Condenan a la “Reina del Sur” y a otros 4 sujetos por el tráfico de 300 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta en Pergamino

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó, en un juicio de trámite abreviado, a la ciudadana de nacionalidad boliviana Marisol Saavedra Chungara, apodada “la Reina del Sur” y considerada la líder de una organización narcocriminal con base en el porteño Barrio 1-11-14 de Flores, a la pena de 8 años de prisión por el tráfico y el transporte de los casi 300 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta en el caso conocido como el “narcobombardeo” ocurrido en enero de 2022, en un campo del partido bonaerense de Pergamino. Como partícipes secundarios del mismo delito fueron condenados dos hijos de la mujer y dos hombres, que realizaron tareas de vigilancia y logística, todos a 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada el 26 de mayo pasado, cuando el tribunal rosarino, integrado de forma unipersonal por el juez Mario Gambacorta, homologó los acuerdos alcanzados entre el fiscal federal Federico Reynares Solari, a cargo de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y las defensas de Saavedra Chungara; sus hijos, Juliana Justiniano Saavedra y Mauricio Justiniano Saavedra; Elves García de Olivera, de nacionalidad brasileña; y Denicio Zacarías Reyes, oriundo de Paraguay.

Además de la pena de prisión, los cinco también fueron condenados a pagar una multa que, en el caso de Saavedra Chungara, asciende a los 950 mil pesos, y para cada uno de los cuatro restantes, es de 380 mil pesos.

El caso: Los cinco fueron detenidos -tras el análisis de una serie de escuchas telefónicas-, en un operativo montado el 19 de enero de 2022 en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Rancagua, a 18 kilómetros de Pergamino, sector donde se había identificado la descarga de droga.

Cerca de las 6.20, el personal policial observó a una avioneta que pasó unas cuatro veces sobre la zona y arrojó varios paquetes. De inmediato, se procedió a la detención de Saavedra Chungara, y de sus hijos Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra.

A su vez, en las inmediaciones del campo se detuvo al brasileño García de Olivera, quien habría quedado de custodia en la tranquera de ingreso del campo. Otros tres hombres que habían sido vistos en la camioneta Amarok se fugaron del lugar con el vehículo, que luego fue abandonado a dos kilómetros, con cuatro de los bultos arrojados desde la avioneta cargados en la caja.

 La camioneta abandonada con cuatro de los bultos con cocaína arrojados desde una avioneta. Foto: Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino.

Sobre el terreno se hallaron tres trozos de tela de cinco metros de largo por 50 centímetros de ancho, colores rosa y blanco, que serviría como referencia al piloto de la aeronave para marcar el sitio donde hacer la descarga. A su vez, a unos 300 metros del acceso a Rancagua se encontró otra camioneta, también Amarok, sin ocupantes. En su interior había una mochila y un certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a nombre de Zacarías Reyes.

Como resultado de todo el procedimiento, ese día se secuestraron aproximadamente 130 kilogramos cocaína, distribuidos en cuatro bultos, cada uno de ellos con 30 paquetes confeccionados con bolsas de polipropileno en distintas capas y colores, y finalmente recubiertos de un film que presentaba la figura de un felino, sello identificatorio de carteles narcos.

 Foto: Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino

Sin embargo, tres meses después, y tras la denuncia de trabajadores rurales que avistaron paquetes similares, el 17 y 18 de abril de 2022, se realizaron allanamientos en una zona cercana al campo de Rancagua. Allí se encontraron más bultos que contenían 96,400 y 64,040 kilos, respectivamente, de cocaína. El secuestro global de la droga fue de 289,114 kilos de clorhidrato de cocaína relacionados a los acusados. Otros 212 gramos de la misma droga fueron secuestrados en el domicilio particular de la ciudad de Buenos Aires de otro imputado ya identificado, pero aún prófugo.

La líder de la logística: La referente del grupo, Saavedra Chungara, de 55 años, recibió la pena más alta, de 8 años de prisión, como autora penalmente responsable del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de comercialización y transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

A través de las escuchas telefónicas se pudo constatar que la mujer coordinaba la logística en cuanto a la recepción la droga que sería arrojada desde la avioneta. Incluso, en una de esas comunicaciones, uno de los interlocutores llama a Saavedra Chungara como “la Reina del Sur”, en clara alusión al personaje de una novela de Arturo Pérez Reverte que encarna a una legendaria narcotraficante.

Sin embargo, la investigación determinó que quienes tenían el mando de la operación e indicaban los días y horarios en que debían esperar el cargamento, eran quienes la enviaban desde Bolivia, aún identificados.

Un ejemplo es una conversación del 8 de diciembre de 2021, donde Marisol dialogó con un quinto imputado (actualmente prófugo) y de la cual se desprende que ella respondía a las directivas de quienes enviaban la droga, a tal punto que, a pesar de que tenía todo preparado para su recepción, le cancelaron un envío de drogas sin previo aviso ni explicaciones.

Los hijos y los colaboradores: En el mismo acuerdo también se resolvió condenar a Juliana y Mauricio, hijos de Marisol; García de Olivera y Zacarías Reyes, a 4 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito que la referente del grupo.

Respecto de Mauricio, en la investigación consta una conversación con su madre del 20 de octubre de 2021 donde le reprocha la falta de una suma de dinero y le dice: “Mañana va a ser”, en relación a los preparativos de una maniobra de tráfico en la que ambos estarían implicados.

Otro aporte de Mauricio fue que era el titular de una de las camionetas Volkswagen Amarok en la que se cargó parte de la droga arrojada por la avioneta el día de la aprehensión, y que era tripulada por algunos hombres que se dieron a la fuga.

En relación a Juliana, quedó incriminada por estar acompañando a su madre y su hermano la madrugada del 19 de enero de 2022, a la vera de la autopista Pergamino-Buenos Aires (intersección con la ruta 32), donde fueron detenidos. A ello se suma que cedía la utilización de su línea telefónica a la madre para eludir las intervenciones.

Respecto de García de Olivera, también fue detenido junto los demás el día del procedimiento, cuando los investigadores lo vieron bajar de una camioneta y quedarse como custodia en la tranquera de ingreso al campo de Rancagua donde se arrojó el material estupefaciente.

En relación a Zacarías Reyes, según los seguimientos policiales, participó de las maniobras al aportar su camioneta Amarok hallada a unos 300 metros del acceso a Rancagua, sin ocupantes.

Además, se lo pudo divisar en su camioneta sobre la Ruta 32 (Salto-Pergamino) con tres hombres a bordo, dos de los cuales descendieron en el campo para recorrerlo y ocultarse, del mismo modo que lo hizo el vehículo en medio de un monte cercano.

El origen de la investigación: Esta investigación, a cargo del titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, y del juez federal de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruz, comenzó en agosto de 2021 y demandó el seguimiento durante varios meses de un grupo de personas oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con base en la villa 1-11-14 de Flores, que estaban sospechadas de vender y traficar estupefacientes que ingresaban desde Bolivia en vuelos clandestinos.

En concreto, un comisario inspector de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino declaró que tenían la información de que había varias personas de la ciudad de Buenos Aires recorriendo la zona, buscando predios rurales propicios para poder recoger bultos con droga que serían arrojados en avionetas desde el aire.

En enero de 2022 se realizó el operativo donde se produjeron las detenciones y en octubre de 2024, a pedido del fiscal Di Lello, el juez Villafuerte Ruzo elevó la causa a juicio, etapa que culminó en un trámite abreviado con las cinco condenas.

Por Fiscales.gob.ar