La CTA Autónoma, la CTA-T y la CGT solicitaron “la intervención urgente del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical, y la protección del derecho de sindicación" ante la escalada represiva anunciada por Bullrich y Milei.
Nacional19/12/2023
Daniel Espinoza
Las centrales sindicales argentinas presentaron un recurso formal ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, alertados por la amenaza represiva y la violación a derechos básicos que suponen los anuncios del gobierno de Javier Milei a través de la ministra Bullrich, y el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.
El documento afirma lo que movimiento sindical argentino advirtió durante toda la campaña electoral sobre las intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social: "Funciona como un disciplinador social", señalaron.
En esta oportunidad, la centrales sindicales denunciaron: "La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país. El nuevo Protocolo para el mantenimiento del orden público autoriza a todas las fuerzas federales -La Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Areoporturaria, la Policía federal y el Servicio Penitenciario Federal- a intervenir frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación".
Imagen de archivo (represión policial)
El documento también afirma que el intento de recorte de los derechos y garantías constitucionales del gobierno se dan en el marco de “un plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado que generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina y que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados". En ese sentido, se da por sentado una previsible reacción de los sectores afectados: "Pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas".
Frente a este cuadro, el documento del movimiento obrero señala que el protocolo anti piquete es "una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratifico”, y que “contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación".
Del mismo modo, señala que este intento de escala represiva y de vulneración de derechos civiles, es contrario a normas internacionales vigentes y subscriptas por la Argentina.
Para concluir, las centrales afirman: "El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad".
A través de su Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos resume la normativa vigente en el país sobre el ingreso y egreso de moneda extranjera y de instrumentos negociables como cheques o pagarés.
“El anuncio de la senadora fue hecho a las apuradas y es confuso. La obligaron a decir eso. Mintió al afirmar que querían incorporar distintas propuestas. En realidad no tenían los votos. Pero si acuerdan la plata que quieren los gobernadores, intentarán tratar la iniciativa antes de febrero e incluso podría ser en el mes de diciembre. Ellos saben que legal y técnicamente es posible. No nos pueden agarrar con la guardia baja”, señaló el dirigente.
Un día como hoy, pero de 2001, la Asamblea Legislativa elige a Adolfo Rodríguez Saá como presidente. El hasta ese momento gobernador de San Luis asume con el apoyo de los gobernadores del peronismo, con la idea de llamar a elecciones en marzo de 2002, cuyo ganador completaría el mandato de Fernando de la Rúa hasta diciembre de 2003. Rodríguez Saá durará una semana en el cargo. En esos siete días, entre otras cosas, declara el default; propone una nueva moneda, el Argentino; y recibe a las Madres de Plaza de Mayo. La pérdida de apoyos lo llevará a renunciar el 30 de diciembre.
La Nación aporta otros $10 millones, totalizando una recompensa de $30 millones. Las personas deberán comunicarse al teléfono del Sistema Federal de Búsqueda, línea 134.
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Un día como hoy, pero de 2001, casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produce un estallido social que marcará el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay siete muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el Conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo, con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche, renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
En el marco de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.
Participaron funcionarios nacionales, representantes de cámaras empresariales, entidades agropecuarias, industriales y sindicales. Se acordó un cuarto intermedio hasta hoy a las 9,30 horas para continuar con las exposiciones y el debate.
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El hallazgo se produjo durante un control vehicular a la altura del peaje de General Lagos. El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.
La iniciativa propone cambios concretos en la regulación de los cuidacoches, la prohibición de los limpiavidrios en la vía pública y un refuerzo del marco sancionatorio vinculado a la salud pública.
