Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado. La suma supera el millón y medio de dólares y unos cuarenta millones de pesos.
Judiciales30/10/2023
Daniel Espinoza
Ordenaron la prisión preventiva de tres personas a las que se investiga por integrar una asociación ilícita que realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios en Rafaela
Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado y se extendió por más de 15 horas. Hay otras cinco personas imputadas para quienes se dispusieron medidas alternativas a la privación de la libertad. Si bien el monto de las estafas aún no pudo ser determinado, ronda 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado en los tribunales rafaelinos y que se extendió por más de 15 horas.
Las personas que quedaron privadas de su libertad son dos hermanos de 45 y 48 años, cuyas iniciales son MGS y FLS, respectivamente. Estos dos hombres fueron imputados como jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas.
También quedó en prisión preventiva una mujer de 71 años e iniciales MOC, que es la madre de los dos hombres. A ella se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas. Por su edad, se dispuso que la imputada cumpla la medida cautelar de forma domiciliaria.
El juez también ordenó la inhibición general de bienes respecto de los hermanos imputados como jefes de la asociación ilícita, como así también de tres empresas que ellos administran. El total de la inhibición es de 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
En el marco de la misma investigación hay otras cinco personas imputadas, a las que se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita en carácter de partícipes principales de las estafas. Son tres hombres de 39, 49 y 56 años; y dos mujeres de 22 y 54 años. A estas cinco personas se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.
En relación a estas cinco personas, el juez dispuso la inhibición general de bienes por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
Modalidad delictiva: El fiscal Loyola planteó que “los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.
“Ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses– en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”, detalló Loyola.
El fiscal del MPA también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.
“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.
El representante del MPA también brindó precisiones acerca de los pagos que realizaron las víctimas. “Los hacían de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o debían enviar el dinero en efectivo a donde estuvieran los integrantes de la asociación ilícita”, indicó.
Modalidad delictiva: El fiscal Layola planteó que "los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario del cual se ejecutaron las estafas". En tal sentido, agregó que "las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes".
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
Así fue resuelto en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino. La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el debate. El agresor tiene 38 años y la víctima actualmente es mayor de edad. Los hechos ilícitos fueron cometidos en 2023, en el marco de la convivencia que mantenían.
Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, se inició en 2021 cuando PAMI detectó más 600 recetas apócrifas para 78 afiliados que desconocieron recibir la medicación. La defraudación supera el millón de pesos, a valores del año en el que se denunciaron las maniobras.
Así fue dispuesto a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 46 años, sus iniciales son MRD y se le atribuyó haber cometido los ilícitos entre 2019 y principios de este mes. La denuncia que originó la investigación fue realizada por la propia víctima, quien es adolescente y fue asistido por la madre de un amigo suyo.
En el juicio intervino el fiscal general Federico Reynares Solari de la Unidad Fiscal Rosario
Tiene 19 años y sus iniciales son PLG. Además se le endilgaron agresiones físicas sufridas por una mujer que era su pareja y por un hermano de él. La cautelar fue ordenada a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.
En el juicio intervino el fiscal general Federico Reynares Solari de la Unidad Fiscal Rosario
Así fue dispuesto a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 46 años, sus iniciales son MRD y se le atribuyó haber cometido los ilícitos entre 2019 y principios de este mes. La denuncia que originó la investigación fue realizada por la propia víctima, quien es adolescente y fue asistido por la madre de un amigo suyo.
Así fue resuelto en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino. La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el debate. El agresor tiene 38 años y la víctima actualmente es mayor de edad. Los hechos ilícitos fueron cometidos en 2023, en el marco de la convivencia que mantenían.
Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe constataron que había dos personas en el interior del inmueble con material estupefaciente apto para su comercialización.
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
