Prisión preventiva a policías y civiles por malversación de fondos en Rosario

En una audiencia celebrada este medio día, S. D. Andre quedó detenido de manera preventiva. Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia de los tribunales rufinenses. Al imputado se le endilgó haber vulnerado a la hija de una mujer con la que mantenía una relación de pareja. De acuerdo con la atribución delictiva, los hechos ilícitos se reiteraron durante aproximadamente tres años durante la infancia de la víctima.

Se trata de Gustavo Daniel Vivas, de 30 años, quien intentó matar a su expareja. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales venadenses. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien representó al MPA en el debate.

Se trata de Nelson Ramón Ceballos, de 58 años. Las víctimas son una niña y una mujer mayor de edad. Además, la pena se le impuso por haber amenazado al padre de la menor de edad y por incumplir una medida de distancia y contacto con la víctima y su grupo familiar. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales rufinenses. La fiscal que representó al MPA en el debate es Rafaela Florit.

Para el fiscal, en la causa pudieron probarse dos episodios de lesiones físicas, el debilitamiento permanente de la salud de Fabiola Yáñez y las coacciones para que la exprimera dama no denunciara los hechos en la justicia. González remarcó que desde el año 2016 hasta agosto de 2024, el exmandatario “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica” contra su entonces pareja “bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. El anexo con los chats entre la víctima y el imputado.

El sistema judicial de Córdoba solicita información para dar con el paradero de Raquel Isabel Mugas (37), con última residencia conocida en Córdoba Capital. Según las investigaciones, podría estar en la ciudad de Rosario.

Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).