Prisión preventiva a policías y civiles por malversación de fondos en Rosario

La fiscalía señaló que el fallo de la Cámara Federal puso un plazo exiguo que no permite agotar las diligencias necesarias y que, por lo tanto, afectaría la posibilidad de conocer qué ocurrió con Loan Danilo Peña, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Siete personas llegarán a juicio próximamente acusadas de intervenir en su sustracción y ocultamiento.

Así se expidió el Máximo Tribunal, al hacer lugar al recurso de queja presentado contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, por segunda vez, había confirmado el sobreseimiento del exmagistrado acusado de no investigar a un grupo de policías que habrían torturado a uno de los imputados en el secuestro del expresidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. También se le imputa no haber investigado las torturas cometidas en 1988 en otra causa contra un ciudadano uruguayo para que declarara contra un abogado.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, en una audiencia realizada ayer en los tribunales venadenses. El imputado es oriundo de la provincia de Buenos Aires, tiene 30 años y sus iniciales son JPC. El hecho ilícito fue cometido el lunes 1 de septiembre pasado, en un contexto de conmoción pública por intimidaciones similares recibidas en diferentes establecimientos educativos.

Ambos (Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci) fueron considerados autores del delito de abuso sexual simple reiterado en varias ocasiones, consumadas entre el 2017 y 2020, y durante el 2022. Las penas son de prisión condicional. “Fue una conducta que se mantuvo a lo largo del tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.