa de la Unidad Fiscal Rosario, de la vivienda donde residen ambos imputados, se secuestró gran cantidad de fármacos de exclusivo uso intrahospitalario.
Foto: Policía Federal Argentina.
Durante la inspección, se constató que en el lugar funcionaría una instalación médica sin autorización. Según advirtieron los fiscales, las ampollas de fentanilo y morfina incautadas fueron desviadas del canal lícito de comercialización. En ese sentido, tuvieron en cuenta que ni el lugar ni los imputados tenían autorización alguna para la adquisición de ese material y que esos estupefacientes, en la modalidad de citrato y de clorhidrato, son de uso intrahospitalario exclusivo.
Además de esa irregularidad, se les atribuyó a los profesionales haber ejercido ilegalmente la medicina en forma particular y habitual en la vivienda referida, sin contar con las condiciones de edilicias, sanitarias o de salud necesarias y sin habilitación. La actividad se desarrolló desde una fecha aún no determinada hasta el 11 de junio pasado, cuando se formalizaron los allanamientos.
Encuadre: Según expresaron los fiscales, al médico se lo considera autor del delito de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica y con destino ilegítimo, y al enfermero partícipe necesario, conforme el art. 9 de la ley 23.737. Además, fueron considerados coautores del delito de ejercicio ilegal de la profesión, previsto en el artículo 208 inciso 1 del Código Penal de la Nación.
Entre las circunstancias que describieron los fiscales para sostener la imputación, enumeraron que en la vivienda se encontraron además del fentanilo y la morfina, bisturíes, jeringas y medicamentos en ampollas, como diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina y penicilina.
También se hallaron un descartador hospitalario, frascos de penicilina, ampollas de vacuna para dengue y antigripales, dos notebooks, una computadora de escritorio, un teléfono celular, talonarios para recetas y para estudios de laboratorios.
En el lugar, se incautaron blocks con carátulas de “electrocardiograma”, agendas, cuadernos y carpetas con anotaciones, talonarios de recibos de pago, un posnet, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (dólares y reales), un tensiómetro, un desfibrilador, pinzas para electrocardiogramas, estetoscopios y pasaportes a nombre de los imputados.
Afectación: Al exponer la gravedad del caso, el fiscal Reynares Solari subrayó que este tipo de hallazgo en una localidad como Wheelwright dejó en evidencia "las afectaciones al bien jurídico y a los intereses públicos" y resaltó que el caso comenzó en el marco de una investigación por "una maniobra defraudatoria contra un organismo nacional del ámbito de la seguridad social".
“Lo que hemos encontrado es un punto de partida. Pero todo nos autoriza a presumir con fundadas razones de que quizás en algún momento tengamos que venir a realizar otra audiencia para agregar otra tipicidad prevista y penada en la ley 23737. Nuestra teoría del caso indica que finalmente vamos a obtener certeza de que la morfina y el fentanilo fueron obtenidos en abuso de posiciones para las cuales el Estado había depositado en estas dos personas una confianza particular”, expuso
Durante la audiencia, la fiscalía indicó que se ordenaron medidas para determinar la trazabilidad del fentanilo y la morfina, para lo cual se solicitó información al Ministerio de Salud de la Nación y a las empresas farmacéuticas responsables de la producción de las ampollas.
El juez Cuello Murúa resolvió dar por formalizada la investigación en los términos planteados por el MPF y, en sintonía con lo solicitado, ordenó la prisión preventiva por el plazo de 90 días.
Fraude millonario: La detención de los profesionales ocurrió en el marco de una investigación por maniobras adjudicadas al médico que se desempeña en la localidad de Acebal. El profesional afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025, lo cual resultó llamativo, ya que la mayor parte de los afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron efectivamente abonados por PAMI al profesional. Se determinó que el cardiólogo registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial y una serie de estudios, como electrocardiogramas y holter.
La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del MPF, cuyo titular es el fiscal Arzubi Calvo, luego de haber detectado a un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico de Acebal.
El jueves de la semana pasada se realizaron al menos cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright, específicamente en domicilios vinculados a los consultorios médicos en los que atendía el profesional, además del realizado en su domicilio particular. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Carlos Vera Barros a solicitud de los fiscales Montefeltro y Sosa, con intervención de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA).
Por Fiscales.gob.ar
