Condenan a 10 años y 6 meses de prisión a un hombre en Rosario por trata con fines de explotación sexual, abuso sexual y suministro de estupefacientes

El juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, homologó un acuerdo pleno entre la Unidad Fiscal Rosario y la defensa de un hombre al que condenó a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual cometido contra dos mujeres, una de ellas menor de 18 años. Al resolver el caso -el primero de trata de personas que registra una sentencia condenatoria en el proceso acusatorio en el Distrito Rosario-, se revocó una condena de ejecución condicional que pesaba sobre el acusado y se lo condenó a una pena única de 11 años de prisión.

El imputado, Diego Martín Torres (47), fue considerado autor del delito de trata de personas con fines de explotación en la modalidad de captación, acogida, transporte y explotación, agravado por haber mediado amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación sexual, reiterado en dos oportunidades, en uno de los casos, además agravado por ser la víctima menor de edad. También se lo consideró responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido con amenazas y suministro gratuito de estupefacientes, agravado por haberse cometido con violencia y en perjuicio de una menor de edad.

Imagen de archivo - Ilustrativa.

Por otra parte, en el caso se ordenó una reparación económica estimada en $215.712.834 para la joven mayor de edad, y en $27.430.306 para la adolescente.

La condena fue el resultado de un acuerdo pleno -sobre los hechos, la calificación legal y la sanción- en el marco de un proceso abreviado al que arribó con la defensa de Torres la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, representada por el fiscal general interino Javier Arzubi Calvo -también a cargo de la Fiscalía de Distrito Rosario- y la fiscal interina Soledad García.

Si bien la adolescente había señalado como coautora de la explotación a la otra damnificada, el MPF postuló el sobreseimiento de la víctima señalada, en aplicación de la cláusula de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
El caso

De acuerdo a lo descripto por la fiscal interina García durante la audiencia de presentación y homologación del acuerdo, Torres captó a la víctima adulta en Tunuyán, Mendoza, entre 2017 y 2018. Explicó que el objetivo del acusado era trasladarla y explotarla en la ciudad de Rosario, aprovechándose de que la mujer se encontraba en una situación económica apremiante y que padecía violencia de género por parte de su expareja, con quién había tenido cinco hijos.

Imagen de archivo - Ilustrativa.

García añadió que, en este contexto, con el pretexto de mejorar su calidad de vida, el ahora condenado convenció a la joven de trasladarse juntos a Rosario, donde rápidamente se constituyó como su único sostén afectivo. Relató que, de esa forma, durante el 2018 y alejada de su red de contención, Torres comenzó a explotarla sexualmente durante aproximadamente siete años, y que la totalidad del dinero generado producto de los “servicios sexuales” era percibido y administrado por el condenado.

Con respecto a la segunda víctima, el MPF consideró acreditado que el hombre captó a la adolescente de 15 años entre agosto y septiembre de 2023, con el objetivo de prostituirla. Explicó que para eso Torres se aprovechó de su minoría de edad y de su vulnerabilidad extrema, ya que residía en otra ciudad, había atravesado abusos sexuales y se encontraba en situación de pobreza.

La fiscalía indicó que, para lograr su cometido, el acusado estableció primero un vínculo de confianza con la familia y luego comenzó a alejar a la adolescente de su red de contención, hasta que logró vivir con ella y con la otra víctima del caso en una pensión de Rosario. Precisó que, a partir de ese momento y hasta julio del año pasado, la obligó a ofrecer “servicios sexuales”, bajo amenazas, en un puente ubicado sobre la ruta 33 entre las localidades de Zavalla y Pujato, en la provincia de Santa Fe. Y acusó también a Torres por abusar sexualmente de la adolescente y por obligarla a consumir estupefacientes.

Si bien la chica había señalado como coautora de la explotación a la otra damnificada, el MPF postuló el sobreseimiento de la víctima señalada, en aplicación de la cláusula de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, la adolescente y su madre fueron asistidas y acompañadas por el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

La postura de la Unidad Fiscal y la resolución del caso: La investigación comenzó tras la denuncia que la madre de la adolescente realizó en una comisaría de Rosario. Aunque primero tramitó ante el Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe, tras el testimonio de la víctima y la recolección de una serie de pruebas, la fiscal provincial solicitó que se remitan las actuaciones al fuero federal para que se investigue la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El 16 de septiembre de 2024, un juez de garantías del Colegio de Jueces de Rosario declaró, a solicitud de la fiscalía, la competencia del fuero federal, dispuso la aplicación al caso del Código Procesal Penal Federal y ordenó la detención de Torres, que se hizo efectiva el 18 de septiembre del año pasado.

Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, la adolescente y su madre fueron asistidas y acompañadas por el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro.

De acuerdo a lo señalado en la audiencia por la fiscal García, los hechos se encontraban plenamente acreditados por la prueba que se recabó durante la investigación. Destacó la información obtenida a partir de las declaraciones de las víctimas; los informes de la psicóloga forense que entrevistó a una de ellas; las tareas investigativas realizadas por la Gendarmería Nacional en Mendoza; y las declaraciones testimoniales recibidas a vecinos y allegados a las damnificadas.

Además de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, en el caso intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, que acompañó el escrito de sobreseimiento de la víctima que permaneció siete años explotada.

Al momento de realizar el cálculo para la reparación a las víctimas, se utilizó la Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario para reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas. Análisis y aplicación de la ley 27.508, aprobada por la Resolución PGN 34/23 y desarrollada por la PROTEX y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

En el caso intervinieron además el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario y la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, Violencia de Género y Delitos Sexuales Región II Rosario de la Policía de la provincia de Santa Fe, que realizó tareas investigativas y llevó a cabo la detención del imputado.

Por Fiscales.gob.ar