Funcionario del Poder Ejecutivo nacional fueron invitados para exponer y responder algunas inquietudes de los senadores que estuvieron presentes ayer. Las medidas cuentan con media sanción en Diputados.
Nacional17/10/2024
Daniel Espinoza
El plenario de las Comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales a cargo de la senadora Carolina Losada, (UCR) y el senador Juan Carlos Pagotto, (LLA), respectivamente, tuvo lugar por la tarde, en el salón Illia de la Cámara alta.
Al inicio, Losada se refirió al proyecto de su autoría junto a otros senadores respecto de las "modificaciones a la Ley 25.761 sobre el Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes, y la Ley 26.348 que contiene el marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados respecto de mejorar y ampliar las prácticas de reciclaje para reducir la huella ecológica". Además, informó que "el Poder Ejecutivo envió propuestas sobre esta medida que serán analizadas para que en la próxima reunión podamos debatirlas y dictaminar".
Luego, se avanzó sobre la Regularización de Armas de Fuego y la prórroga hasta 2025 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley 26.216), venidas en revisión de la Cámara baja.
La iniciativa tiene el propósito de "crear una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego" porque "resulta esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas".
En esta oportunidad, Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) fue invitado a exponer sobre el proyecto del PEN y destacó "la incorporación de siete modificaciones en Diputados que le aportaron mayor robustez y solidez a la iniciativa lo que derivó en un mayor consenso y acompañamiento. Tenemos grandes expectativas de que suceda lo mismo en esta Casa".
Al referirse al objetivo del proyecto con media sanción, Allan expresó, que "queremos saber qué ocurre en el país respecto de la cantidad de armas que hay, quién, cómo y dónde las tienen para acortar la distancia entre el Estado y el legítimo usuario".
Cabe destacar que las senadoras Anabel Férnandez Sagasti, y Carolina Losada, también presentaron proyectos al respecto.
Finalmente, se dió inicio al debate del proyecto de ley que establece un abordaje integral del crimen organizado, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con media sanción de Diputados.
La norma tiene como objetivo "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales". Contempla una pena más alta de prisión por la mera pertenencia a la asociación criminal. También, el castigo por el delito más grave que le corresponda a quien lo cometió y se aplicará de igual manera a todos los miembros de la organización.
La iniciativa busca desactivar las bandas dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Para aportar al análisis de dicha medida, expuso Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del ministerio de Seguridad.
"Este es un proyecto fundamental que le pusimos de nombre ´Ley antimafia´ y estamos hablando de crimen organizado porque, como dijo el Presidente de la Corte, ´estamos con el obrar del crimen organizado frente a un Estado desorganizado", afirmó Soto al comenzar su exposición.
Soto explicó que esta ley se aplica "cuando una organización criminal quiera dominar un territorio, cuando quiera obtener ventajas sobre otra organización criminal, atemorizar a la población o amedrentar a los organismos de gobierno" e instó a los senadores a que: "Piensen en Rosario, esta no es una elucubración, esto pasó y ya no pasa porque hubo un control muy fuerte".
Antes de responder las preguntas de los senadores, el funcionario resaltó que "esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas, jueces y fiscales federales con fuerzas fiscales y jueces provinciales y la interacción es muy buena".
Las ventas en supermercados cayeron un 17,8% en octubre 2024, aparejado con las dificultades económicas que enfrenta el sector en Argentina.
En volumen, las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja se ubican en máximos desde la campaña 2018/19, pero el escenario internacional no ayuda y los precios del poroto y sus subproductos siguen sin levantar cabeza.
El proyecto Breathe2Change, liderado por el investigador del CONICET Rodrigo Gibilisco, permite estudiar la contaminación atmosférica, detectar de forma temprana focos de incendios y otras aplicaciones. Trabaja con empresas argentinas e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales y este año recibió un subsidio del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC), en Estados Unidos, para ampliar la red de monitoreo a 10 provincias del país.
Por decisión del Gobierno nacional, a partir de hoy, 23 de diciembre, el Impuesto PAIS, que recargaba las compras y pagos en dólares, desaparece oficialmente. Esta medida impacta de lleno en las compras en el exterior, viajes y servicios internacionales.
Un día como hoy, pero de 1986, el Congreso aprueba la ley de Punto Final, impulsada por el presidente Raúl Alfonsín. La idea es limitar en el tiempo las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. A partir del momento de la sanción de la norma se abre un plazo de 60 días para presentar denuncias contra militares por la represión ilegal. Pasado ese lapso, ya no se puede accionar judicialmente. El plazo vence el 22 de febrero de 1987. A partir de allí, se empieza a acelerar la acción de las cámaras con una catarata de citaciones que generan malestar en los oficiales. Se crea el clima que llevará, en abril de 1987, al alzamiento de Semana Santa.
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El dictamen de la PIA fue dirigido 48 horas antes de la subasta a las autoridades de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA. Identifica las irregularidades de las actuaciones administrativas y advierte que el procedimiento podría estar afectado por “vicios de imposible subsanación”.
