Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.
Judiciales01/10/2025
Daniel Espinoza
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal condenó hoy al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación, Julio de Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera y titular de la Unidad Ejecutora del Programa de Energía Total, Roberto Baratta (52), y al exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino (51) por su intervención en las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares.
En el debate intervino la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, Fabiana León junto al auxiliar fiscal Nicolás Codromaz.
En su veredicto, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, consideraron a De Vido y Baratta como coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública y les impuso penas de 4 años y 3 años y 6 meses, respectivamente, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
Por su parte, Dromi San Martino fue condenado como partícipe necesario de ese delito, a la pena de 3 años de prisión, de cumplimiento en suspenso y costas. Además, deberá fijar residencia, someterse a la supervisión de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal (Delegación San Martin) y realizar el curso “Lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado. Aspectos esenciales de la responsabilidad corporativa para prevenir la corrupción. Ley N° 27.401” o la capacitación en similares términos que oportunamente se dicte en el Instituto Nacional de la Administración Pública, tras lo cual deberá adjuntar el certificado de realización.
El tribunal también ordenó “la restitución de la suma total de dinero detraído consistente en US$ 5.523.345 más los intereses devengados”. En tal sentido, De Vido y Baratta deberán responder de manera solidaria por U$S 731.744 y, junto a Dromi San Martino, por US$ 4.791.600.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre a las 13.30 horas.
El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al escuchar su condena a 4 años de prisión en la causa Gas Natural Licuado. Foto: captura de Zoom
El alegato fiscal
En su alegato de agosto pasado, la fiscal general León había solicitado condenas de hasta 4 años y 8 meses por considerar que los imputados “delinquieron con plena conciencia de su rol institucional, y en abuso de su posición pública y del vínculo con esa posición”.
Ello, por cuanto los funcionarios no desarrollaron un procedimiento competitivo de licitaciones -en contradicción a los principios de transparencia, eficiencia y publicidad previstos en las Leyes 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.188 de Ética en la Función Pública, y en los Decretos 1023/01 y 436/00), delegaron irregularmente la gestión operativa en la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), e inobservaron su deber de dictar un reglamento interno de contrataciones -que creó una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos-.
En su alegato la fiscalía también había señalado que, en el caso, se verificó "un esquema de contratación fraudulenta en el que se pagaron más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin antecedentes técnicos, con beneficio directo para particulares allegados a ellos”.
El caso: En el debate, que comenzó el 18 de marzo pasado, se analizaron los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, y junto al fallecido juez Claudio Bonadio.
La investigación había comenzado por las denuncias -presentadas en septiembre y octubre de 2014- por el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, el presidente de la ONG “Paso por Paso Argentina”, y los entonces diputados nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo, por posibles irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y ENARSA, vinculadas a la adquisición e importación de 11 cargamentos de gas natural licuado, en el marco del “Programa Energía Total”, que había sido creado en julio de 2007 para afrontar la situación energética, a través de la sustitución del consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos.
Además, también se imputó a Dromi San Martino, y a su padre, José Roberto Dromi, haber intervenido en la maniobra como intermediarios de ENARSA y las empresas proveedoras de GNL, Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa, lo que incidió en el precio abonado por los cargamentos de gas.
Cabe destacar que, por los hechos, también fueron requeridos a juicio Exequiel Omar Espinosa y José Roberto Dromi, presidentes, respectivamente- de la firma Energía Argentina S.A. (ENARSA), y de Dromi San Martino Consultores (DYSAN), pero ambos fallecieron antes el inicio del debate oral.
Por Fiscales.gob.ar
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.
Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
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En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país, la Gendarmería Nacional Argentina, desarticuló una operación transnacional tras el hallazgo de una avioneta siniestrada y la detención de Brian “Barba” Bilbao, uno de los capos narcos rosarinos más buscados de la Argentina.
Un estudio de científicos del CONICET y la UBA mostró que el cáncer tiene más prevalencia y mortalidad en las especies con mayor grado de competencia intraespecífica en comparación con aquellas con un estilo de vida considerado cooperativo. El trabajo fue publicado en la revista Science Advances.
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