Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.
Judiciales01/10/2025
Daniel Espinoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal condenó hoy al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación, Julio de Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera y titular de la Unidad Ejecutora del Programa de Energía Total, Roberto Baratta (52), y al exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino (51) por su intervención en las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares.
En el debate intervino la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, Fabiana León junto al auxiliar fiscal Nicolás Codromaz.
En su veredicto, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, consideraron a De Vido y Baratta como coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública y les impuso penas de 4 años y 3 años y 6 meses, respectivamente, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
Por su parte, Dromi San Martino fue condenado como partícipe necesario de ese delito, a la pena de 3 años de prisión, de cumplimiento en suspenso y costas. Además, deberá fijar residencia, someterse a la supervisión de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal (Delegación San Martin) y realizar el curso “Lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado. Aspectos esenciales de la responsabilidad corporativa para prevenir la corrupción. Ley N° 27.401” o la capacitación en similares términos que oportunamente se dicte en el Instituto Nacional de la Administración Pública, tras lo cual deberá adjuntar el certificado de realización.
El tribunal también ordenó “la restitución de la suma total de dinero detraído consistente en US$ 5.523.345 más los intereses devengados”. En tal sentido, De Vido y Baratta deberán responder de manera solidaria por U$S 731.744 y, junto a Dromi San Martino, por US$ 4.791.600.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre a las 13.30 horas.
El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al escuchar su condena a 4 años de prisión en la causa Gas Natural Licuado. Foto: captura de Zoom
El alegato fiscal
En su alegato de agosto pasado, la fiscal general León había solicitado condenas de hasta 4 años y 8 meses por considerar que los imputados “delinquieron con plena conciencia de su rol institucional, y en abuso de su posición pública y del vínculo con esa posición”.
Ello, por cuanto los funcionarios no desarrollaron un procedimiento competitivo de licitaciones -en contradicción a los principios de transparencia, eficiencia y publicidad previstos en las Leyes 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.188 de Ética en la Función Pública, y en los Decretos 1023/01 y 436/00), delegaron irregularmente la gestión operativa en la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), e inobservaron su deber de dictar un reglamento interno de contrataciones -que creó una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos-.
En su alegato la fiscalía también había señalado que, en el caso, se verificó "un esquema de contratación fraudulenta en el que se pagaron más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin antecedentes técnicos, con beneficio directo para particulares allegados a ellos”.
El caso: En el debate, que comenzó el 18 de marzo pasado, se analizaron los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, y junto al fallecido juez Claudio Bonadio.
La investigación había comenzado por las denuncias -presentadas en septiembre y octubre de 2014- por el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, el presidente de la ONG “Paso por Paso Argentina”, y los entonces diputados nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo, por posibles irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y ENARSA, vinculadas a la adquisición e importación de 11 cargamentos de gas natural licuado, en el marco del “Programa Energía Total”, que había sido creado en julio de 2007 para afrontar la situación energética, a través de la sustitución del consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos.
Además, también se imputó a Dromi San Martino, y a su padre, José Roberto Dromi, haber intervenido en la maniobra como intermediarios de ENARSA y las empresas proveedoras de GNL, Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa, lo que incidió en el precio abonado por los cargamentos de gas.
Cabe destacar que, por los hechos, también fueron requeridos a juicio Exequiel Omar Espinosa y José Roberto Dromi, presidentes, respectivamente- de la firma Energía Argentina S.A. (ENARSA), y de Dromi San Martino Consultores (DYSAN), pero ambos fallecieron antes el inicio del debate oral.
Por Fiscales.gob.ar
Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.
El exmagistrado federal, en prisión domiciliaria desde mayo pasado e investigado por varios delitos, afronta ahora una acusación por cobrar como dádivas más de 5 millones de pesos en alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia (Santa Cruz) a través de una mutual que pertenece al financista rosarino Fernando Whpei, también detenido y acusado de extorsión y por impulsar denuncias falsas en coordinación con el extitular del Juzgado Federal N°4.
Entre 2021 y 2023 cometieron al menos tres secuestros -dos consumados y otro en grado de tentativa- con víctimas de alto perfil económico por quienes pidieron y cobraron rescates elevados. En todos los casos fueron liberadas a salvo. Realizaban tareas de inteligencia, alquilaban casas para el cautiverio y usaban vehículos con patentes cambiadas y teléfonos analógicos para evitar rastreos. Los fiscales indicaron que la organización planificó y ejecutó los hechos con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”.
Ernesto “El Bicho” Álvarez había sido condenado en un fallo unánime dictado en abril pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, que lo halló responsable de idear y ejecutar a través de otras personas un plan criminal alevoso para matar a Erica Ávalos, una joven asesinada de 17 disparos en 2022 en Firmat, provincia de Santa Fe.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rufinenses. Además, al imputado también se le atribuyó haber agredido físicamente al padre de la víctima.
Jonatan Lionel G. fue detenido la semana pasada mientras deambulaba en un parque de la zona ribereña central. Lo acusan de almacenar y fraccionar estupefacientes en su vivienda para luego venderlos en distintas zonas. Era parte de la estructura que comandaba Guido Rinaldi, condenado el mes pasado a 6 años de prisión.
Se emitieron tres dictámenes. La norma, que cuenta con media sanción del Senado, quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a nuestro país con la calificación TIER ONE en el TIP Report 2025.
Un día como hoy, pero de 1975, Francisco Franco habla en público por última vez. El dictador español se dirige a sus fieles en un acto en Madrid convocado en apoyo al régimen mientras el resto del mundo repudia el fusilamiento de cinco presos políticos. Morirá cincuenta días más tarde. Ese mismo día, en la capital española, son asesinados cuatro policías por una pequeña organización: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).
Investigan si le facilitó anestésicos a un joven que murió en 2023.
Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.
