Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
Judiciales12/06/2025
Daniel Espinoza
La Unidad Fiscal Santa Fe imputó y logró que se dicte la prisión preventiva para los dos tripulantes que el 3 de junio pasado fueron detenidos luego de aterrizar de emergencia en un campo de la localidad rural santafesina de Estación Díaz con una avioneta procedente de Bolivia donde se hallaron siete bidones de combustible y 30.500 dólares. En base a la ruta aérea que pudieron reconstruir, los representantes del MPF sospechan que los imputados hicieron un vuelo clandestino en el que podrían haber efectuado un transporte de estupefacientes hasta una estancia ubicada en la localidad de Arroyo del Medio, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Ambos acusados son pilotos -uno de nacionalidad boliviana y el otro peruana- y quedaron imputados por los delitos de contrabando de dinero en moneda extranjera por transporte aéreo; conducción sin certificado de habilitación y cruce clandestino de la frontera; y falsificación, alteración o supresión de un objeto registrado de acuerdo con ley, todo ello en concurso real.
La imputación fue formulada el lunes pasado por el titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, y la fiscal coadyuvante Natalia Palacín, en el marco de la audiencia de formalización de la investigación ante el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, en la que, tal como también solicitaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, el magistrado impuso prisión preventiva por 90 días para los dos acusados.
Los fiscales fundaron el pedido de la medida de coerción en la calificación legal y la consecuente imposibilidad de condena de ejecución condicional, la ausencia de arraigo, las posibilidades económicas de los imputados, las irregularidades migratorias que indican que tienen facilidad para abandonar de manera clandestina el país, y la eventual pertenencia a una organización criminal de mayor envergadura, todo lo cual, valorado de manera armónica, da sustento, según la hipótesis fiscal, al riesgo de fuga.
En la audiencia, Onel y Palacín les atribuyeron a ambos imputados haber importado el 3 de junio pasado mercadería -30.500 dólares estadounidenses- por lugares no habilitados y así evitado el control aduanero, empleando un medio de transporte aéreo -una avioneta Cessna serie 200- con matrícula adulterada, apartándose de las rutas autorizadas y aterrizando en un lugar no habilitado.
Asimismo, los fiscales los acusaron de haber conducido esa aeronave sin el certificado de habilitación correspondiente y atravesado con ella de manera clandestina la frontera por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica, desviándose de las rutas aéreas fijadas para entrar al país. Por último, les endilgaron haber suprimido u ocultado la matrícula de la avioneta.
El caso: La investigación se inició el 3 de junio último, cuando la avioneta hizo un aterrizaje de emergencia en una zona rural de la localidad de Estación Díaz, provincia de Santa Fe. Sus dos tripulantes -ahora imputados- abandonaron la aeronave y fueron detenidos instantes después, a raíz del operativo cerrojo desplegado por la Comisaría 11 de la policía santafesina.
En su poder se secuestraron de diversos elementos relevantes para la investigación: una suma de 30.500 dólares, dos teléfonos celulares y un cargador con municiones calibre 9 milímetros, entre otros. Asimismo, del interior de la avioneta se incautaron siete bidones con combustible y, en cercanías de la aeronave, un dispositivo GPS.
Los 30.500 dólares y otros efectos secuestrados en poder de los dos imputados. Foto: Unidad Fiscal Santa Fe
La investigación
A partir de la investigación de la Unidad Fiscal Santa Fe, encabezada por los fiscales Onel y Palacín y los auxiliares fiscales María José de la Torre y Juan Claudio Aguirre, y que además contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se logró reconstruir los hechos que permitieron sospechar que la aeronave partió el 2 de junio desde Bolivia, ingresó al espacio aéreo argentino en forma clandestina al día siguiente, eludió los puntos oficiales de control y las rutas aéreas reglamentarias, y que habría transportado material prohibido y dinero en moneda extranjera desde aquel país hasta Santa Fe.
También se pudo establecer que antes de aterrizar de manera forzosa en Estación Díaz, los pilotos imputados descendieron en un campo en la localidad bonaerense de Arroyo del Medio -cerca del límite con Santa Fe- donde hay dos grandes galpones. La propiedad es un piloto de aviación santafesino, que se investiga si además fue integrante de la Fuerza Aérea.
A partir de esos elementos, los fiscales le solicitaron al juez Villafuerte Ruzo autorización judicial y fueron allanados tanto el predio rural y los galpones de Arroyo del Medio, como el domicilio del propietario, ubicado en la localidad de Peyrano, Santa Fe.
De esos procedimientos participó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con drones. En ellos se secuestraron un croquis de un campo, dos celulares, una notebook y un DVR con registros fílmicos.
Por Fiscales.gob.ar
Se trata de Pedro Ortiz y Hontoria, de 66 años. La pena se le impuso por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. Además, se le impuso prisión preventiva. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Los imputados tienen 20 años y la víctima, 87. Se les endilgó haberle sustraído bajo amenazas de muerte 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj y un juego de llaves.
Se trata de Lucas Mauricio Acosta, arquero del equipo Sarmiento de Junín. Las amenazas habrían ocurrido entre julio y agosto de 2024, luego de que se terminara el vínculo entre ambos. La víctima relató en su denuncia que el jugador también habría sido responsable de “filtrar” un video íntimo suyo.
El nuevo portal (Muninn) permitirá a víctimas o a sus familiares realizar cualquier consulta sobre denuncias o investigaciones en curso. Comenzó a funcionar hoy y busca garantizar los derechos de acceso a la información de las víctimas, en el marco de la priorización de la temática que viene llevando adelante la Fiscalía General.
La audiencia de formalización se realizó el lunes pasado. El hombre, de nacionalidad filipina, fue detenido el jueves, cuando arribó al puerto santafesino en otro buque. Se le imputa el delito de contrabando de estupefacientes.
Se trata del exjefe de la delegación rosarina Carlos Andrés Vaudagna y el agente de ese organismo, Néstor Javier Bermúdez, quien sería el dueño de la fábrica de hielo “Ghiaccio”. Los funcionarios habrían abusado de sus competencias para obtener datos sobre empresas competidoras y ordenado fiscalizaciones irregulares en su perjuicio.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Los imputados tienen 20 años y la víctima, 87. Se les endilgó haberle sustraído bajo amenazas de muerte 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj y un juego de llaves.
El reporte del tiempo de Sucesos indica para hoy, miércoles 30 de julio, una jornada mayormente afectada con intervalos nubosos, además, prevé viento del norte de hasta 57 km/h.
Así lo confirma la gobernación a Sucesos, e indica que comenzará el 1° de agosto y se completará el miércoles 6 para la totalidad de activos y pasivos provinciales. Las autoridades superiores de los distintos poderes percibirán sus haberes el jueves 7.
El retroceso fue del 6% frente a mayo y 0,8% interanual, según datos de la industria; pese a este retroceso puntual, el primer semestre del año cerró con un incremento acumulado del 6,1% frente al mismo período de 2024
Se trata de Pedro Ortiz y Hontoria, de 66 años. La pena se le impuso por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. Además, se le impuso prisión preventiva. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra.
