Las medidas cautelares fueron solicitadas por el fiscal Damián Cassullo e impuestas por el juez Adrián Godoy. De acuerdo con la investigación, los imputados se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de Facebook, les decían que harían una transferencia como seña, pero luego les enviaban por whatsapp un comprobante falso por un monto mayor al pactado. Inmediatamente después escribían mensajes desde otra línea haciéndose pasar por representantes bancarios y les decían a las víctimas cómo debían hacer para “devolver” el dinero que supuestamente habían recibido por error y así evitar que sus cuentas sean bloqueadas o inhabilitadas.
Judiciales30/05/2024
Daniel Espinoza
Dos hombres que están alojados en la cárcel de Río Cuarto (provincia de Córdoba) son investigados como autores de estafas realizadas a través de teléfonos celulares a tres personas de Venado Tuerto.
Los dos presos fueron imputados por el fiscal Damián Cassullo, quien también pidió que se les imponga prisión preventiva. El juez Adrián Godoy hizo lugar al planteo del fiscal del MPA y dispuso la medida cautelar privativa de la libertada en el marco de una audiencia llevada a cabo en los tribunales venadenses.
Dinero de más: “Los dos hombres investigados –de iniciales EAMO y CAS– utilizaron teléfonos celulares a los que les colocaban diversos chips con distintos códigos de área”, informó el fiscal en la audiencia y agregó que “desde esos aparatos se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de la plataforma Facebook”.
Según precisó Cassullo ante el juez, las estafas fueron cometidas entre el 19 de marzo y el 3 de mayo de este año. Las tres víctimas son personas que viven en Venado Tuerto.
En cuanto a la modalidad delictiva, el fiscal explicó que “los imputados le decían a los vendedores que estaban interesados en cerrar la compra y que les harían una transferencia como seña”. Sin embargo, advirtió que “unos minutos después, a las víctimas les enviaban por whatsapp un comprobante apócrifo de una supuesta transferencia por un monto mayor al pactado”.
“Los dos hombres investigados volvían a contactarse con las víctimas, les decían que se habían equivocado en el monto transferido, y que desde el banco se comunicarían con ellas para explicarles cómo hacer para devolver el dinero”, informó el fiscal.
Cassullo agregó que “desde otra línea, le escribían a las víctimas haciéndose pasar por representantes bancarios, y les daban instrucciones para que ‘devuelvan’ el dinero que supuestamente se les había transferido por error”. El fiscal hizo hincapié en que “el presunto empleado del banco les decía que si no seguían sus instrucciones, sus cuentas serían bloqueadas o inhabilitadas y que la AFIP estaba monitoreando la operación que, en realidad, nunca se había hecho”.
“Bajo ese engaño, las víctimas trasfirieron el dinero, e incluso, dos de ellas, hasta pidieron un préstamo bancario para poder concretar la supuesta devolución”, remarcó el fiscal.
Sugerencia: “Basándonos en el recientemente reformado artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe, solicitamos al juez la posibilidad de que ordene las medidas previstas en los incisos 1 y 2 de ese artículo para evitar que los imputados entorpezcan la investigación penal en curso a través del uso de teléfonos celulares en su lugar de alojamiento”, planteó el fiscal Cassullo.
Imagen ilustrativa (de archivo).
El funcionario del MPA valoró que “entendemos que, si bien el juez aclaró que la norma recientemente incorporada a nuestro ordenamiento procesal está dirigida a presos de alto perfil, hizo parcialmente lugar a nuestro pedido e incluyó en su resolución una sugerencia a las autoridades carcelarias de Río Cuarto, en el que están alojados los dos hombres investigados; de muy similares características a las contenidas en el inciso 2 del nuevo artículo”.
En el punto 9 de su resolución, el magistrado plantea: “Sugerir al Director del Establecimiento Penitenciario número 6 de Río Cuarto, atento a la dinámica de los hechos probabilizados (empleo de diversos celulares, empleo de diversos chips, participación de más de una persona, cantidad de personas probablemente defraudadas todas domiciliadas fuera de Río Cuarto, empleo de cuentas bancarias de alegados o terceros no anoticiados, eventuales perjuicios a terceros que no son propiamente víctima de estos delitos probabilizados) se evalúe si es pertinente una restricción temporal de comunicaciones de los imputados".
Oficina de Prensa y Difusión MPA.
La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
La investigación de la Unidad Fiscal Rosario está relacionada con dos oficios que libró el juez, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuya finalidad era obtener información sobre medidas en su contra ordenadas en el marco de una causa en la que se lo investiga por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 55 años y sus iniciales son GAS. Los abusos fueron cometidos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes próximo, el MPF formalizará una nueva imputación en contra del magistrado por “abuso de autoridad”.
La parcela está ubicada en un exclusivo predio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Habrían pagado 70.000 dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en el juzgado del exmagistrado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. Se dispuso un embargo de 414 millones de pesos para el matrimonio.
El imputado viajaba con su hija de 4 años en un auto que no tenía chapa patente frontal y fue detenido en un control vehicular sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica. También le encontraron LSD, “cristal” y ketamina. Investigan si integraba una organización narcocriminal, ya que, al allanar su domicilio en la ciudad entrerriana de Paraná, se secuestraron más estupefacientes y elementos de estiramiento.
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