Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado. La suma supera el millón y medio de dólares y unos cuarenta millones de pesos.
Judiciales 30/10/2023
Daniel Espinoza
Ordenaron la prisión preventiva de tres personas a las que se investiga por integrar una asociación ilícita que realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios en Rafaela
Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado y se extendió por más de 15 horas. Hay otras cinco personas imputadas para quienes se dispusieron medidas alternativas a la privación de la libertad. Si bien el monto de las estafas aún no pudo ser determinado, ronda 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado en los tribunales rafaelinos y que se extendió por más de 15 horas.
Las personas que quedaron privadas de su libertad son dos hermanos de 45 y 48 años, cuyas iniciales son MGS y FLS, respectivamente. Estos dos hombres fueron imputados como jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas.
También quedó en prisión preventiva una mujer de 71 años e iniciales MOC, que es la madre de los dos hombres. A ella se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas. Por su edad, se dispuso que la imputada cumpla la medida cautelar de forma domiciliaria.
El juez también ordenó la inhibición general de bienes respecto de los hermanos imputados como jefes de la asociación ilícita, como así también de tres empresas que ellos administran. El total de la inhibición es de 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
En el marco de la misma investigación hay otras cinco personas imputadas, a las que se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita en carácter de partícipes principales de las estafas. Son tres hombres de 39, 49 y 56 años; y dos mujeres de 22 y 54 años. A estas cinco personas se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.
En relación a estas cinco personas, el juez dispuso la inhibición general de bienes por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
Modalidad delictiva: El fiscal Loyola planteó que “los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.
“Ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses– en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”, detalló Loyola.
El fiscal del MPA también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.
“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.
El representante del MPA también brindó precisiones acerca de los pagos que realizaron las víctimas. “Los hacían de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o debían enviar el dinero en efectivo a donde estuvieran los integrantes de la asociación ilícita”, indicó.
Modalidad delictiva: El fiscal Layola planteó que "los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario del cual se ejecutaron las estafas". En tal sentido, agregó que "las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes".
La experiencia piloto de implementación progresiva de la reforma procesal laboral comenzará a funcionar a partir del 1° de agosto de 2024.
Se trata de Héctor Maximiliano Gabriel Ortiz, de 19 años, a quien se le impusieron tres años de prisión. Además, se apoderó ilegítimamente de dinero que había dentro de otro vehículo, intentó ingresar sin autorización a una vivienda y encubrió la sustracción de herramientas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
La Fiscalía solicitará que un abogado acusado de abusar sexualmente de una adolescente en un estudio jurídico sea condenado y no pueda volver a ejercer su profesión. Se trata del defensor de un primo de la víctima, que también es investigado por delitos contra la integridad sexual. En segunda instancia, se confirmó la admisión de la acusación y el rechazo de un pedido de sobreseimiento y de documentos ofrecidos por la Defensa para respaldar su teoría del caso. Además, se denegó un recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados defensores tras la resolución de la Alzada.
Se trata de Álvaro Maciel Orellana, de 19 años, a quien se le impusieron siete meses de prisión efectiva. También recibió la pena por haber amenazado a los uniformados y como autor de resistencia a la autoridad. Los ilícitos fueron cometidos en febrero y abril de este año. El fiscal que realizó la investigación es Mauro Menéndez.
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julián Cochero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Melincué. El imputado era la máxima autoridad del predio en el que debían estar los repuestos comercializados ilegalmente. La investigación comenzó a partir de que se detectaron indicios de la conducta delictiva en una escucha telefónica analizada en el marco de otro legajo penal.
El miércoles 8 de mayo, por intervención de la fiscalía de Rufino, se procedió con un allanamiento en una vivienda de un establecimiento rural a los fines de dar con el paradero de una mujer y su hija.
Así fue ordenado a pedido del fiscal Horacio Puyrredón, en una audiencia realizada ayer en los tribunales de Venado Tuerto. La víctima del ilícito iba en bicicleta por la vía pública cuando le sustrajeron 70.000 pesos. A uno de los imputados además se le atribuyó haber amenazado a una expareja y haber incumplido una restricción de acercamiento a ella.
Las medidas cautelares fueron dispuestas por el juez Adrián Godoy, a raíz del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia realizada ayer. Los cuatro imputados fueron detenidos en la ruta nacional 33 en jurisdicción de la localidad de Villada. Los detuvo personal en el marco de un operativo cerrojo que se montó a raíz de la denuncia realizada por las víctimas.
En horas de la noche de ayer, efectivos policiales aprehendieron a un hombre de 37 años que tenía una prohibición de acercamiento hacia una mujer de 32 años que se encontraba en el lugar y que a su ves era buscada por Paradero, ambos fueron encontrados en un hotel ubicado en calle Centenario al 100.
En horas de la noche de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Venado, detuvo a un masculino de 34 años fuera de un domicilio en calle Castelli al 2500, quien habría robado dos televisores, un celular y 600 dólares y habría agredido a la víctima. Los uniformados recuperaron los objetos robados
El suceso fue registrado en horas de la madrugada de hoy, en la esquina de Santa Cruz y Paso, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto aprehendió a un masculino de 27 años.
Se puede acceder a las boletas en la web de la Provincia y pagarlas de manera electrónica. Para abonar de manera presencial no es necesaria la boleta en papel, solo el DNI. El objetivo es reducir el uso de papel y priorizar los medios digitales.
Tras fracasar en las negociaciones con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el gobierno de Javier Milei, determinó por decreto en el Boletín Oficial de este viernes el nuevo piso salarial que pasará de $234.315,12 a $254.231,91 para julio.
