Funcionarios de ARCA Santa Fe y empresarios serán indagados por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo

El exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de las sedes de Santa Fe y  Rosario, Carlos Andrés Vaudagna -imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal rosarino Marcelo Bailaque y acusado en otra causa por manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes- será indagado junto a otros dos funcionarios del organismo recaudador y dos socios de un fideicomiso inmobiliario, por irregularidades en el proceso licitatorio que favoreció el alquiler del edificio donde funcionan las oficinas de ARCA en la capital de la provincia. Según el Ministerio Público Fiscal, de 2013 a 2015 se detectó un perjuicio patrimonial a la Administración Pública de 544.281.716,26 pesos.

El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo del juez Aldo Alurralde, hizo lugar, a través de una resolución firmada el 27 de octubre, al pedido de indagatoria al mencionado Vaudagna; al exjefe de la Sección Administrativa de la Regional Santa Fe de la exAFIP, Carlos Ernesto Barrale; al agente del mismo organismo, Diego Raúl Cignetti; y a los socios del Fideicomiso La Plaza, Céar Jorge Bsereni y Carlos Miguel Bsereni.

La imputación y el pedido de indagatoria fueron formulados en el marco de una investigación que encabezaron el fiscal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; el responsable de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, fiscal Roberto Salum; el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Esteban Venditti; y el titular de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina.

En relación a Vaudagna y Barrale, se les imputa el direccionamiento irregular de la licitación pública 5/2010, como autores del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad; mientras que respecto de las gestiones indebidas realizadas con posterioridad (la licitación 7/2015), a Barrale se lo imputa como autor, y a Vaudagna como partícipe necesario, de los mismos delitos.

Respecto de Cingetti, en los hechos mencionados en último lugar (gestiones indebidas) se lo imputa del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipe necesario; y a los empresarios Bsereni por el mismo delito, también como partícipes necesarios, por el aporte criminal efectuado para llevar a cabo las maniobras objeto de imputación.

Maniobras: Al fundamentar las atribuciones, los fiscales describieron una “presunta puesta en marcha de procesos de licitaciones irregulares y direccionados, llevados a cabo por Vaudagna con la intervención del agente Cignetti bajo la justificación y amparo de la una primera Licitación Pública N°05/2010, expediente N°250629/10, y posteriormente N°07/2015, 03/2017 y 07/2021, expedientes N°254562/15, 252642/17 y 210047511”.

El proceso licitatorio (5/2010) derivó en la adjudicación a Fideicomiso La Plaza a cargo de los empresarios Bsereni, y la concreción del negocio jurídico en el contrato de locación y el correspondiente traslado de la sede de la exAFIP Santa Fe al inmueble de calle Salta 2771 donde funciona ARCA en la actualidad.

De acuerdo al MPF, el régimen aplicado “no solo omitió establecer parámetros objetivos para el control de la razonabilidad económica de los cánones, sino que además permitió la prolongación indefinida de una relación con un mismo proveedor, sin promover investigación alguna respecto de las razones que impidieron canalizar la contratación por las vías ordinarias”.

Para los fiscales, la maniobra fue concretada en dos tramos. El primero, mediante la inclusión en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas suscripto por los imputados, de una condición arbitraria que estableció un orden de prelación excluyente entre las alternativas ofertadas.

Y el segundo, a través de la modificación -durante la tramitación del proceso licitatorio- de los requisitos técnicos de contratación establecidos en el pliego, como así también de involucramientos irregulares tendientes a lograr el resultado indicado, en clara violación al principio de competencia que perjudicó a otro competidor.

Con motivo de la confluencia de ambas maniobras, el procedimiento licitatorio culminó con la adjudicación de la contratación al Fideicomiso La Plaza por Disposición N°285 del 19 de julio de 2012, y la firma por parte de Vaudagna del contrato de locación el 1° de abril de 2013. El trámite derivó en el libramiento de la orden de compra N°4500009882, la cual le generó a la administración pública una erogación de 7.128.000 pesos.

“Esta primera licitación logró consolidar el traslado de las sedes de la Regional Santa Fe al inmueble ubicado en calle Salta N°2771, alquilado como consecuencia de un proceso licitatorio direccionado por las autoridades de la exAFIP, en connivencia con las personas que se encontraban detrás del Fideicomiso La Plaza”, fundamentaron los fiscales.

