El tribunal consideró acreditado que Matías Ernesto “Bicho” Álvarez mandó a matar a Erika Avalos, quien recibió 17 disparos a fines de diciembre de 2022 en Firmat, en el marco de un ejercicio de extrema violencia para el control de la comercialización de drogas en ciudades del sur de la provincia de Santa Fe.
Judiciales12/05/2025
Daniel Espinoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua a Matías Ernesto “Bicho” Álvarez, de 37 años, por haber ordenado desde la cárcel una serie de extorsiones y el homicidio de la joven Érica Ávalos, de 25 años, quien recibió 17 disparos cuando transitaba en la vía pública en Firmat, provincia de Santa Fe, en la madrugada del 28 de diciembre de 2022.
El veredicto fue dictado el 14 de abril pasado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. Los fundamentos de la sentencia se conocieron el 23 de abril. En fallo unánime, Álvarez fue considerado autor del delito de extorsión en dos hechos consumados y en uno en grado de tentativa, en concurso real con el de homicidio calificado por ensañamiento y agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor por determinación.
La decisión fue dictada en línea con el requerimiento del fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero. El juicio había comenzado el 19 de marzo pasado en los Tribunales Federales de Venado Tuerto.
Desde prisión: Los jueces concluyeron que la participación de Álvarez en los hechos de extorsión “no solo surge del testimonio contundente de las víctimas, que de modo valeroso han prestado su declaración. También queda clara por el tenor de los audios incorporados a la causa, no solo referidos a esos episodios sino también a otros que arrojaron otras víctimas, una de ellas fallecida”.
En el voto del juez Ferrero, al que adhirieron sus colegas, se retomó la postura del fiscal en los alegatos de apertura, en relación a que “el acusado digitaba las conductas de otras personas que se encontraban bajo sus órdenes, pese a encontrarse detenido en una unidad penitenciaria [la Unidad Penal N°6 de Rawson, Chubut] a mucha distancia de donde ocurrieron los hechos”.
El juez marcó que esa intervención fue posible con “la utilización de aparatos de telefonía celular, que le daba el dominio del hecho, debido al poder que ejercía sobre los ejecutores materiales de las extorsiones. Se trata lamentablemente de un modo de operar de las organizaciones narcocriminales, aun cuando sus cabecillas se encuentran detenidos, que no ha impedido que, connivencia interna mediante, puedan continuar con sus arreglos comerciales desde el Servicio Penitenciario donde se encuentren”.
Imagen de archivo - Ilustrativa.
En tal sentido, el tribunal concluyó que “la intervención de Álvarez en los sucesos ha sido examinada en base a diversos testimonios y elementos de criterio, como audios y capturas de pantalla obtenidos de teléfonos móviles. Y no dejan dudas en cuanto a que fue quien pergeñó el plan delictual para concretar las extorsiones y provocar la muerte de Ávalos mediante la utilización de un arma de fuego y en las condiciones cruentas en que finalmente ocurrió”.
“El acusado digitaba las conductas de otras personas que se encontraban bajo sus órdenes, pese a encontrarse detenido en una unidad penitenciaria a mucha distancia de donde ocurrieron los hechos”, sostuvo el tribunal.
La acusación por homicidio
Durante el debate, el fiscal Reynares Solari narró el homicidio que desencadenó la investigación. Explicó que a las 3.30 del 28 de diciembre de 2022, en inmediaciones de las calles San Juan y Tiro Federal de Firmat, Ávalos fue abordada por dos hombres que se desplazaban en moto, quienes le efectuaron 17 disparos de arma de fuego.
Explicó que la víctima murió tres días después, el 31 de diciembre, en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, donde había sido trasladada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y múltiples heridas.
Imagen de archivo - Ilustrativa.
“Si bien no existe una prueba directa y específica sobre la autoría de Álvarez respecto al homicidio de Ávalos, a lo largo de todo este juicio oral y público hemos presentado una serie de indicios serios, contundentes y concordantes sobre su participación”, enfatizó el fiscal.
Y señaló que “se pudo realizar un recorrido sobre el dominio que ejercía desde su lugar de detención para perpetrar un homicidio que ocurrió a 1.354 kilómetros de distancia”.
Las extorsiones y las amenazas: Por otro lado, el tribunal valoró las pruebas esgrimidas por el fiscal para demostrar las extorsiones cometidas por Álvarez, que culminaron con el arresto de dos miembros de su organización, Emanuel Romero e Iván Mayotto, en diciembre de 2022, cuando se acercaron al domicilio de los dueños de una remisería y buscaron “la plata del negro Matías”.
