Las medidas cautelares fueron solicitadas por el fiscal Damián Cassullo e impuestas por el juez Adrián Godoy. De acuerdo con la investigación, los imputados se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de Facebook, les decían que harían una transferencia como seña, pero luego les enviaban por whatsapp un comprobante falso por un monto mayor al pactado. Inmediatamente después escribían mensajes desde otra línea haciéndose pasar por representantes bancarios y les decían a las víctimas cómo debían hacer para “devolver” el dinero que supuestamente habían recibido por error y así evitar que sus cuentas sean bloqueadas o inhabilitadas.
Judiciales30/05/2024
Daniel Espinoza
Dos hombres que están alojados en la cárcel de Río Cuarto (provincia de Córdoba) son investigados como autores de estafas realizadas a través de teléfonos celulares a tres personas de Venado Tuerto.
Los dos presos fueron imputados por el fiscal Damián Cassullo, quien también pidió que se les imponga prisión preventiva. El juez Adrián Godoy hizo lugar al planteo del fiscal del MPA y dispuso la medida cautelar privativa de la libertada en el marco de una audiencia llevada a cabo en los tribunales venadenses.
Dinero de más: “Los dos hombres investigados –de iniciales EAMO y CAS– utilizaron teléfonos celulares a los que les colocaban diversos chips con distintos códigos de área”, informó el fiscal en la audiencia y agregó que “desde esos aparatos se contactaban con personas que tenían productos a la venta en el Marketplace de la plataforma Facebook”.
Según precisó Cassullo ante el juez, las estafas fueron cometidas entre el 19 de marzo y el 3 de mayo de este año. Las tres víctimas son personas que viven en Venado Tuerto.
En cuanto a la modalidad delictiva, el fiscal explicó que “los imputados le decían a los vendedores que estaban interesados en cerrar la compra y que les harían una transferencia como seña”. Sin embargo, advirtió que “unos minutos después, a las víctimas les enviaban por whatsapp un comprobante apócrifo de una supuesta transferencia por un monto mayor al pactado”.
“Los dos hombres investigados volvían a contactarse con las víctimas, les decían que se habían equivocado en el monto transferido, y que desde el banco se comunicarían con ellas para explicarles cómo hacer para devolver el dinero”, informó el fiscal.
Cassullo agregó que “desde otra línea, le escribían a las víctimas haciéndose pasar por representantes bancarios, y les daban instrucciones para que ‘devuelvan’ el dinero que supuestamente se les había transferido por error”. El fiscal hizo hincapié en que “el presunto empleado del banco les decía que si no seguían sus instrucciones, sus cuentas serían bloqueadas o inhabilitadas y que la AFIP estaba monitoreando la operación que, en realidad, nunca se había hecho”.
“Bajo ese engaño, las víctimas trasfirieron el dinero, e incluso, dos de ellas, hasta pidieron un préstamo bancario para poder concretar la supuesta devolución”, remarcó el fiscal.
Sugerencia: “Basándonos en el recientemente reformado artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe, solicitamos al juez la posibilidad de que ordene las medidas previstas en los incisos 1 y 2 de ese artículo para evitar que los imputados entorpezcan la investigación penal en curso a través del uso de teléfonos celulares en su lugar de alojamiento”, planteó el fiscal Cassullo.
Imagen ilustrativa (de archivo).
El funcionario del MPA valoró que “entendemos que, si bien el juez aclaró que la norma recientemente incorporada a nuestro ordenamiento procesal está dirigida a presos de alto perfil, hizo parcialmente lugar a nuestro pedido e incluyó en su resolución una sugerencia a las autoridades carcelarias de Río Cuarto, en el que están alojados los dos hombres investigados; de muy similares características a las contenidas en el inciso 2 del nuevo artículo”.
En el punto 9 de su resolución, el magistrado plantea: “Sugerir al Director del Establecimiento Penitenciario número 6 de Río Cuarto, atento a la dinámica de los hechos probabilizados (empleo de diversos celulares, empleo de diversos chips, participación de más de una persona, cantidad de personas probablemente defraudadas todas domiciliadas fuera de Río Cuarto, empleo de cuentas bancarias de alegados o terceros no anoticiados, eventuales perjuicios a terceros que no son propiamente víctima de estos delitos probabilizados) se evalúe si es pertinente una restricción temporal de comunicaciones de los imputados".
Oficina de Prensa y Difusión MPA.
El dictamen de la PIA fue dirigido 48 horas antes de la subasta a las autoridades de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA. Identifica las irregularidades de las actuaciones administrativas y advierte que el procedimiento podría estar afectado por “vicios de imposible subsanación”.
Así fue dispuesto por unanimidad por un tribunal de segunda instancia que rechazó los agravios presentados por la Defensa. El condenado es Carlos Emanuel Lucero, de 38 años, quien en 2020 le quitó la vida a Juan Marcos Correa, decapitó el cadáver y enterró las partes cerca de un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte. La fiscal que representó al MPA en la audiencia de apelación es Rafaela Florit.
Mario Alfredo Sandoval (a) “Churrasco” fue condenado en 2022 como coautor del secuestro y tortura de Hernán Abriata, quien permanece desaparecido. El expolicía fue reconocido en el juicio como integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue vista la víctima por última vez.
Conocido como “Emi Trix” en redes sociales, lideraba una organización que en 2022 comercializaba pastillas de éxtasis y cristal en fiestas electrónicas, gimnasios y en modalidad de delivery. Fue juzgado en un debate junto a su novia influencer. Y en un juicio abreviado se sumaron otros cinco condenados, entre ellos, dos policías santafesinos que actuaban como revendedores y, uno de ellos, además como custodio.
Se trata de Diego Exequiel Lino y Víctor Gabriel Piedad, de 22 y 20 años, respectivamente. Amenazaron a la víctima con un arma de fuego y se apoderaron ilegítimamente de 5.000 dólares, 4.000 euros, joyas de oro y plata y dos teléfonos celulares. El hecho ilícito fue en marzo de 2023 en el barrio Julio Germán Muñoz. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
El acusado recibió la pena máxima como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio agravado y sustracción, retención y ocultamiento de personas menores de diez años de edad, y como participe necesario del delito de violación agravada. El 10 de marzo se conocerán los fundamentos.
El reporte climático de Sucesos indica para hoy, jueves 26 de diciembre, una jornada mayormente predominada con cielo despejado, además, establece temperaturas de entre 15 y 33°C.
La Secretaría de Transporte de Córdoba y su par de San Luis firmaron un acuerdo para implementar el nuevo sistema de transporte interprovincial que une ambas regiones, algo que no se había podido concretar desde 2014.
En las últimas horas (en la vísperas de Navidad), una pareja protagonizó un accidente fatal en el cruce de la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 70, en la provincia de Buenos Aires.
El informe de un equipo de la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del CONICET determinó que el riesgo es significativamente mayor cuando se trata de productos provenientes de sistemas no controlados, aunque también influyen otros factores.
El dictamen de la PIA fue dirigido 48 horas antes de la subasta a las autoridades de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA. Identifica las irregularidades de las actuaciones administrativas y advierte que el procedimiento podría estar afectado por “vicios de imposible subsanación”.
