Un legislador de Córdoba y exministro de seguridad provincial fue imputado por violencia de género y amenazas

La denuncia de un trabajador derivó en el allanamiento a un predio rural ubicado en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde se constató que las víctimas estaban en condiciones de hacinamiento. Algunas vivían en el lugar, dormían en casillas de chapa con piso de tierra, sin baños ni agua potable, y trabajaban desde la madrugada con linternas.

Gendarmería Nacional lo interceptó en un control vehicular de rutina sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de General Lagos, en mayo de 2023. Llevaba los estupefacientes debajo del asiento del conductor, e intentó sobornar con dinero a uno de los funcionarios de seguridad para “arreglar” la situación.

“Te vas a pasar para el otro lado”: El caso se inició con la denuncia del padre de un hombre que en 2023 fue hallado muerto en su domicilio tras inyectarse sustancias. Los chats hallados en el celular de su hijo revelaron que el profesional de la salud sería quien, por redes sociales, le vendía fentanilo y bromuro de vecuronio -produce parálisis neuromuscular-. En el domicilio del acusado secuestraron, entre otros fármacos, ampollas que coincidían con una muestra encontrada en la casa del fallecido.

Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre.

La fiscalía señaló que el fallo de la Cámara Federal puso un plazo exiguo que no permite agotar las diligencias necesarias y que, por lo tanto, afectaría la posibilidad de conocer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Siete personas llegarán a juicio próximamente acusadas de intervenir en su sustracción y ocultamiento.

Así se expidió el Máximo Tribunal, al hacer lugar al recurso de queja presentado contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, por segunda vez, había confirmado el sobreseimiento del exmagistrado acusado de no investigar a un grupo de policías que habrían torturado a uno de los imputados en el secuestro del expresidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. También se le imputa no haber investigado las torturas cometidas en 1988 en otra causa contra un ciudadano uruguayo para que declarara contra un abogado.