Prisión preventiva al dueño de un campo de frutillas en Santa Fe por explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 trabajadores

La Unidad Fiscal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra el responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas de la localidad de Arroyo Leyes, a quien se le dictó prisión preventiva por 150 días, por la explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, halladas en condiciones de hacinamiento.

De acuerdo a lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada. Algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche.

El acusado es F.P., un joven de 25 años, quien dirigía las tareas en un campo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la capital santafesina.

F.P. quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. En relación a 43 personas es agravado por tratarse de más de tres víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumación de dicha explotación; y respecto de otros dos casos, a los mismos agravantes se le sumó que las víctimas son menores de edad. Todo de acuerdo a lo previsto en los artículos 145 ter del Código Penal, y 2° de la ley 26.634 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La imputación fue formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.

“Contexto de clandestinidad”: Al exponer el caso, la fiscal Traverso le atribuyó al imputado “haber captado, trasladado, recibido y acogido a por lo menos 45 personas, entre ellas dos menores, abusado de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducción a servidumbre”, hecho que se concretó durante al menos cuatro meses, hasta el 1° de octubre pasado, luego de que un trabajador denunciara la situación y se realizara un allanamiento en el lugar.

El fiscal Rodríguez analizó el contexto social y de vulnerabilidad de las víctimas. “En el allanamiento nos encontramos con 42 personas -otras tres se retiraron ante el procedimiento- y la situación se verificó en estado de flagrancia. El factor gravoso se da por el número significativo de víctimas, lo cual demuestra una afectación concreta del bien jurídico protegido por la norma”, recalcó.

 La audiencia de formalización de la investigación penal de la que participaron el fiscal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso. Foto: Captura de Zoom

Afirmó que “desde la perspectiva de la dignidad humana, en términos colectivos y de las condiciones relativas a la vivienda y al lugar, la conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física”. Además, consideró que “las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad”.

Según Rodríguez, el caso tuvo “un impacto interprovincial por el alejamiento de las víctimas de su lugar de origen, en situación de vulnerabilidad social, bajo pobreza extrema”.

La resolución del juez: En el marco de la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, el juez Rodríguez Da Cruz, a pedido de la defensa, dispuso un cuarto intermedio y dictó provisoriamente la prisión preventiva del imputado por 72 horas.

Al reanudar la audiencia el 7 de octubre pasado, se debatió nuevamente la procedencia de la medida de coerción solicitada por los representantes del MPF y el juez resolvió extenderla por el plazo de 150 días. Además, otorgó 90 días hábiles a la fiscalía para ampliar y completar la investigación.

A solicitud de los fiscales, autorizó la extracción de datos de siete teléfonos celulares incautados en el marco de la pesquisa, de una computadora y de un DVR (con grabaciones de cámaras de seguridad) y el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok. Además, y también a requerimiento de los representantes del MPF, dictó la incompetencia parcial de las actuaciones respecto al hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones, y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado, respecto de las cuales ordenó otorgar intervención al Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe.

 Algunas de las armas y municiones incautadas en el campo allanado. Foto: Unidad Fiscal Santa Fe
La denuncia que originó la investigación y el allanamiento

Al graficar la situación en la que se encontraban los trabajadores, la fiscal Traverso recordó que la investigación se inició luego de que un trabajador oriundo de Chaco denunciara la situación de explotación el 17 de septiembre pasado. En ese primer momento intervino la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Genero de la Policía de Santa Fe.

El denunciante relató que había llegado junto a otros dos amigos a trabajar al campo de frutillas de Arroyo Leyes tras contactarse con F.P., quien les pagó los pasajes y se comprometió a abonarle 1.000 pesos por cajón cosechado, cifra que luego redujo a 600 pesos.

También contó que dormían en camas hechas con cajones de verduras, dentro de un galpón de chapa, con piso de tierra, que no tenían agua potable (tomaban de pozo) ni baño, y que debían introducirse en un monte para higienizarse o hacer sus necesidades. Los días de cobro, además, les descontaba la comida, que les fiaba un almacén lindero vinculado a un allegado al imputado.

Como no tenían horarios fijos, trabajaban de corrido desde las 3 de la madrugada con linternas, hasta la noche del mismo día, al mismo tiempo que recibían malos tratos, gritos, insultos y empujones por parte de los capataces y el encargado. Fue precisamente luego de una discusión con esas personas que denunció la grave situación.

A partir de ese momento intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo;  el Programa Nacional de Rescate de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación; el Programa Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas de la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Una vez que el caso llegó a conocimiento de la Unidad Fiscal Santa Fe, el 1° de octubre se realizó el allanamiento del predio. Al respecto, en el marco de la audiencia, la fiscal Traverso recordó que “si bien en base a tareas previas se estimaba que en el lugar se iban a encontrar aproximadamente 20 personas, resultaron ser 42, dos de ellos de 16 y 17 años, todos trabajando en el cultivo de frutillas y viviendo en condiciones muy precarias”.

Las agencias intervinientes entrevistaron a las víctimas, además de brindarle contención y asistencia junto a los fiscales y al personal del Área de Atención y Acompañamiento de Víctimas de la Unidad Fiscal Santa Fe. De la constatación, se determinó que F.P. era el responsable del emprendimiento, y se procedió a su detención.

 Otra de las precarias casillas donde estaban hacinadas las víctimas. Foto: Unidad Fiscal Santa Fe
Indicadores de vulnerabilidad

El relevamiento concluyó que ninguna de las personas que estaban en el campo tuvo trabajos previos, que no tenían estudios, que eran migrantes internos, y que la mayoría eran hombres jefes de familia. “Trabajaban desde las 2 o 3 de la mañana, lo cual se notó al momento del allanamiento a las 9 de la mañana, cuando ya estaban cansados por el trabajo nocturno y las jornadas extensas”, remarcó la fiscal.

Durante la audiencia expuso audios, recibos, planillas, transcripciones de llamadas, vistas fotográficas, efectos secuestrados, informes de organismos oficiales para describir las condiciones inhumanas y el esquema de explotación, captación y recibimiento que configuró el imputado, incluso a través del pago de pasajes a los trabajadores desde una plataforma virtual.

Además, la Fiscalía citó el informe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que confirmó varios indicadores de vulnerabilidad: tenían camas hechas con pallets, baños improvisados, cargaban agua de pozo en bidones de agroquímicos de los que bebían, utilizaban para lavar y bañarse, garrafas de gas e instalaciones eléctricas a la vista, y vivían en condiciones de cuasi esclavitud y hacinamiento.

“Existen elementos objetivos suficientes para probar un obrar organizado de parte de P. que incluye la captación de personas en situación de vulnerabilidad, el mantenimiento en condiciones de reducción a la servidumbre con la finalidad de realizar una explotación agrícola que le reditúa significativas ganancias económicas”, sintetizó Traverso.

La fiscal consideró probado el delito endilgado en virtud de diferentes constataciones, ya que el circulo económico de la explotación se cerraba con la comercialización del producto del trabajo de las víctimas (se incautaron recibos a nombre F.P. con diferentes sumas) en el Mercado Central de la ciudad de Santa Fe.

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