La Fiscalía de Laboulaye solicitó juicios abreviados contra dos rufineneses por el robo de una moto

Con una nueva victoria judicial para los trabajadores, por pedido de la CGT, la Justicia laboral analizó y decidió anular los artículos del decreto 340 del Gobierno nacional que intentaban limitar el derecho a huelga. La Cámara de Apelaciones consideró que se violaron normas constitucionales y se evitó el debate en el Congreso, el poder republicano encargado de modificar leyes.

De acuerdo a la investigación conducida por el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, la banda dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego y municiones era liderada por dos reclusos desde la cárcel federal de Cuyo. Es la primera aplicación en la provincia de la asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado este año. El fundamento del encuadre legal radica en la complejidad de la estructura criminal investigada.

Fue interpuesto por la fiscal Mayra Vuletic y el tribunal revisor será la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El fallo impugnado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso y dejó sin efecto una decisión de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención. La persona que debe cumplir la pena es Daniel Iván Favilla, a quien en mayo pasado se le impusieron 19 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja.

Intervendrá como parte acusadora en la investigación judicial iniciada por la distribución de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, cuyos productos fueron retirados del sistema de salud en mayo.

Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.

En un juicio de trámite abreviado, Marisol Saavedra Chungara, dos de sus hijos y otros dos colaboradores, recibieron penas de 4 a 8 años de prisión por tráfico y transporte de estupefacientes. El caso ocurrió en enero de 2022 y fue conocido como el “narcobombardeo”, porque la organización arrojaba bultos con cocaína a campos, desde avionetas que emprendían vuelos clandestinos desde Bolivia.