Al comienzo de la jornada, la titular de la Comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos) recordó algunos de los puntos destacados de la reunión anterior, como “la incorporación de la desconexión digital, la necesidad de una aplicación progresiva en el tiempo y la discusión de las diferentes realidades laborales en la Argentina”.

Durante las exposiciones, Héctor Daer, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Secretario General de FATSA, comparó la situación argentina según un informe de la OCDE y dijo que “estamos afuera del mapa” en relación a la reducción de la jornada laboral.

“Pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en la cena familiar y no sólo tenemos la jornada laboral, sino que en muchos casos tenemos el viaje de ida y de vuelta”, agregó Daer. “Es fundamental no sólo la reducción de la jornada, sino debatir también la distribución de la jornada. Hay que establecer claramente una jornada mínima y plazos para su adecuación”, dijo.

“Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental hacia la reducción de horas”, reclamó el Secretario General de la CGT, quien hizo un balance de la situación laboral, al afirmar que “tenemos los salarios por el piso y los peores salarios determinados en dólares”.

Por su parte, Mario Paco Manrique, Secretario Gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Secretario Adjunto del SMATA, dijo que “se trata de mejorarle la calidad de vida a las personas: la reducción de la jornada laboral significa darle una mejor calidad integral a la sociedad, a la familia”.

“No son medidas electoralistas, son los momentos que vive Argentina, que necesita dar pasos hacia adelante para poder dar empleo a millones que hoy no tienen la posibilidad”, añadió.

Asimismo, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, pidió “pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo y remunerado y el trabajo reproductivo y el de cuidado de la vida”.

“Las mujeres trabajamos seis horas y media por día en trabajo no remunerado, el 75% del trabajo no remunerado lo hacemos las mujeres. Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, añadió.

Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, consideró que “no parece adecuado el momento en que se ha decidido avanzar en este complejo tema, el país atraviesa una innegable crisis económica, con casi el 40% de empleo informal”. “No parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos, sin las debidas consultas y los análisis técnicos y económicos necesarios”, aseveró.

Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó que “no sería aconsejable dictar este tipo de normas, si bien las intenciones son muy buenas, en estas condiciones actuales en las que se encuentra Argentina”.

Juan Pablo Diab, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coincidió que “no vemos que sea el momento para discutir esto”. “En la PYME no se habla de ganancia o utilidad, se habla de subsistencia el día de hoy, con lo cual entendemos que no es el momento oportuno de proyectos de este estilo”, afirmó.

De igual modo, expusieron Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP); y Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado mandato cumplido y consejero de la Magistratura.

También dieron su opinión sobre los proyectos Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR; Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba; Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino; Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA).