La CTA Autónoma, la CTA-T y la CGT solicitaron “la intervención urgente del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical, y la protección del derecho de sindicación" ante la escalada represiva anunciada por Bullrich y Milei.
Nacional19/12/2023
Daniel Espinoza
Las centrales sindicales argentinas presentaron un recurso formal ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, alertados por la amenaza represiva y la violación a derechos básicos que suponen los anuncios del gobierno de Javier Milei a través de la ministra Bullrich, y el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.
El documento afirma lo que movimiento sindical argentino advirtió durante toda la campaña electoral sobre las intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social: "Funciona como un disciplinador social", señalaron.
En esta oportunidad, la centrales sindicales denunciaron: "La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país. El nuevo Protocolo para el mantenimiento del orden público autoriza a todas las fuerzas federales -La Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Areoporturaria, la Policía federal y el Servicio Penitenciario Federal- a intervenir frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación".
Imagen de archivo (represión policial)
El documento también afirma que el intento de recorte de los derechos y garantías constitucionales del gobierno se dan en el marco de “un plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado que generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina y que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados". En ese sentido, se da por sentado una previsible reacción de los sectores afectados: "Pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas".
Frente a este cuadro, el documento del movimiento obrero señala que el protocolo anti piquete es "una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico”, y que “contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación".
Del mismo modo, señala que este intento de escala represiva y de vulneración de derechos civiles, es contrario a normas internacionales vigentes y subscriptas por la Argentina.
Para concluir, las centrales afirman: "El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad".
La Nación aporta otros $10 millones, totalizando una recompensa de $30 millones. Las personas deberán comunicarse al teléfono del Sistema Federal de Búsqueda, línea 134.
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