De acuerdo a la identificación que hicieron las víctimas de las extorsiones, Álvarez las contactaba por videollamadas desde prisión para exigirles la entrega de dinero.
Los jueces valoraron que varios testigos policiales, además, dieron cuenta de esa situación respecto a quién había encargado la extorsión, y que María L. (pareja de Iván Mayotto) “era la encargada de juntar plata para Álvarez”, un dato corroborado con un peritaje realizado al celular Samsung SM-G530M secuestrado a Romero.
“Las órdenes las daba Álvarez desde su lugar de detención con una línea telefónica con característica de la localidad donde estaba detenido. Se pudo corroborar que la utilizaba para continuar ejerciendo el dominio territorial y el manejo de los negocios ilícitos”, expuso la fiscalía.
Imagen de archivo web - Ilustrativa.
Como antecedente relevante, citó la denuncia que hizo Micaela B., pareja de Álvarez, a quien mandó a balear. La víctima había relatado que el imputado la contactó por teléfono desde prisión y que le ordenó que se tomara un remis para trasladarse a un punto de Firmat, donde la esperaba un hombre para entregarle dinero.
“La intervención de Álvarez en los sucesos ha sido examinada en base a diversos testimonios y elementos de criterio, como audios y capturas de pantalla obtenidos de teléfonos móviles. Y no dejan dudas en cuanto a que fue quien pergeñó el plan delictual para concretar las extorsiones y provocar la muerte de Ávalos", marcaron los jueces.
Al llegar, la mujer recibió una videollamada de Álvarez: “Viste hija de puta que yo te iba a matar”, le dijo el ahora condenado, y en ese momento ordenó al tirador “mandale plomo”. La mujer resultó herida de dos disparos en las piernas, pero logró huir en el remis.
La fiscalía marcó que ese hecho fue un presagio del homicidio por el que se acusó a Álvarez, y le otorgó credibilidad a su autoría, sobre todo por un audio que le envío a Avalos días previos a ser asesinada, reproducido en las audiencias: “Si a Micaela le di dos tiros, a vos, loca, te mando al hospital de una. A vos van todos en la panza”.
Otro elemento también ponderado por el tribunal fue que, dos días antes de ser asesinada, la propia víctima le refirió a una hermana por mensajes de Facebook el temor que sentía por su vida. Las capturas de pantalla ofrecidas como prueba fueron elocuentes: “Me van a matar, se pudrió todo, me tengo que ir”.
Un condenado con antecedentes: Álvarez fue detenido en 2022 en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes en Venado Tuerto, Firmat y localidades del sur de Santa Fe.
En abril de 2023 el TOF N°2 de Rosario lo condenó a 15 años de prisión como autor de los delitos de organizador y financista de una banda narcocriminal, tenencia con fines de comercialización y transporte de estupefacientes, e instigador de disparos de arma de fuego.
Sin embargo, tenía pendiente la acusación por las extorsiones y el crimen de Ávalos. Los hechos fueron investigados por la Unidad Fiscal Firmat del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial, que imputó a dos hombres por las extorsiones, y a Álvarez por homicidio calificado por ensañamiento, agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor por determinación.
El fuero provincial se declaró incompetente, y en junio de 2023 remitió los legajos al Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde finalmente prosiguió el caso.
Por Fiscales.gob.ar
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.
Se trata del ciudadano peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, a quien le unificaron diferentes condenas por narcocriminalidad en una pena única de 21 años de prisión, y del contador Gustavo Shanahan, condenado a 7 años de prisión. El tribunal revisor se pronunció en línea con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechacen los recursos de las defensas de los cinco condenados en un proceso oral y público concluido en 2023.
Las cautelares fueron dispuestas a pedido del fiscal Damián Cassullo, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Las personas a las que se investiga son dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 30 años. Se les atribuyeron robos en locales comerciales y en una vivienda, así como intimidaciones violentas hacia las víctimas, dos de las cuales fueron privadas ilegítimamente de su libertad durante los ilícitos.
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.
“A este Gobierno no le podemos dar tregua y vamos a concurrir a la negociación movilizados. Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”, sostuvo Rodolfo Aguiar.
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
Durante la madrugada, personal policial de Rufino detuvo a un sujeto de 21 años de edad, acusado de estafa, hurto y violación de domicilio ubicado en calle San Juan al 400, Rufino.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la cifra inflacionaria registrada durante el mes de mayo en Argentina, acumulando un 43,5% interanual.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) informó que el Plenario de secretarios generales decidió aceptar el 8% ofrecido por el Gobierno provincial.
