Un legislador de Córdoba y exministro de seguridad provincial fue imputado por violencia de género y amenazas

El líder y organizador de la asociación ilícita es Mauro Nahuel Novelino, que dirigía la estructura desde la cárcel y resultó condenado, en pena unificada, a 35 años de prisión. Su expareja, Lucía Uberti, también detenida y condenada por ordenar balaceras contra edificios judiciales, tenía un rol preponderante, y aceptó una pena única de 24 años de prisión. La investigación analizó más de 140 chats de la aplicación WhatsApp y 11.200 archivos de audio.

En audiencia del día 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Primera Instancia Dra. Marcogliese condenó a Alex Almaraz a 5 años de prisión por hecho de robo de dinero en efectivo y de intento de robo de una motocicleta

Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.

Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.

Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.