Familiares de Joaquín Sperani demandaron por una suma millonaria a los padres del asesino y a la provincia de Córdoba

Así fue dispuesto ayer a pedido del fiscal Mauro Menéndez. Los imputados tienen 22 y 19 años y sus iniciales son DPV y REB, respectivamente. De acuerdo con la atribución delictiva, cometieron los ilícitos el viernes de la semana pasada junto con un adolescente. A su vez, la víctima es investigada en el marco de otro legajo penal y desde ayer también está privada de su libertad como medida cautelar.

Imputaron por contrabando de estupefacientes y dictaron la prisión preventiva para un tripulante del buque en el que se halló casi media tonelada de cocaína en el puerto de San Lorenzo. La audiencia de formalización fue realizada el viernes pasado. Otros 19 tripulantes continúan bajo investigación y se dictaron medidas de coerción. La embarcación provenía de Emiratos Árabes y su destino final era Ámsterdam.

Al funcionario judicial le dictaron la prisión preventiva y le inhibieron bienes por $1.500 millones. En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Esa medida queda en suspenso hasta que se defina en el jury de enjuiciamiento un eventual desafuero.

La cautelar fue dispuesta a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada de forma remota esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 20 años y sus iniciales son ATV. Además, se le atribuyó la autoría de los delitos de falso testimonio y tentativa de estafa procesal.

El vehículo con la droga fue interceptado en noviembre de 2024 en la autopista Rosario-Santa Fe. El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Santa Fe y se llegó a cuatro acuerdos plenos. Las condenas fueron de hasta 6 años y medio de prisión e incluyen multas que sumadas alcanzan los $33.800.000. Hay otras dos personas acusadas que no acordaron con la fiscalía e irán a juicio oral.

De acuerdo con la pesquisa, durante un año y medio subalquilaron inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, quien estaba prófugo del fuero federal de Córdoba y fue detenido en un departamento donde tenía una “cocina” de droga. La fiscalía marcó la importancia de investigar la cobertura con la que cuentan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.