Una de las dos víctimas tenía 15 años al momento de los hechos. Fue captada a mediados de 2023 y explotada mediante amenazas hasta julio del año pasado, obligada a ofrecer servicios sexuales en el puente de la RN 33 (entre Zavalla y Pujato). La otra damnificada pasó siete años explotada luego de que el acusado la convenciera de trasladarse de Mendoza a Rosario. Se ordenó una reparación económica para ambas, de 27 y 215 millones de pesos, respectivamente. Es la primera condena sobre estos delitos desde la implementación del sistema acusatorio en el distrito.
Judiciales16/07/2025
Daniel Espinoza
El juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, homologó un acuerdo pleno entre la Unidad Fiscal Rosario y la defensa de un hombre al que condenó a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual cometido contra dos mujeres, una de ellas menor de 18 años. Al resolver el caso -el primero de trata de personas que registra una sentencia condenatoria en el proceso acusatorio en el Distrito Rosario-, se revocó una condena de ejecución condicional que pesaba sobre el acusado y se lo condenó a una pena única de 11 años de prisión.
El imputado, Diego Martín Torres (47), fue considerado autor del delito de trata de personas con fines de explotación en la modalidad de captación, acogida, transporte y explotación, agravado por haber mediado amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación sexual, reiterado en dos oportunidades, en uno de los casos, además agravado por ser la víctima menor de edad. También se lo consideró responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido con amenazas y suministro gratuito de estupefacientes, agravado por haberse cometido con violencia y en perjuicio de una menor de edad.
Imagen de archivo - Ilustrativa.
Por otra parte, en el caso se ordenó una reparación económica estimada en $215.712.834 para la joven mayor de edad, y en $27.430.306 para la adolescente.
La condena fue el resultado de un acuerdo pleno -sobre los hechos, la calificación legal y la sanción- en el marco de un proceso abreviado al que arribó con la defensa de Torres la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, representada por el fiscal general interino Javier Arzubi Calvo -también a cargo de la Fiscalía de Distrito Rosario- y la fiscal interina Soledad García.
Si bien la adolescente había señalado como coautora de la explotación a la otra damnificada, el MPF postuló el sobreseimiento de la víctima señalada, en aplicación de la cláusula de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
El caso
De acuerdo a lo descripto por la fiscal interina García durante la audiencia de presentación y homologación del acuerdo, Torres captó a la víctima adulta en Tunuyán, Mendoza, entre 2017 y 2018. Explicó que el objetivo del acusado era trasladarla y explotarla en la ciudad de Rosario, aprovechándose de que la mujer se encontraba en una situación económica apremiante y que padecía violencia de género por parte de su expareja, con quién había tenido cinco hijos.
Imagen de archivo - Ilustrativa.
García añadió que, en este contexto, con el pretexto de mejorar su calidad de vida, el ahora condenado convenció a la joven de trasladarse juntos a Rosario, donde rápidamente se constituyó como su único sostén afectivo. Relató que, de esa forma, durante el 2018 y alejada de su red de contención, Torres comenzó a explotarla sexualmente durante aproximadamente siete años, y que la totalidad del dinero generado producto de los “servicios sexuales” era percibido y administrado por el condenado.
Con respecto a la segunda víctima, el MPF consideró acreditado que el hombre captó a la adolescente de 15 años entre agosto y septiembre de 2023, con el objetivo de prostituirla. Explicó que para eso Torres se aprovechó de su minoría de edad y de su vulnerabilidad extrema, ya que residía en otra ciudad, había atravesado abusos sexuales y se encontraba en situación de pobreza.
La fiscalía indicó que, para lograr su cometido, el acusado estableció primero un vínculo de confianza con la familia y luego comenzó a alejar a la adolescente de su red de contención, hasta que logró vivir con ella y con la otra víctima del caso en una pensión de Rosario. Precisó que, a partir de ese momento y hasta julio del año pasado, la obligó a ofrecer “servicios sexuales”, bajo amenazas, en un puente ubicado sobre la ruta 33 entre las localidades de Zavalla y Pujato, en la provincia de Santa Fe. Y acusó también a Torres por abusar sexualmente de la adolescente y por obligarla a consumir estupefacientes.
Si bien la chica había señalado como coautora de la explotación a la otra damnificada, el MPF postuló el sobreseimiento de la víctima señalada, en aplicación de la cláusula de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, la adolescente y su madre fueron asistidas y acompañadas por el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.
