Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
Judiciales12/06/2025
Daniel Espinoza
La Unidad Fiscal Santa Fe imputó y logró que se dicte la prisión preventiva para los dos tripulantes que el 3 de junio pasado fueron detenidos luego de aterrizar de emergencia en un campo de la localidad rural santafesina de Estación Díaz con una avioneta procedente de Bolivia donde se hallaron siete bidones de combustible y 30.500 dólares. En base a la ruta aérea que pudieron reconstruir, los representantes del MPF sospechan que los imputados hicieron un vuelo clandestino en el que podrían haber efectuado un transporte de estupefacientes hasta una estancia ubicada en la localidad de Arroyo del Medio, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Ambos acusados son pilotos -uno de nacionalidad boliviana y el otro peruana- y quedaron imputados por los delitos de contrabando de dinero en moneda extranjera por transporte aéreo; conducción sin certificado de habilitación y cruce clandestino de la frontera; y falsificación, alteración o supresión de un objeto registrado de acuerdo con ley, todo ello en concurso real.
La imputación fue formulada el lunes pasado por el titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, y la fiscal coadyuvante Natalia Palacín, en el marco de la audiencia de formalización de la investigación ante el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, en la que, tal como también solicitaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, el magistrado impuso prisión preventiva por 90 días para los dos acusados.
Los fiscales fundaron el pedido de la medida de coerción en la calificación legal y la consecuente imposibilidad de condena de ejecución condicional, la ausencia de arraigo, las posibilidades económicas de los imputados, las irregularidades migratorias que indican que tienen facilidad para abandonar de manera clandestina el país, y la eventual pertenencia a una organización criminal de mayor envergadura, todo lo cual, valorado de manera armónica, da sustento, según la hipótesis fiscal, al riesgo de fuga.
En la audiencia, Onel y Palacín les atribuyeron a ambos imputados haber importado el 3 de junio pasado mercadería -30.500 dólares estadounidenses- por lugares no habilitados y así evitado el control aduanero, empleando un medio de transporte aéreo -una avioneta Cessna serie 200- con matrícula adulterada, apartándose de las rutas autorizadas y aterrizando en un lugar no habilitado.
Asimismo, los fiscales los acusaron de haber conducido esa aeronave sin el certificado de habilitación correspondiente y atravesado con ella de manera clandestina la frontera por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica, desviándose de las rutas aéreas fijadas para entrar al país. Por último, les endilgaron haber suprimido u ocultado la matrícula de la avioneta.
El caso: La investigación se inició el 3 de junio último, cuando la avioneta hizo un aterrizaje de emergencia en una zona rural de la localidad de Estación Díaz, provincia de Santa Fe. Sus dos tripulantes -ahora imputados- abandonaron la aeronave y fueron detenidos instantes después, a raíz del operativo cerrojo desplegado por la Comisaría 11 de la policía santafesina.
En su poder se secuestraron de diversos elementos relevantes para la investigación: una suma de 30.500 dólares, dos teléfonos celulares y un cargador con municiones calibre 9 milímetros, entre otros. Asimismo, del interior de la avioneta se incautaron siete bidones con combustible y, en cercanías de la aeronave, un dispositivo GPS.
Los 30.500 dólares y otros efectos secuestrados en poder de los dos imputados. Foto: Unidad Fiscal Santa Fe
La investigación
A partir de la investigación de la Unidad Fiscal Santa Fe, encabezada por los fiscales Onel y Palacín y los auxiliares fiscales María José de la Torre y Juan Claudio Aguirre, y que además contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se logró reconstruir los hechos que permitieron sospechar que la aeronave partió el 2 de junio desde Bolivia, ingresó al espacio aéreo argentino en forma clandestina al día siguiente, eludió los puntos oficiales de control y las rutas aéreas reglamentarias, y que habría transportado material prohibido y dinero en moneda extranjera desde aquel país hasta Santa Fe.
También se pudo establecer que antes de aterrizar de manera forzosa en Estación Díaz, los pilotos imputados descendieron en un campo en la localidad bonaerense de Arroyo del Medio -cerca del límite con Santa Fe- donde hay dos grandes galpones. La propiedad es un piloto de aviación santafesino, que se investiga si además fue integrante de la Fuerza Aérea.
A partir de esos elementos, los fiscales le solicitaron al juez Villafuerte Ruzo autorización judicial y fueron allanados tanto el predio rural y los galpones de Arroyo del Medio, como el domicilio del propietario, ubicado en la localidad de Peyrano, Santa Fe.
De esos procedimientos participó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con drones. En ellos se secuestraron un croquis de un campo, dos celulares, una notebook y un DVR con registros fílmicos.
Por Fiscales.gob.ar
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.
Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
El titular del organismo, José Ignacio Scotto, visitó instituciones deportivas de Río Bamba, Laboulaye y Villa Rossi. Las actividades se realizaron en el marco del programa Manos, una iniciativa que impulsa proyectos con impacto social en toda la provincia.
El reporte del tiempo de Sucesos indica para hoy, viernes 14 de noviembre, una jornada mayormente predominada con cielo despejado, además, establece temperaturas de entre 16 y 31°C.
La medida, enmarcada en un presunto desvío de calidad, alcanza a todo el territorio nacional y responde a una investigación en curso
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país, la Gendarmería Nacional Argentina, desarticuló una operación transnacional tras el hallazgo de una avioneta siniestrada y la detención de Brian “Barba” Bilbao, uno de los capos narcos rosarinos más buscados de la Argentina.
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