La cautelar fue dispuesta a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada de forma remota esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 20 años y sus iniciales son ATV. Además, se le atribuyó la autoría de los delitos de falso testimonio y tentativa de estafa procesal.
Judiciales29/04/2025
Daniel Espinoza
Quedó en prisión preventiva un hombre de 20 años, cuyas iniciales son ATV, al que se investiga como autor de una falsa denuncia en Rufino. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada de forma remota en los tribunales rufinenses.
La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, indicó que “si bien la Defensa propuso medidas alternativas, la magistrada consideró que estaban acreditadas las condiciones necesarias para hacer lugar a nuestro requerimiento”.
Florit precisó que “la jueza dispuso la prisión preventiva hasta el 5 de mayo próximo a los fines de completar la investigación y presentar la acusación correspondiente”.
Un celular: La fiscal precisó que “alrededor de las 2:20 de la madrugada del jueves de la semana pasada, el imputado se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar que le habían sustraído un teléfono celular”.
“Manifestó que tres hombres lo habían interceptado en la vía pública y lo habían amenazado con un cuchillo para robarle el dispositivo”, detalló Florit.
La representante del MPA relató que “el imputado dijo que podía reconocer a uno de los involucrados y que además sabía el lugar en el que estaban”.
“Luego se realizó una requisa voluntaria en el domicilio indicado, donde se procedió al secuestro de un teléfono y se realizó el traslado a sede policial de algunas personas”, informó Florit.
La funcionaria sostuvo que “luego de tomar testimonios, analizar imágenes de cámaras de vigilancia y de distintas diligencias investigativas, se pudo comprobar que ATV había vendido el teléfono a uno de los hombres al que denunció como autor del supuesto robo”.
“El imputado no solamente realizó una falsa denuncia y cometió el delito de falso testimonio, sino que además intentó estafar a la persona que le compró el móvil, y quiso engañar a los funcionarios de la policía, del MPA y del Poder Judicial que intervinieron”, manifestó Florit.
Delitos: Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de falsa denuncia, falso testimonio agravado (por ser prestado en causa criminal) y tentativa de estafa procesal.
El tribunal consideró acreditado que Matías Ernesto “Bicho” Álvarez mandó a matar a Erika Avalos, quien recibió 17 disparos a fines de diciembre de 2022 en Firmat, en el marco de un ejercicio de extrema violencia para el control de la comercialización de drogas en ciudades del sur de la provincia de Santa Fe.
Así fue dispuesto ayer a pedido del fiscal Mauro Menéndez. Los imputados tienen 22 y 19 años y sus iniciales son DPV y REB, respectivamente. De acuerdo con la atribución delictiva, cometieron los ilícitos el viernes de la semana pasada junto con un adolescente. A su vez, la víctima es investigada en el marco de otro legajo penal y desde ayer también está privada de su libertad como medida cautelar.
Imputaron por contrabando de estupefacientes y dictaron la prisión preventiva para un tripulante del buque en el que se halló casi media tonelada de cocaína en el puerto de San Lorenzo. La audiencia de formalización fue realizada el viernes pasado. Otros 19 tripulantes continúan bajo investigación y se dictaron medidas de coerción. La embarcación provenía de Emiratos Árabes y su destino final era Ámsterdam.
Al funcionario judicial le dictaron la prisión preventiva y le inhibieron bienes por $1.500 millones. En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Esa medida queda en suspenso hasta que se defina en el jury de enjuiciamiento un eventual desafuero.
El vehículo con la droga fue interceptado en noviembre de 2024 en la autopista Rosario-Santa Fe. El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Santa Fe y se llegó a cuatro acuerdos plenos. Las condenas fueron de hasta 6 años y medio de prisión e incluyen multas que sumadas alcanzan los $33.800.000. Hay otras dos personas acusadas que no acordaron con la fiscalía e irán a juicio oral.
De acuerdo con la pesquisa, durante un año y medio subalquilaron inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, quien estaba prófugo del fuero federal de Córdoba y fue detenido en un departamento donde tenía una “cocina” de droga. La fiscalía marcó la importancia de investigar la cobertura con la que cuentan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Con un nuevo escenario comercial global impuesto por el conflicto entre Estados Unidos y China, el complejo exportador de carnes y cueros argentino cambia la mirada y se ubica en un lugar estratégico en el que suma expectativas.
La procuraduría a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili dio a conocer el documento "Mecanismos de acceso a la Justicia para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la violencia institucional". Incluye información relativa a organismos, tanto federales como provinciales, donde se pueden presentar denuncias, con el fin de contribuir a un mayor acercamiento entre las instituciones y sus destinatarios.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó que ya se encuentra acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía.
La provincia será el punto de encuentro para especialistas nacionales que llegarán para las terceras Jornadas de Medicina de Precisión aplicada a la Oncología, que se realizan este mes, en Cemafé.
El tribunal consideró acreditado que Matías Ernesto “Bicho” Álvarez mandó a matar a Erika Avalos, quien recibió 17 disparos a fines de diciembre de 2022 en Firmat, en el marco de un ejercicio de extrema violencia para el control de la comercialización de drogas en ciudades del sur de la provincia de Santa Fe.
