El Juzgado de Control y Faltas 4, a cargo de Anahí Hampartzounian, impuso penas hasta cuatro años y medio de prisión efectiva para las causas por los “saqueos” del 21 y 22 de agosto de 2023, además, se dictó de la prisión preventiva de dos imputados.
Judiciales19/10/2023
Daniel Espinoza
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 1, a cargo de Ernesto de Aragón informa que, en el marco de las causas por los “saqueos” del 21 y 22 de agosto de 2023, se dictó de la prisión preventiva de dos imputados y hubo doce sentencias condenatorias dictadas por el Juzgado de Control y Faltas 4, a cargo de Anahí Hampartzounian, con penas de hasta cuatro años y medio de prisión efectiva. En una de ellas el condenado ofreció una reparación proporcional a las víctimas por los daños causados.
Asimismo, se informa que se han logrado avances en la individualización de otros participes y no se descarta la ampliación de imputaciones por dichos sucesos delictivos.
Durante diferentes audiencias, la magistrada condenó a once personas por el delito de robo calificado por efracción, agravado por la intervención de menores de edad. Las penas oscilaron entre los 3 años y los 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Uno de los condenados ofreció una reparación proporcional al daño ocasionado a la víctima de uno de los sucesos, lo cual fue valorado como un atenuante al momento de imponerle la sanción. También declaró a un adolescente de 16 años responsable penal del hecho. Asimismo, esta semana la jueza confirmó la prisión preventiva de otros dos imputados, a quienes se les atribuye conductas similares.
Para tomar estas decisiones, la titular del Juzgado de Control de Control n.° 4 hizo hincapié en las particularidades de los desapoderamientos y enfatizó que su “especial gravedad” debe proyectarse en la respuesta punitiva que merecen los hechos y opera como “agravante” para todos los acusados.
En este sentido, puntualizó que “la actuación organizada y conjunta (…) mermó -hasta anular en cada uno de los casos- las concretas defensas que las víctimas pudieron oponer frente al ataque”. También sostuvo que “la pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo”.
La jueza explicó que el listado de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron motivados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”, sino que los autores aprovecharon la innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta.
Destacó que las personas que protagonizaron los saqueos poseían trabajo, es decir, que su actividad delictiva no fue motivada por la miseria o la imposibilidad de procurarse el sustento propio o del grupo familiar.
La jueza Anahí Hampartzounian también señaló que las consecuencias de los ilícitos trascendieron largamente el daño que produce cualquier otro delito. “El sentimiento de inseguridad y desasosiego que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas (…); sino que se extendió a todos los ciudadanos que observaron con perplejidad de modo directo o por los medios de comunicación, a bandas (…) que impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso”.
“Se generó, en la sociedad toda, un estado de razonable y justificado temor, ante la probabilidad cierta de que hechos similares características se tornaran masivos y la situación se desmadrara por completo, circunstancia que felizmente no aconteció merced al accionar oportuno y eficaz de las fuerzas policiales, que lograron prevenir, interrumpir o reprimir los desapoderamientos planeados, tentados o consumados, según el caso”, agregó.
De todos modos, la jueza resaltó que un sentimiento de fundada inseguridad se apoderó de los ciudadanos y, como consecuencia, “se originaron a nivel social severos cuestionamientos respecto a la capacidad del estado para cumplir, en un contexto como el descripto, con la función de seguridad que indelegablemente le compete y emergieron conductas compatibles con una desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social, situación que –huelga decirlo- socava las bases mismas del sistema republicano y democrático".
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia que se realizó en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 25 años y sus iniciales son YGY. Con su accionar delictivo, incumplió una suspensión de juicio a prueba a la que se había sometido el año pasado en el marco de otro proceso penal.
El imputado tiene 27 años y sus iniciales son LFB. Agredió sexualmente a la víctima en la casa en la que convivía junto con ella y su grupo familiar. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit.
El líder y organizador de la asociación ilícita es Mauro Nahuel Novelino, que dirigía la estructura desde la cárcel y resultó condenado, en pena unificada, a 35 años de prisión. Su expareja, Lucía Uberti, también detenida y condenada por ordenar balaceras contra edificios judiciales, tenía un rol preponderante, y aceptó una pena única de 24 años de prisión. La investigación analizó más de 140 chats de la aplicación WhatsApp y 11.200 archivos de audio.
En audiencia del día 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Primera Instancia Dra. Marcogliese condenó a Alex Almaraz a 5 años de prisión por hecho de robo de dinero en efectivo y de intento de robo de una motocicleta
Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.
El imputado tiene 27 años y sus iniciales son LFB. Agredió sexualmente a la víctima en la casa en la que convivía junto con ella y su grupo familiar. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia que se realizó en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 25 años y sus iniciales son YGY. Con su accionar delictivo, incumplió una suspensión de juicio a prueba a la que se había sometido el año pasado en el marco de otro proceso penal.
El argentino se destacó con una rutina que combinó trucos de gran dificultad en su presentación. Su actuación consolida su liderazgo continental en la disciplina al ganar con 92 puntos. La competencia contó con la participación de los mejores riders del continente.
Fue apresado esta mañana. Se trata de Ernesto Fabián Quintana, quien ayer había ingresado a la lista luego de la detención de Waldo Bilbao, y por quien había una recompensa de $ 25 millones para quien aportara información.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana, jueves 18 de septiembre, una jornada mayormente afectada con cielo nuboso, 80% de probabilidad por tormenta para la madrugada, y temperaturas de entre 17 y 25°C.
