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La Justicia Laboral de la ciudad de Santa Fe le ordenó al Municipio de Santa Fe, hoy encabezado por el Dr. Poletti, que haga efectivo el otorgamiento del Código de Descuento de cuota Sindical de los trabajadores afiliados a UTRAM.
El Juzgado de Control y Faltas 4, a cargo de Anahí Hampartzounian, impuso penas hasta cuatro años y medio de prisión efectiva para las causas por los “saqueos” del 21 y 22 de agosto de 2023, además, se dictó de la prisión preventiva de dos imputados.
Judiciales 19 de octubre de 2023La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 1, a cargo de Ernesto de Aragón informa que, en el marco de las causas por los “saqueos” del 21 y 22 de agosto de 2023, se dictó de la prisión preventiva de dos imputados y hubo doce sentencias condenatorias dictadas por el Juzgado de Control y Faltas 4, a cargo de Anahí Hampartzounian, con penas de hasta cuatro años y medio de prisión efectiva. En una de ellas el condenado ofreció una reparación proporcional a las víctimas por los daños causados.
Asimismo, se informa que se han logrado avances en la individualización de otros participes y no se descarta la ampliación de imputaciones por dichos sucesos delictivos.
Durante diferentes audiencias, la magistrada condenó a once personas por el delito de robo calificado por efracción, agravado por la intervención de menores de edad. Las penas oscilaron entre los 3 años y los 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Uno de los condenados ofreció una reparación proporcional al daño ocasionado a la víctima de uno de los sucesos, lo cual fue valorado como un atenuante al momento de imponerle la sanción. También declaró a un adolescente de 16 años responsable penal del hecho. Asimismo, esta semana la jueza confirmó la prisión preventiva de otros dos imputados, a quienes se les atribuye conductas similares.
Para tomar estas decisiones, la titular del Juzgado de Control de Control n.° 4 hizo hincapié en las particularidades de los desapoderamientos y enfatizó que su “especial gravedad” debe proyectarse en la respuesta punitiva que merecen los hechos y opera como “agravante” para todos los acusados.
En este sentido, puntualizó que “la actuación organizada y conjunta (…) mermó -hasta anular en cada uno de los casos- las concretas defensas que las víctimas pudieron oponer frente al ataque”. También sostuvo que “la pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo”.
La jueza explicó que el listado de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron motivados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”, sino que los autores aprovecharon la innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta.
Destacó que las personas que protagonizaron los saqueos poseían trabajo, es decir, que su actividad delictiva no fue motivada por la miseria o la imposibilidad de procurarse el sustento propio o del grupo familiar.
La jueza Anahí Hampartzounian también señaló que las consecuencias de los ilícitos trascendieron largamente el daño que produce cualquier otro delito. “El sentimiento de inseguridad y desasosiego que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas (…); sino que se extendió a todos los ciudadanos que observaron con perplejidad de modo directo o por los medios de comunicación, a bandas (…) que impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso”.
“Se generó, en la sociedad toda, un estado de razonable y justificado temor, ante la probabilidad cierta de que hechos similares características se tornaran masivos y la situación se desmadrara por completo, circunstancia que felizmente no aconteció merced al accionar oportuno y eficaz de las fuerzas policiales, que lograron prevenir, interrumpir o reprimir los desapoderamientos planeados, tentados o consumados, según el caso”, agregó.
De todos modos, la jueza resaltó que un sentimiento de fundada inseguridad se apoderó de los ciudadanos y, como consecuencia, “se originaron a nivel social severos cuestionamientos respecto a la capacidad del estado para cumplir, en un contexto como el descripto, con la función de seguridad que indelegablemente le compete y emergieron conductas compatibles con una desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social, situación que –huelga decirlo- socava las bases mismas del sistema republicano y democrático".
La Justicia Laboral de la ciudad de Santa Fe le ordenó al Municipio de Santa Fe, hoy encabezado por el Dr. Poletti, que haga efectivo el otorgamiento del Código de Descuento de cuota Sindical de los trabajadores afiliados a UTRAM.
Se trata de Jesús Rodolfo Daniel Echeverría, Tomás Agustín Maderna, Ian Pablo Quigley y Alejo Gatica. Se les impusieron tres años de prisión de ejecución condicional a cada uno y una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima. El hecho ilícito fue cometido el pasado domingo y el fiscal que investigó el caso es Iván Raposo.
Así fue ordenado a pedido del fiscal en una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 35 años, sus iniciales son LFG y cuenta con antecedentes penales condenatorios. El hecho ilícito fue el martes pasado y los movimientos del autor fueron registrados por cámaras de seguridad privadas.
Se trata de Eber Ivan Pedraza, de 32 años, a quien se le impusieron tres años de prisión efectiva y declaración de reincidencia. La pena fue dispuesta en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación.
Las medidas cautelares fueron dispuestas por el juez Adrián Godoy, a raíz del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia realizada ayer. Los cuatro imputados fueron detenidos en la ruta nacional 33 en jurisdicción de la localidad de Villada. Los detuvo personal en el marco de un operativo cerrojo que se montó a raíz de la denuncia realizada por las víctimas.
En la jornada de ayer, Constanza Taricco, la mujer de la localidad de Nono imputada por Sustracción de Menores (sus dos hijos de 9 y 6 años) que se presentó el 1 de agosto en el Polo de la Mujer en la ciudad Capital y quedó detenida en su domicilio con tobillera electrónica.
Se trata de Jesús Rodolfo Daniel Echeverría, Tomás Agustín Maderna, Ian Pablo Quigley y Alejo Gatica. Se les impusieron tres años de prisión de ejecución condicional a cada uno y una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima. El hecho ilícito fue cometido el pasado domingo y el fiscal que investigó el caso es Iván Raposo.
Comenzará el lunes 9, será segmentada, focalizada, progresiva y dinámica. En una primera etapa se colocarán las dosis a jóvenes de entre 15 y 19 años que residan en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en barrios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Hubo 8 familias evacuadas por presencia de humo, sin riesgo para las viviendas. En este momento el fuego se dirige hacia el el sur, donde trabaja personal, aviones hidrantes y autobombas. El ministerio de Salud dispuso un hospital móvil para la atención de contingencias.
El reporte climático de Sucesos indica para esta fin de semana, jornadas entre despejado y algo nublado (sábado y domingo) además, prevé temperaturas de entre 7 y 25°C, con viento leve.
"Los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes", planteó la Cancillería ante la Corte Penal Internacional.