Hoy comenzó el juicio contra CFK y otros 86 imputados en la causo "Los Cuadernos"

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 inició hoy el juicio en el que la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes están acusados de liderar, organizar e integrar -según cada caso-, entre 2003 y 2015, una asociación ilícita que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación y habría montado un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales. La acusación estará a cargo de la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, Fabiana León, junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.

En un informe actualizado difundido la semana pasada, la fiscal León consideró que la causa Cuadernos “es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.

El TOF está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que su colega Néstor Costabel fue designado, por sorteo, como cuarto juez para integrar el tribunal que llevará adelante el debate, en reemplazo de la jueza Gabriela López Iñiguez, quien fue recusada por el Ministerio Público Fiscal.

También interviene el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda, los días martes. Las audiencias se harán -salvo excepciones- de forma virtual a través de la plataforma Zoom -con acreditación previa para el público- y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

El inicio del debate: La jornada de hoy comenzó casi una hora después el horario previsto. Luego de que la secretaria del TOF N°7, María Cecilia Chichizola, verificara la conexión vía plataforma Zoom de las personas imputadas, sus defensas, la representante del Ministerio Público Fiscal y la querella, se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadío, en relación al primer tramo de la investigación sobre las maniobras asentadas por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) en sus cuadernos.

Así se enumeraron las hechos imputados a Cristina Fernández de Kirchner (72), al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75), al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52), al exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); al excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); al exsecretario privado de Baratta, Nelson Lazarte (47); al exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); al exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); al exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez (48); y al exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48).

Tras ello, el juez Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de noviembre próximo a las 9, cuando se leerán las imputaciones por cohecho activo. Además, se comenzará con lectura de los otros dos requerimientos correspondientes a los restantes tramos de la pesquisa que, se estima, se extenderá hasta la audiencia del 20 de noviembre.

Luego, el debate continuará el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, cuando se leerá el requerimiento de Stornelli en la causa denominada “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Finalmente, el 11 de noviembre se leerá la acusación en las investigaciones -también desarrolladas por la Fiscalía Federal N°4- respecto de las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales.

La fiscal general Fabiana León, durante la transmisión de la audiencia inicial del juicio de la causa Cuadernos. Foto: captura de Zoom

Los casos juzgados: La investigación inicial surgió como un desprendimiento de la causa por las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares, y por el que ya fueron condenados en septiembre pasado dos de los imputados en esta causa: De Vido y Baratta.

Posteriormente, en 2018, un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal -que luego sería identificado como Centeno- había anotado en una serie de cuadernos, a los que tuvo acceso, los movimientos de Baratta y otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos y/o domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.

En dicho marco se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

En ese contexto, se le imputó a Cristina Fernández de Kirchner ser la jefa de la asociación ilícita, la coautoría del delito de cohecho pasivo, reiterado en 204 oportunidades, y uno como partícipe necesaria.

Además, como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro De Vido (75); al exsubsecretario Baratta (52); al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner (82). Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime (70).

También, como miembros, están imputados los exsecretarios de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65) y Juan Pablo Schiavi (68) -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-; el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (67); Olazagasti y Lazarte; Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); y al chofer de Baratta, Oscar Centeno. Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi (68).

Algunas de las anotaciones del chofer imputado, Oscar Centeno. Foto: Fiscalía General N°5 ante los TOF de la Capital Federal

Además, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (80); al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola (60); y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando (50).

Asimismo, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra (75); y el presidente de Vialco S.A., Miguel Marcelino Aznar (75).

En el debate también se abordará la responsabilidad de algunos de esos funcionarios en diversos hechos de cohecho pasivo y admisión de dádivas -de acuerdo a cada caso- junto a Abal Medina; Larraburu; García Ramón; Gómez; el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas (54); y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río (48). Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez (53), por encubrimiento agravado.

Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-, Enrique Menotti Pescarmona (83) -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía S.A.-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; Alberto Ángel Padoan (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel (56) De Sousa -presidentes de CPC S.A. y el Grupo Indalo- y Cristóbal Manuel López (69) -accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y el Grupo Indalo-.

El listado completo de las 87 personas imputadas, entre funcionarios y empresarios, puede consultarse aquí: https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2025/10/Nota-cuadernos-2.pdf

Arrepentidos y ofrecimientos de reparación rechazados: En el devenir de la pesquisa, los funcionarios Uberti y López, el chofer Centeno, y los empresarios Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Alberto Tasselli (79), Jorge Juan Mauricio Balán (68), Juan Carlos De Goycoechea (60), Claudio Glazman (62), Gabriel Pedro Losi (67), Marcela Edith Sztenberg (59), Patricio Gerbi (70), Héctor Javier Sánchez Caballero (70), Francisco Rubén Valenti (78), Jorge Guillermo Neira (73) y Rodolfo Armando Poblete (68), suscribieron los respectivos acuerdos -como imputados colaboradores- y brindaron información sobre las maniobras ilícitas investigadas.

Además, previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral. En ese entonces, la fiscal general León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En aquella oportunidad, afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.

A su turno, los jueces del TOF N°7 -Méndez Signori, Canero y Castelli-, rechazaron las propuestas de reparación integral efectuadas, al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”.

Por Fiscales.gob.ar