Se trata de José Oreste Martínez Bolañoz, de 62 años, quien era allegado a la familia de la víctima. La pena fue impuesta en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial. La fiscal Alejandra Del Río Ayala investigó el hecho ilícito y representó al MPA en el debate
Judiciales23/10/2023
Daniel Espinoza
Un hombre de 62 años identificado como José Oreste Martínez Bolañoz, fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente en la ciudad de Santa Fe. Así fue ordenado por un tribunal integrado por los jueces Octavio Silva (presidente), Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en la capital provincial.
La fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1, Alejandra Del Río Ayala, dirigió la investigación de los hechos ilícitos y representó al MPA en el debate.
Luego de conocer el veredicto, la funcionaria indicó que “en principio, estamos conformes con lo resuelto”, y explicó que “el tribunal condenó a Martínez Bolañoz como autor de abuso sexual con acceso carnal, que es la calificación penal que planteamos en la acusación”. Además, señaló que “el monto de la pena impuesta es cercano al que habíamos solicitado en nuestra acusación y en los alegatos”.
Por otro lado, la fiscal informó que “dado que el condenado padece un trastorno mental, los magistrados dispusieron que mientras esté privado de su libertad se le brinde el tratamiento médico adecuado”.
Abuso: Del Río Ayala señaló que “Martínez Bolañoz era allegado a la familia de la víctima y cometió el delito una tarde de agosto de 2016, época en la que ella cursaba la escuela secundaria”.
“El condenado fue hasta la casa de la adolescente, quien lo recibió y le dijo que no había nadie más allí”, expuso. “El atacante aprovechó entonces la situación de vulnerabilidad en la que estaba la víctima, la agarró con fuerza del cabello, la golpeó en el rostro y la agredió sexualmente”, relató.
Investigación: La fiscal recordó que “la investigación comenzó a fines de 2016 como una búsqueda de paradero, a raíz de que la madre de la víctima denunció que su hija se había fugado de su hogar”, y aclaró que “fue hallada días después”.
Según afirmó Del Río Ayala, “tras ser ubicada, la adolescente declaró que uno de los motivos por los que se había ido de su domicilio era el trauma que le generó un abuso sexual sufrido meses atrás”. Al respecto, puntualizó que “en esa misma entrevista, sindicó a Martínez Bolañoz como el autor”.
“A su vez, la víctima narró el hecho ilícito ante la preceptora de su escuela, quien también aportó datos que sirvieron para reconstruir lo sucedido”, finalizó la fiscal.
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Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.
Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.
La Unidad Fiscal Santa Fe resolvió el caso en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno. Los condenados son de nacionalidad peruana y boliviana. Fueron condenados por el ingreso ilegal al país procedentes de Bolivia en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de 30.500 dólares. La investigación no halló elementos sobre tráfico de estupefacientes.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. La víctima relató que el pasado 8 de agosto fue interceptada en barrio Triángulo y Moderno y obligada a subir a una camioneta bajo amenazas de muerte.
La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.
El Ministerio de e Igualdad y Desarrollo Humano indicó que a partir de mañana, jueves 11 de septiembre, estarán acreditados los fondos del programa asistencial.
Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
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