El gobierno de Santa Fe informó cuáles se encuentran en trámite de actualización y recordó las recompensas que se mantienen vigentes para aquellas personas que brinden información y datos fehacientes.
Judiciales16/09/2024
Daniel Espinoza
El gobierno de la provincia, a través del ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informa que se encuentran en trámite de actualización las recompensas para las personas que aporten información y datos fehacientes por los homicidios de Damián Lucero, Joaquín Pérez, Mauro Villamil y Rocío Romano; en tanto que se han generado nuevos pedidos por las causas de Ivana Garcilazo, Lautaro Aranda, Enrique Candelaria, Nicolás Agüero, Matías Isassa, y Maximiliano Gómez.
Además, el gobierno de Santa Fe mantiene en vigencia las recompensas en relación a los homicidios de Marcos Iván Daloia, Héctor Raúl Figueroa, Diego Alejandro Celentano, Walter Eduardo Paglia, y Andrea Verónica Portillo; al igual que por los paraderos de Paula Perassi, y Mónica Soledad Aquino.
Imagen de archivo (ilustrativa).
“Las recompensas se originan a partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al gobierno de la provincia, mientras que los montos se establecen de acuerdo a la complejidad de cada causa”, explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. “Cada fiscal interviniente realiza el pedido de recompensa a la Fiscalía Regional y de ahí se eleva a la Fiscalía General antes de que llegue al Ministerio de Justicia y Seguridad”, amplió al funcionaria.
Características: La identidad de aquellas personas que brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.
El pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, en relación al mérito de la misma. “Es que no se podría emitir el pago de la recompensa si el fiscal de la causa no asegura que esa información haya sido importante”, aclaró Masneri.
La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación: Fiscalía Regional N° 1 sita en Av. General E. López N°3302 de la ciudad de Santa Fe; Fiscalía Regional N° 2 sita en calle Sarmiento N°2850 de la ciudad de Rosario; Fiscalía Regional N° 3, sita en calle Alvear N° 675 de la ciudad de Venado Tuerto; Fiscalía Regional N° 4, sita en calle Iriondo N° 553 de la ciudad de Reconquista; o Fiscalía Regional N° 5, sita en calle Necochea N° 44 de la ciudad de Rafaela.
La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
La investigación de la Unidad Fiscal Rosario está relacionada con dos oficios que libró el juez, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuya finalidad era obtener información sobre medidas en su contra ordenadas en el marco de una causa en la que se lo investiga por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 55 años y sus iniciales son GAS. Los abusos fueron cometidos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes próximo, el MPF formalizará una nueva imputación en contra del magistrado por “abuso de autoridad”.
La parcela está ubicada en un exclusivo predio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Habrían pagado 70.000 dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en el juzgado del exmagistrado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. Se dispuso un embargo de 414 millones de pesos para el matrimonio.
El imputado viajaba con su hija de 4 años en un auto que no tenía chapa patente frontal y fue detenido en un control vehicular sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica. También le encontraron LSD, “cristal” y ketamina. Investigan si integraba una organización narcocriminal, ya que, al allanar su domicilio en la ciudad entrerriana de Paraná, se secuestraron más estupefacientes y elementos de estiramiento.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 55 años y sus iniciales son GAS. Los abusos fueron cometidos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
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