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La medida fue tomada luego de advertir que se trata de un producto ilegítimo, no inscripto ante esta Administración Nacional.




Tras que el COE redefiniera criterios para hisopar a contactos estrechos, bioquímicos afirman que pruebas que debían realizarse y cubrirse de forma privada terminaban derivándose al Laboratorio Central.
Nacional08/09/2020
Daniel Espinoza


Ante la redefinición de criterios del COE para realizar hisopados a contactos estrechos, desde la Federación de Bioquímicos de Córdoba explican que el trasfondo puede darse por pruebas derivadas al Laboratorio Central que por los criterios epidemiológicos debían ser procesadas y cubiertas por clínicas privadas, obras sociales gremiales o prepagas.
Oficialmente, el COE comunicó que el cambio se daba para hacer un "uso eficiente de los recursos". Pero según afirma Carlos Navarro, titular de la entidad, la Provincia termina realizando testeos que deberían estar cubiertos por obras sociales o ser realizados en clínicas privadas, y no ser el Laboratorio Central -y por ende la Provincia- el que corra con los costos.
Navarro asegura que detectaron "algunas irregularidades que se han ido planteando con la seguridad social, con la aparición de muestras procesadas en el Laboratorio Central, donde seguramente hay alguna modificación de datos en la ficha epidemiológica para que el Laboratorio las procese. Eso está haciendo a la utilización de un recurso cuando las obras sociales prepagas o gremiales tienen un módulo establecido por la Superintendencia de Seguros de Salud, que tomó del fondo solidario de reserva, para cubrir casos de Covid", a la vez que el Pami establece un monto de 80 mil pesos para pagar en clínicas el diagnóstico de la enfermedad.
Y que el procedimiento para establecer responsabilidades ante esta situación "es complejo. Puede que sea una obra social, puede que sea alguna clínica en particular. Lo que nosotros como laboratorio planteamos que ese recurso establecido tanto por la Superintendencia como el Pami no llega a la cantidad de prestadores que están en contacto con las personas", relata.
Esto, según expresa el bioquímico, termina atentando contra los propios criterios de aislamiento. "En la pandemia se impusieron nuevas modalidades de atención. La teleconsulta genera que una persona con síntomas consulta al médico, el médico diagnostica la prueba y si esta persona vive en una localidad donde no hay una clínica, que hay muchas en el interior de la provincia, y que han sido afectadas por la pandemia, en ese caso la persona tiene que trasladarse a una ciudad con clínicas para que le tomen la muestra. Es decir, se limitó el derrame del recurso al segundo nivel en clínicas, normalmente ese recurso no llega al bioquímico y esa persona se tiene que movilizar, y eso va en contra de los criterios de aislamiento y movilidad, y arriesga el traslado del virus de una ciudad a otra", pondera.
Hubo casos concretos en donde los estudios que personas que debían movilizarse por el interior provincial o hacia afuera de Córdoba y abonaban a clínicas privadas terminaban realizándose en el Laboratorio Central. "Hemos presentado casos concretos al ministerio de Salud, ante el requerimiento de la dirección de Legal y Técnica. Solicitamos audiencias para ampliar la información. Esperamos reunirnos con alguna autoridad y ver cuál es el nivel de posibilidades que puede existir. Puede haber alguna autorización del COE, que no creo porque estas nuevas acciones tienden a optimizar el recurso, y en estos casos estas personas no están cumpliendo con los criterios que existían y muchos menos con los nuevos. Es una irregularidad", remarca Navarro.
"Presentar estas cuestiones tiene que ver más que todo con la defensa del recurso público pero también de la fuente de trabajo de los laboratorios, que ante esta situación, que ya venía de emergencia, y muchos están cerrando", concluye.

La medida fue tomada luego de advertir que se trata de un producto ilegítimo, no inscripto ante esta Administración Nacional.


Un día como hoy, pero de 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia restricciones para acceder al dinero en los bancos. Solamente se podrán extraer hasta 250 pesos por semana durante 90 días. La medida es un recurso extremo después de varios días de salida masiva de depósitos. El manotazo de ahogado para tratar de salvar a la agonizante convertibilidad es bautizado como “Corralito”. Sube el descontento popular: es el comienzo de la cuenta regresiva hacia los incidentes que terminarán con el gobierno de Fernando de la Rúa.

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La medida fue tomada luego de advertir que se trata de un producto ilegítimo, no inscripto ante esta Administración Nacional.

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