Ordenaron la indagatoria de 29 personas por la causa "Coimas en el ANDIS"

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas, entre las que se encuentran empresarios del rubro médico involucrados en la causa que investiga las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de otras cinco personas ya procesadas en la causa, entre los que se encuentran el extitular del organismo, Diego Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; y Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el MPF. Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo. 

Además, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas. “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.

Los avances de la investigación: Cabe recordar que en el caso se investiga una serie de maniobras ilícitas que se habrían desarrollado, en principio, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Agencia, que dependía, en ese momento, del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante ese período, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios/as de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI)”, explicaron los fiscales en su dictamen.

En esta oportunidad, tras avanzar con estas nuevas imputaciones y luego de que el juzgado dictó los primeros procesamientos en el caso, la pesquisa continuó y el MPF profundizó el análisis del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), que era el mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI y se realizaban las adjudicaciones de alto costo.

De esta forma, detallaron nuevas maniobras de características similares a las señaladas en el primer tramo del caso en las que habrían participado algunas de las personas ya procesadas. En ese sentido, se encontraron conversaciones entre Garbellini y Calvete en las que el primero le envió, en julio de 2025, un listado de empresas relacionadas a determinadas compulsas de precios de insumos con montos “a cobrar” y que fueron llamados por este como “ofrendas”.

“Esto es otra muestra de que funcionarios/as que debían velar por el interés público, en verdad estaban puestos al servicio de los intereses privados. Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado”, recalcaron los fiscales.

Los fiscales Picardi y Rodríguez marcaron que la investigación desplegada hasta ahora y que aún sigue en proceso ya permitió identificar que la operatoria ilícita no se limitó al direccionamiento de las adjudicaciones, sino que incluyó un mecanismo específico de distribución de las ganancias obtenidas.

Al analizar la evidencia, afirmaron que se observaron “similares actividades ilícitas” a las ya demostradas en las compulsas de precios del rubro insumos de los segmentos identificados como “amputación; audífonos; cardio; implante auditivo; neuro; sillas/andadores y traumatología”. “No constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”, recalcaron.

En el dictamen en el que solicitaron las indagatorias —pedido que convalidó el juzgado—, los representantes del MPF hicieron foco en el “direccionamiento y la cartelización en el procedimiento de compulsa de precios, en sus diversas etapas” y en los vínculos existentes entre las personas que comercializaban en los distintos segmentos y las que integraban la organización delictiva.

“Cada una de las maniobras ilícitas vinculadas a los segmentos se encuentra atravesada por el actuar de Miguel Ángel Calvete y su núcleo de confianza, como parte del sector privado, como así, por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, como responsables de ANDIS y encargados de generar que la agencia haya fungido como ventanilla de pagos indebidos en perjuicio del erario público a cambios de un sistema de retornos constantes”, establecieron.

Al analizar los distintos segmentos, marcaron que si bien se presentaban distintas empresas competidoras en las compulsar, en realidad se encubría “un entramado de intereses concentrados y una cartelización empresarial”.

Por ejemplo, al analizar el segmento amputaciones se pudo identificar “un claro direccionamiento”, además de otras irregularidades detectadas en las facturas, que dieron cuenta de diversas desproporciones. “Constituye un indicio significativo de que la facturación no respondía a una operación comercial genuina, sino que habría sido utilizada como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita articulada para defraudar al Estado Nacional, bajo una apariencia formal de legalidad”, recalcaron.

“Permanente ventanilla de pagos indebidos”: “Fue factible identificar maniobras posiblemente vinculadas con el lavado de activos, en razón de movimientos de dinero, tanto virtuales como físicos, y de un circuito de facturaciones apócrifas entre diversas empresas”, puntualizaron.

En ese sentido, evaluaron registros del sistema de compras SIIPFIS, documentación contable y societaria, comunicaciones extraídas de dispositivos electrónicos y facturación, entre otros elementos. Para la fiscalía, esto reveló “la existencia de un entramado organizado, mediante el cual se manipularon los procedimientos de compulsas de precios correspondientes al Programa Federal ‘Incluir Salud’, con el fin de asegurar la adjudicación de contrataciones en favor de un grupo reducido de empresas previamente seleccionadas, alternándose y redistribuyendo las ganancias”.

En esa línea, los fiscales Picardi y Rodríguez marcaron que la investigación desplegada hasta ahora y que aún sigue en proceso ya permitió identificar que la operatoria ilícita no se limitó al direccionamiento de las adjudicaciones, sino que incluyó un mecanismo específico de distribución de las ganancias obtenidas.

“Este mecanismo permitió generar un flujo sostenido de adjudicaciones direccionadas, garantizando la percepción de sumas millonarias por parte de las empresas beneficiadas, en detrimento de los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública y a cambio de retornos”, recalcaron.

“Diego Spagnuolo no sólo incumplió sus funciones como funcionario público, sino que montó en la agencia a su cargo una organización criminal destinada a generar permanentes ganancias a grupos reducidos de empresarios”, concluyeron los fiscales Picardi y Rodríguez.

“La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”, agregaron en otro tramo del dictamen.

Por ello, consideraron que el conjunto de evidencias que analizaron les permitió reconstruir un esquema delictivo que perduró en el tiempo y se caracterizó “por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”.

En esa línea, puntualizaron que personas vinculadas a las empresas proveedoras de insumos se relacionaban con Calvete para que éste determinara los precios de los insumos en las cotizaciones y así facilitar la adjudicación desde la ANDIS hacia determinadas firmas

“Esto implicaba, entonces, un acuerdo de precios para garantizar la adjudicación efectiva por parte de ANDIS a empresas preestablecidas y luego, la redistribución de ganancias entre personas responsables de las firmas, determinados/as funcionarios/as públicos/as y Miguel Ángel Calvete”, indicaron. A esto le sumaron que su rol adquiere incluso mayor relevancia en el rubro de insumo ya que habría intervenido como engranaje entre la Agencia y las empresas. Por esa tarea, habría percibido entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión. “No solo ganaba con sus firmas y adjudicaciones, sino que se quedaba con un porcentaje de las gestiones ilícitas coordinadas con funcionarios/as de ANDIS, quienes recibían retornos”, resumieron.

Por otro lado, señalaron también que algunas empresas actuaron como firmas pantalla, ya sea de manera preacordada o mediante su mera participación sin ser adjudicatarias, con el objeto de “dotar de una apariencia de legalidad y competencia a los procesos de compra”. 

Además de dejar en claro el rol de Garbellini y Calvete, volvieron a hacer hincapié en la responsabilidad del exdirector de ANDIS. “Diego Spagnuolo no sólo incumplió sus funciones como funcionario público, sino que montó en la agencia a su cargo una organización criminal destinada a generar permanentes ganancias a grupos reducidos de empresarios”, concluyeron.

Por Fiscales.gob.ar