Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado. La suma supera el millón y medio de dólares y unos cuarenta millones de pesos.
Judiciales30/10/2023
Daniel Espinoza
Ordenaron la prisión preventiva de tres personas a las que se investiga por integrar una asociación ilícita que realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios en Rafaela
Se trata de dos hermanos de 45 y 48 años, y de una mujer de 71 años que es la madre de ellos. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado y se extendió por más de 15 horas. Hay otras cinco personas imputadas para quienes se dispusieron medidas alternativas a la privación de la libertad. Si bien el monto de las estafas aún no pudo ser determinado, ronda 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal adjunto Guillermo Loyola e impuesta por el juez Gustavo Bumaguín en una audiencia que se realizó el sábado en los tribunales rafaelinos y que se extendió por más de 15 horas.
Las personas que quedaron privadas de su libertad son dos hermanos de 45 y 48 años, cuyas iniciales son MGS y FLS, respectivamente. Estos dos hombres fueron imputados como jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas.
También quedó en prisión preventiva una mujer de 71 años e iniciales MOC, que es la madre de los dos hombres. A ella se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas. Por su edad, se dispuso que la imputada cumpla la medida cautelar de forma domiciliaria.
El juez también ordenó la inhibición general de bienes respecto de los hermanos imputados como jefes de la asociación ilícita, como así también de tres empresas que ellos administran. El total de la inhibición es de 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
En el marco de la misma investigación hay otras cinco personas imputadas, a las que se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita en carácter de partícipes principales de las estafas. Son tres hombres de 39, 49 y 56 años; y dos mujeres de 22 y 54 años. A estas cinco personas se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.
En relación a estas cinco personas, el juez dispuso la inhibición general de bienes por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.
Modalidad delictiva: El fiscal Loyola planteó que “los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.
“Ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses– en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”, detalló Loyola.
El fiscal del MPA también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.
“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.
El representante del MPA también brindó precisiones acerca de los pagos que realizaron las víctimas. “Los hacían de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o debían enviar el dinero en efectivo a donde estuvieran los integrantes de la asociación ilícita”, indicó.
Modalidad delictiva: El fiscal Layola planteó que "los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario del cual se ejecutaron las estafas". En tal sentido, agregó que "las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes".
La causa se cerrará ya que el acusado es menor y tampoco se constató que haya otra persona involucrada en el crimen
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Eduardo Lago, e impuesta por la jueza Paula Borello, en una audiencia llevada a cabo ayer. El imputado tiene 26 años, sus iniciales son RCA y tiene antecedentes penales condenatorios. También agredió con un tiro a un vecino de la mujer e intentó escapar de la policía.
Se trata de Carlos Martín Kinder, de 39 años, a quien se le impuso una pena a 11 años de prisión. El Tribunal de Alzada revisó la decisión de primera instancia a partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 36 años y sus iniciales son EMW. Se le endilgó haber amedrentado al funcionario público mediante mensajes de WhatsApp durante cuatro horas entre el domingo y el lunes pasados. Mañana se debatirán las medidas cautelares y la funcionaria del MPA adelantó que solicitará la prisión preventiva.
Se trata de Jonatan Emanuel Benavídez, de 32 años, quien además fue declarado reincidente. La denuncia que originó la investigación fue realizada por las autoridades del jardín de infantes al que asistían las víctimas. La investigación que permitió llegar a la condena estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic.
La causa se desprende a raíz de l fuego se habría originado por un conductor eléctrico que se habría caído sobre unos arbustos y malezas autóctonas en virtud de encontrarse en mal estado debido a un negligente mantenimiento realizado por la Cooperativa. El presidente de la “Cooperativa de Servicios Públicos y Asistenciales Chancaní Limitada”, José Jisifredo Guzmán, fue imputado por el supuesto delito de Incendio Culposo. Esto por el siniestro que afecta a miles de hectáreas en el Paraje Los Túneles, en Villa de Pocho.
La causa se cerrará ya que el acusado es menor y tampoco se constató que haya otra persona involucrada en el crimen
El reporte climático de Sucesos indica que rige alerta por tormenta fuerte para la última hora de la noche y parte de la madrugada de mañana, además, indica que la jornada (jueves) estará mayormente afectada con cielo nuboso, temperaturas de entre 16° y 28°C, y viento sur de hasta 40 km/h.
Son los primeros de la temporada y las personas no registran antecedentes de viaje. Se recomienda eliminar criaderos de mosquitos, evitar picaduras y estar alerta ante síntomas. Quienes visiten zonas con circulación del virus, deben extremar medidas de prevención y consultar ante fiebre o dolor de cabeza, músculos, articulaciones.
El sistema comenzará a aplicarse a partir del 1° de marzo de 2025, pero tendrá vigencia plena desde el 1° de julio de 2026. Hasta esta última fecha, los dispositivos para cumplir esta medida serán provistos por el Estado.
“El accionar del gobernador es gravísimo. Está actuando al margen de la ley. Pullaro ha iniciado un proceso de criminalización de la protesta sin precedentes para la provincia”, apuntó Rodolfo Aguiar.
