Daniel Espinoza
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de declaración y preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional autorice el ingreso indiscriminado de maquinaria agrícola usada.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Dionisio Scarpin (UPCS-UCR) y Lucila Ponti (Santa Fe Sin Miedo), apunta a que el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, intervenga ante la Casa Rosada para que no se avance con esta política.
El principal argumento es el temor a que pueda afectar al amplio cordón industrial que tiene Santa Fe vinculado a la fabricación de máquinas para el campo, como sembradoras, pulverizadoras, tractores y otros equipos.
Contra la maquinaria agrícola usada: En el inicio del debate referido a este proyecto, el legislador Scarpin hizo referencia a la preocupación que generan las declaraciones de autoridades nacionales, por “las graves consecuencias que esta medida podría generar”.
Imagen de archivo web. Ilustrativa.
“Estamos hablando de un impacto directo en miles de puestos de trabajo, en la capacidad de innovación tecnológica y en la estabilidad de empresas que son el orgullo de nuestra provincia”, enfatizó. Sobre este punto, recordó que Santa Fe concentra el 44% de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola del país, con más de 533 firmas distribuidas en localidades como Las Parejas, Armstrong, Las Rosas y Firmat, donde esta actividad representa la principal fuente de empleo y desarrollo económico.
Asimismo, hizo hincapié en que se trata en su mayoría de empresas familiares muy importantes para el crecimiento regional y el arraigo.
“Tanto FISFE (Federación Industrial de Santa Fe) como CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola) advirtieron que permitir la importación de maquinaria usada hubiera generado una competencia desleal, poniendo en riesgo la renovación tecnológica y afectando negativamente la economía de las comunidades locales”, subrayó Scarpin.
Por eso, consideró que “habilitar la importación de maquinaria usada no solo pone en jaque a nuestra industria, sino que también amenaza al corazón productivo de nuestra provincia”.
Por otro lado, citó al actual titular de CAFMA, Enrique Bertini (con base en Rosario), quien recientemente rememoró que este tipo de importaciones facilitó en el pasado prácticas como la sobrefacturación y la fuga de divisas.
“Estos antecedentes demuestran que no se trata solo de una cuestión de competitividad, sino también de transparencia y control en el comercio exterior“, agregó.
De todos modos, aclaró que no se busca un proteccionismo total para la industria local, pero sí que no quede en situación de competencia desleal con lo que pueda traerse de afuera. “Queremos que compitan, hace falta que compitan, pero la importación de maquinaria usada es desleal o puede serlo, generando innumerables inconvenientes”, insistió.
Por eso, el proyecto aprobado insta al Gobierno provincial a intervenir de manera urgente ante las autoridades nacionales para frenar esta iniciativa.
“Debemos garantizar que nuestras industrias y productores sigan liderando la innovación y la producción de maquinaria adaptada a las necesidades del agro argentino. No podemos permitir que decisiones de este tipo perjudiquen a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a nuestras comunidades”, concluyó.
Más voces a favor y en contra: Acto seguido, la otra autora del proyecto, Lucila Ponti, hizo referencia al “triángulo” de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, que conforma un entramado industrial vinculado a la maquinaria que da empleo de manera directa a más de 5.000 personas y a un número varias veces superior a modo indirecto, y que podrían sufrir si avanza esta “política de apertura indiscriminada y torpe”.
Imagen de archivo - Infocampo.
Además de hacer foco en los problemas económicos que puede representar para las empresas, aseguró que si no hay controles sobre lo que se importa puede llegar a suceder hasta que ingresen desde otros países nuevas plagas nocivas para los cultivos argentinos.
Otra voz a favor fue la de Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), quien consideró que “la defensa de las fuentes de trabajo necesita la voz de la Legislatura provincial”. En cambio, el partido Somos Vida, el más cercano a La Libertad Avanza en territorio santafesino, votó en contra.
La diputada Silvia Malfesi dijo que el problema son los impuestos internos, por ejemplo Ingresos Brutos, que en Santa Fe supone una incidencia del 15% sobre el valor de una maquinaria.
“El proteccionismo a la larga genera más pobreza, toda medida coactiva impide un crecimiento genuino de la economía”, remarcó.
En esta línea, la legisladora Verónica Baro Graf coincidió en que “la presión tributaria nos hace menos competitivos y eso se debería modificar”, pero se sumó al apoyo general al proyecto que terminó siendo aprobado por la Cámara Baja santafesina.
Por Infocampo.