Relaciones paralelas: A Barrale, Vaudagna y Cignetti le endilgaron “haber realizado gestiones indebidas a fin de continuar la vinculación contractual con el Fideicomiso La Plaza en el marco del trámite de la Licitación Pública N°07/2015, iniciada el 25 de agosto de 2015 con el objeto de alquilar el inmueble de calle Salta, en un contexto caracterizado por relaciones económicas mantenidas en forma paralela al ejercicio de la función pública".

"Si bien esa licitación fracasó por Disposición N°278 del Administrador Federal del 12 de agosto de 2016, una vez vencido el contrato original, en marzo de ese año, la exAFIP y su continuadora ARCA mantuvo la efectivización de pagos millonarios a favor del Fideicomiso La Plaza. Para ello, se utilizó la figura del “legítimo abono”, considerada de carácter excepcional, pero que fue empleada de modo sistemático y permanente desde marzo 2016 hasta el día de la fecha, configurando un mecanismo irregular de sostenimiento del vínculo económico”.

“Esta primera licitación logró consolidar el traslado de las sedes de la Regional Santa Fe al inmueble ubicado en calle Salta N°2771, alquilado como consecuencia de un proceso licitatorio direccionado por las autoridades de la exAFIP, en connivencia con las personas que se encontraban detrás del Fideicomiso La Plaza”, fundamentaron los fiscales.
En ese sentido, el MPF advirtió que esa figura habilita la continuidad de servicios esenciales en supuestos donde, por razones de fuerza mayor, no fuera posible instrumentar el procedimiento de contratación que prevé el Régimen General de la ARCA.

“Su utilización se transformó en una práctica sistemática y ordinaria, al punto de sostener durante casi una década la ocupación del mismo inmueble mediante sucesivas autorizaciones administrativas. El procedimiento, por el cual la AFIP reguló el trámite para el reconocimiento de gastos sin amparo contractual vigente, desatiende el carácter excepcional de este instituto y, en consecuencia, contradice los parámetros establecidos por la jurisprudencia y la doctrina de la Procuración del Tesoro Nacional”, puntualizan los investigadores.

Desfasaje: De acuerdo al relevamiento y constataciones del MPF, el régimen aplicado “no solo omitió establecer parámetros objetivos para el control de la razonabilidad económica de los cánones, sino que además permitió la prolongación indefinida de una relación con un mismo proveedor, sin promover investigación alguna respecto de las razones que impidieron canalizar la contratación por las vías ordinarias”.

Entre abril de 2016 y enero de 2025 se efectuaron pagos por legítimo abono en favor del Fideicomiso La Plaza que, al ser confrontados con los valores actualizados por los índices de Precios al Consumidor (IPC) y de Precios Mayoristas (IPCM), arrojaron una diferencia acumulada de 544.281.716,26 pesos, a valores de junio de 2025. “Evidencia un perjuicio patrimonial concreto y significativo para el Estado Nacional que no puede ser justificado bajo la invocación de la urgencia administrativa”, alertaron los fiscales.

Sucesos delictivos: “Habiéndose incorporado las evidencias útiles tendientes a lograr la averiguación de la verdad, nos encontramos en condiciones no sólo de brindar mayores precisiones respecto de los sucesos aludidos, sino también de concluir que existe motivo bastante para sospechar que Vaudagna, Barrale, Cignetti, César y Carlos Bsereni han intervenido en la comisión de sucesos delictivos”, apuntaron los fiscales al solicitar las indagatorias.

Entre las evidencias, los fiscales citan una conversación por WhatsApp, entre junio de 2014 y mayo de 2017, “donde consta que agente Cignetti le habría entregado regularmente sobres con dinero a Vaudagna, los que constituirían pagos indebidos por el direccionamiento de las licitaciones”.

Cautelares y el cronograma de las declaraciones: Al hacer lugar al pedido de indagatoria y decidir sobre las medidas cautelares requeridas por la fiscalía, el juez Alurralde decidió respecto de Barrale, Cignetti, César y Carlos Bserenia, que consisten en la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, y la prohibición de salir del país sin autorización previa.

En el mismo sentido, resolvió en relación a Vaudagna, ya que según lo dispuesto el 22 de julio de 2025 al suscribir ante el MPF el acuerdo de colaboración, se encuentra a derecho en esta investigación y en las restantes donde figura bajo la condición de imputado.

Según el cronograma establecido por el juzgado, Vaudagna y Cignetti serán indagados el próximo 25 de noviembre, mientras que el 2 de diciembre lo harán Carlos y César Bsereni, el 9 del mismo mes será el turno de Barrale.

Por Fiscales.gob.ar