La postura de la Unidad Fiscal y la resolución del caso: La investigación comenzó tras la denuncia que la madre de la adolescente realizó en una comisaría de Rosario. Aunque primero tramitó ante el Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe, tras el testimonio de la víctima y la recolección de una serie de pruebas, la fiscal provincial solicitó que se remitan las actuaciones al fuero federal para que se investigue la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El 16 de septiembre de 2024, un juez de garantías del Colegio de Jueces de Rosario declaró, a solicitud de la fiscalía, la competencia del fuero federal, dispuso la aplicación al caso del Código Procesal Penal Federal y ordenó la detención de Torres, que se hizo efectiva el 18 de septiembre del año pasado.
Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, la adolescente y su madre fueron asistidas y acompañadas por el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro.
De acuerdo a lo señalado en la audiencia por la fiscal García, los hechos se encontraban plenamente acreditados por la prueba que se recabó durante la investigación. Destacó la información obtenida a partir de las declaraciones de las víctimas; los informes de la psicóloga forense que entrevistó a una de ellas; las tareas investigativas realizadas por la Gendarmería Nacional en Mendoza; y las declaraciones testimoniales recibidas a vecinos y allegados a las damnificadas.
Además de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, en el caso intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, que acompañó el escrito de sobreseimiento de la víctima que permaneció siete años explotada.
Al momento de realizar el cálculo para la reparación a las víctimas, se utilizó la Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario para reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas. Análisis y aplicación de la ley 27.508, aprobada por la Resolución PGN 34/23 y desarrollada por la PROTEX y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
En el caso intervinieron además el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario y la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, Violencia de Género y Delitos Sexuales Región II Rosario de la Policía de la provincia de Santa Fe, que realizó tareas investigativas y llevó a cabo la detención del imputado.
Por Fiscales.gob.ar
La cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit en una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El imputado tiene 22 años y se le atribuyó haber cometido los ilícitos en una vivienda en la que ambos residían con sus padres. La denuncia que originó la investigación fue radicada por la propia víctima en una comisaría.
Con una nueva victoria judicial para los trabajadores, por pedido de la CGT, la Justicia laboral analizó y decidió anular los artículos del decreto 340 del Gobierno nacional que intentaban limitar el derecho a huelga. La Cámara de Apelaciones consideró que se violaron normas constitucionales y se evitó el debate en el Congreso, el poder republicano encargado de modificar leyes.
De acuerdo a la investigación conducida por el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, la banda dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego y municiones era liderada por dos reclusos desde la cárcel federal de Cuyo. Es la primera aplicación en la provincia de la asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado este año. El fundamento del encuadre legal radica en la complejidad de la estructura criminal investigada.
Fue interpuesto por la fiscal Mayra Vuletic y el tribunal revisor será la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El fallo impugnado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso y dejó sin efecto una decisión de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención. La persona que debe cumplir la pena es Daniel Iván Favilla, a quien en mayo pasado se le impusieron 19 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja.
Intervendrá como parte acusadora en la investigación judicial iniciada por la distribución de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, cuyos productos fueron retirados del sistema de salud en mayo.
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
Por seguridad vial, marcan ingresos a las trazas bajo jurisdicción federal, que hoy están abandonadas y que son riesgosas para transitar. En paralelo, se solicita a los conductores que, en caso de tener alternativa de usar una ruta provincial, lo hagan.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las áreas rurales, se inauguró la base operativa número 108 y se entregó una camioneta 0 km completamente equipada para tareas de patrullaje en la zona. El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto y destacó la importancia de ampliar la presencia del gobierno en las zonas rurales productivas.
Una de las dos víctimas tenía 15 años al momento de los hechos. Fue captada a mediados de 2023 y explotada mediante amenazas hasta julio del año pasado, obligada a ofrecer servicios sexuales en el puente de la RN 33 (entre Zavalla y Pujato). La otra damnificada pasó siete años explotada luego de que el acusado la convenciera de trasladarse de Mendoza a Rosario. Se ordenó una reparación económica para ambas, de 27 y 215 millones de pesos, respectivamente. Es la primera condena sobre estos delitos desde la implementación del sistema acusatorio en el distrito.
La cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit en una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El imputado tiene 22 años y se le atribuyó haber cometido los ilícitos en una vivienda en la que ambos residían con sus padres. La denuncia que originó la investigación fue radicada por la propia víctima en una comisaría.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana, jueves 17 de julio, una jornada mayormente predominada con cielo despejado, además, prevé que las temperaturas estarán entre 0° la mínima y 15°C de máxima.
